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Los empleados públicos de la AGE en Cantabria se redujeron en los últimos cinco años un 7,2%, según denuncia CC.OO

Los empleados públicos de la AGE en Cantabria se redujeron en los últimos cinco años un 7,2%, según denuncia CC.OO

EUROPA PRESS

SANTANDER —

El número de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria se redujo un 7,2 por ciento entre enero de 2011 y el mismo mes de 2016, un descenso casi seis puntos porcentuales inferior al registrado de media nacional.

En este periodo, se ha pasado de los 2.400 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) que había en Cantabria en enero de 2011 a los 2.227 del mismo mes de 2016, lo que suponen 173 menos, según un informe de CC.OO elaborado, según han señalado, con datos de la propia Administración.

De los 2.227 empleados públicos de la AGE que hay en Cantabria, 1.672 son funcionarios --181 menos que en enero de 2011, lo que supone una reducción del 9,77%--; 527 son personal laboral (22 más, lo que significa un crecimiento del 4,36%) y 28 son de otro tipo (14 menos).

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO Cantabria, Javier Báscones; el secretario general de la sección de CC.OO de la AGE, José Manuel Vega, y la responsable de AGE de CC.OO Cantabria, Carolina Hernáiz, han presentado este miércoles en rueda de prensa en Santander la 'Cartografía de los recortes en la AGE', editado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO a nivel nacional.

CONCLUSIONES DEL INFORME

El informe --que aporta datos hasta enero de 2015 y que, posteriormente, el sindicato ha complementado con los del mismo mes de 2016-- señala el impacto que las “políticas de recorte en el gasto público” desarrolladas, según señala el sindicato, por el Gobierno del Estado ha tenido en la Administración General del Estado, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento y la atención a los derechos de la ciudadanía, como en lo que se refiere a las condiciones de trabajo de su personal.

El documento advierte de que la “destrucción” de empleo público en la AGE, casi 30.000 puestos de trabajo en el conjunto de España, entre enero de 2011 y enero de 2016-- está colocando “a buena parte” de los servicios públicos que debe prestar “al borde del colapso”.

Por otra parte, otra de las conclusiones del informe es el incremento de las tasas de temporalidad, que ronda el 6% en una Administración donde, según la Ley de Presupuestos, está “prohibido” contratar personal temporal salvo “supuestos excepcionales”.

Vera ha destacado el volumen de temporalidad que se concentra en los departamentos del Ministerio de Economía y Competitividad y en el de Empelo y Seguridad Social, producido sobre todo en aquellos ámbitos en los que se ha podido “eludir” las restricciones que sobre incorporación de efectivos de carácter temporal impone la Ley de Presupuestos.

Además, el informe de CC.OO denuncia también que la “discreccionalidad” se impone frente a los requisitos de “igualdad”, “mérito” y “capacidad”, sobre todo en lo relativo a la promoción interna, la ocupación de puestos de trabajo o la asignación de retribuciones complementarias.

También este documento cuestiona la igualdad efectiva de género en la AGE puesto que señala, que, mientras que en el conjunto de dicha Administración hay más mujeres (52,48%) que hombres (47,52%), la presencia de éstas en los niveles más altos va disminuyéndose y es, según el informe, “minoritario” en las escalas superiores.

A modo de resumen, el secretario general de la FSC de CC.OO en Cantabria, Javier Báscones, ha señalado que el porcentaje de empleados públicos de la AGE se ha reducido un 10% durante la crisis; éstos han perdido un 20% de poder adquisitivo, y el recorte en los servicios a la sociedad ha sido del 30%.

Los representantes del sindicato presentarán este informe este jueves a representantes de los grupos políticos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Según el mismo, Cantabria era la tercera comunidad autónoma con menos empleados públicos de la AGE, solo por delante de Navarra (1.099, en el año 2015) y La Rioja (1.176 en ese mismo año) y de las ciudades autónomas de Ceuta (1.108) y Melilla (1.259).

En la comunidad autónoma, del total de empleados públicos de las distintas Administraciones, menos del 7% son de la AGE, lo que supone un peso inferior al que tienen de media en el conjunto del país, donde superan el 8%.

DEMANDAS DE CC.OO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

A la vista del informe, CC.OO reclama a los partidos políticos un “compromiso con el empleo público” para que entiendan éste como “objetivo político básico frente a los procesos de privatización y deterioro de los servicios”

Así, se pide la convocatoria de una oferta de empleo público “extraordinaria” que permita, “como mínimo, la cobertura de todos los puestos de trabajo de carácter estructural atendidos con personal laboral”.

Y es que, para CC.OO, según ha explicado Vera, la reducción de empleados públicos en la AGE no se produce porque no sean necesarios, sino por las privatizaciones de servicios que, según señalan, está llevando a cabo el Ejecutivo.

“El Gobierno apuesta por un modelo distinto de Administración Pública del que recoge nuestra Constitución”, ha denunciado el sindicalista.

CC.OO, que insiste en que hay “importantes necesidades de personal para atender los servicios públicos encomendados a la AGE”, insta a que partidos políticos a sentarse junto a los sindicatos a elaborar un “diagnóstico” de la situación que permita fijar, en el futuro inmediato, las ofertas de empleo y los flujos de personal mediante la movilidad y la promoción interna en relación a las necesidades que se detecten y con el objetivo de garantizar una adecuuada prestación de servicios.

Además, por otra parte, se reclama el abordaje “de manera real” del proceso de modernización de la AGE a través del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, una norma aprobada en 2007 consensuada con la representación sindical de la Administración-- que fue, según denuncia CC.OO, “eliminada de forma unilateral” por el Gobierno del PP al aprobar el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de dicho Estatuto.

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