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La ayuda en casa a 10.000 dependientes de la Comunidad de Madrid, en el aire

El concurso abierto a empresas para gestionar este servicio público ha quedado desierto porque no se ha presentado nadie

El presupuesto roza los 132 millones de euros para dos años, del que resulta un "precio por hora deficitario", según fuentes del sector

La Comunidad de Madrid ha tenido que aprobar una prórroga de urgencia de cuatro meses con la empresa actual hasta que saque un nuevo proceso

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Una persona mayor realizando una actividad con una bola. / Stocksnap - Pixabay

Nadie quiere hacerse cargo de ayudar en casa a los dependientes de la Comunidad de Madrid. / Stocksnap - Pixabay

Nadie quiere hacerse cargo de la ayuda a domicilio para personas dependientes de la Comunidad de Madrid. Ninguna empresa se ha presentado al concurso para gestionar este servicio público con cada vez más solicitantes, que se declaró desierto el pasado 8 de noviembre. La compañía que ha tenido la concesión desde 2014, Quavitae, no ha vuelto a concurrir y tampoco otra empresa, Seralia, que se encargó del servicio pero renunció a él en una de las prórrogas hace unos meses y la primera lo asumió. 

Como solución de emergencia se ha prorrogado durante cuatro meses extra la concesión a Quavitae hasta que inicien un nuevo concurso, explican desde la Consejería de Políticas Sociales. Aseguran que no se dejará a ninguno de los 10.000 usuarios del servicio más demandado de la Comunidad de Madrid "desprotegidos". 

El presupuesto que da el Gobierno regional a estas empresas, en cuyas manos pone el servicio de asistir en casa a personas con dependencia reconocida, roza los 132 millones de euros para dos años, distribuidos en dos lotes: el primero, valorado en 60,2 millones y que presta el servicio en el norte y el sur de la región; y el segundo, con 71,8 millones, al que corresponden las zonas este y oeste. 

Esta cuantía es superior a la que se consignó en el anterior concurso, con fecha de 2014, aunque las cifras no son directamente comparables porque este primer presupuesto se fijó para un periodo distinto de tiempo y se ha ido prorrogando desde 2016 varias veces por año.

Lo que sí es comparable es cómo se paga el precio por hora. Según los pliegos, en 2014 era de 14 euros, mientras que en 2017 se ha fijado en 15,3 euros. Si es en festivo, se compensa mejor: con 16,9 euros frente a los 15,92 y 14,54 (según el lote) euros que fijó la Consejería de Políticas Sociales hace tres años.

"Precio por hora deficitario"

Fuentes del sector consultadas por eldiario.es aseguran que detrás de la renuncia de las empresas a seguir gestionando el servicio está "un precio por hora deficitario". "El presupuesto ha ido aumentando porque cada vez hay más personas que necesitan este servicio pero con lo que ofrecen va muy justo para prestarlo. No sale rentable", dicen las mismas fuentes, que hablan de un tercer factor desfavorable para las empresas: la subida de salarios marcada por convenio.

La Consejería de Políticas Sociales responde que "los intereses empresariales legítimos" que mueven a las empresas no se corresponden "necesariamente con el interés público, que no es otro que actuar en términos de rentabilidad social". "El interés de los ciudadanos y la continuidad de los servicios que reciben está por encima de cualquier consideración", añaden. 

En previsión del periodo tan corto en el que está asegurado la cobertura del servicio (cuatro meses), la  administración regional "ha iniciado un nuevo procedimiento que se hará público cuando se cumplan las exigencias legales de información y aprobación del proyecto y su correspondiente gasto". Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales justifican que la situación, que ha obligado a estirar un contrato pese a que ninguna empresa quiere hacerse cargo, "no puede calificarse de anormal" y no aporta información sobre si aumentará el presupuesto para evitar que se repita el escenario. 

Sobre la anterior renuncia de Seralia a continuar con las prórrogas este año, la Comunidad de Madrid replica que "no son obligatorias" y señala "que cuando concurrió a la licitación lo hizo por un precio que sabía que no existía la posibilidad de revisarse". 

En qué consiste el servicio

En los pliegos para este servicio, como en la mayoría de la Comunidad de Madrid, gana muchos puntos (70 de 100) la candidata que se presenta con una oferta económica más baja. Es decir, la que se haga cargo por menos dinero. De manera que el presupuesto base fijado por la Consejería de Políticas Sociales termina menguando. 

¿Y de qué se ocupan exactamente las empresas? Al servicio regional de ayuda a domicilio tienen derecho las personas de la Comunidad de Madrid que tengan reconocida su situación de dependencia. El número de horas depende del grado: entre 46 y 70 horas al mes si el nivel de dependencia es máximo, entre 21 y 45 si es severo y un máximo de 20 en casos moderados. También existe una modalidad "no intensiva" que comprende una menor frecuencia: hasta 35 horas mensuales para los grandes dependientes y 15 para los que tienen reconocido un grado II (severo). 

Los trabajadores y trabajadoras se encargan de la "atención personal" y también de la "atención de las necesidades domésticas y del hogar", según figura en el pliego de prescripciones técnicas. Entre esas tareas están, entre otras, el "apoyo en la higiene personal", la "ayuda para los usuarios que no puedan comer por sí mismos", "compañía, tanto en el domicilio como fuera de él para evitar situaciones de soledad y aislamiento", "facilitación de actividades de ocio en el domicilio" y "acompañamiento en la realización de gestiones como visitas médicas o tramitación de documentos". 

En la Comunidad de Madrid hay, según datos aportados por el Gobierno regional, 115.000 personas dependientes que reciben algún tipo de prestación o recurso. 33.323 cuentan con ayuda a domicilio, bien prestada por el Ayuntamiento o bien por la Comunidad. Los 10.000 que dependen del Gobierno regional no saben a partir de enero quién irá a su casa. 

*Nota: el texto incluía en una primera versión que el número de dependientes afectados era de 33.000, la cifra aportada inicialmente por la Consejería de Políticas Sociales que, tras la publicación de este artículo, ha matizado que solo 10.000 de ellos están atendidos por la Comunidad de Madrid. El resto, por el mismo servicio pero gestionado por el Ayuntamiento.  

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