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Los concejales de Ahora Madrid, tras declarar por el Open de Tenis: "Hemos aclarado que el proceso ha sido legal"

Los delegados de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla por el caso Open de Tenis

Los ediles fueron citados tras una querella del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación

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Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla / F.C.

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla / F.C.

Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han declarado este lunes ante la jueza de instrucción Teresa Abad Arranz por el caso Open de Tenis. En declaraciones a la prensa a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, los ediles han manifestado que han "podido aclarar que el procedimiento ha sido legal". "Confiamos en que la jueza archive pronto", ha señalado Mayer.

La magistrada los citó después de admitir a trámite una querella del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que les acusa de varios delitos (prevaricación, delito societario y malversación de caudales públicos) por encargar informes a servicios jurídicos externos cuyo resultado llevaron a la Fiscalía para denunciar posibles irregularidades en la contratación del torneo.

La concejala de Políticas de Género y Diversidad ha asegurado que también se han podido aclarar ante la jueza el importe de esos informes. Según ha explicado Celia Mayer, fueron dos informes por un valor de 24.000 y 26.000 euros, a diferencia de lo que manifestó el Partido Popular que les acusó de haber pagado 100.000 euros.

Los ediles, que no han hecho declaraciones a la prensa antes de entrar, han prestado declaración durante dos horas en los juzgados de Plaza de Castilla. Mayer ha respondido a las preguntas de la magistrada, de sus abogados y de los letrados del PP; mientras que Sánchez Mato solo ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por los abogados porque la jueza no le ha interrogado. Ni uno ni otro han sido preguntados por la Fiscalía en la vista.  Transparencia y Justicia, la asociación vinculada al excomisario Villarejo y personada en la causa como acusación popular, no se ha presentado.

El delegado de Economía y Hacienda ha acusado al PP de presentar una "querella política", como demuestra, ha dicho Sánchez Mato, que los abogados de la acusación no hayan hecho preguntas basadas en el caso. "Las preguntas ni siquiera en versado sobre el contenido de la querella y la juez ha tenido que aclarar en varias ocasiones que no tenían lugar", ha asegurado el concejal.

Tras esta declaración, el siguiente paso es que la jueza decida si archiva la causa, llama a declarar a nuevos testigos o imputa formalmente a los delegados de Economía y Políticas de Género del Ayuntamiento de Madrid, lo que complicaría políticamente su situación ya que ambos han sido reprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y el Código Ético de Ahora Madrid recoge que cualquier cargo público imputado por un delito de corrupción debe dimitir.

Los concejales de Ahora Madrid Rommy Arce, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez han acudido a los juzgados para apoyar a sus compañeros antes de la declaración. Con ellos se ha visto también a la coportavoz de IU Madrid Sol Sánchez. En las redes, otros concejales están respaldándoles bajo el hashtag #QuerellasdeHumo, que ya es trending topic.

La querella del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Almeida a la cabeza,  parte de una denuncia previa de los ediles y la entonces Consejera Delegada de Madrid Destino, Ana Varela, ante la Fiscalía Anticorrupción  por los contratos entre el Gobierno de Alberto Ruiz Galardón y la empresa que gestiona el Open de Tenis.

Esta denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación –lo suscrito por el Ayuntamiento con la empresa MTP multiplica por cinco para 2017 la contraprestación por la celebración del torneo respecto a 2001– se basan en unos informes encargados por los dos ediles a unos servicios externos después de que la asesoría jurídica municipal se negara a hacer un informe sobre la cuestión, según desveló eldiario.es. 

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