¿Traductor? sí claro, pero cualificado y bien pagado, ¡por favor!
Esa imagen de un extranjero en una celda policial atendiendo a un agente que le habla pero al que no entiende o que le enseña un escrito de acusación en un idioma ininteligible para él puede ser pronto cosa del pasado. La Unión Europea ha elaborado una directiva comunitaria que puede acabar revolucionando el mundo de los traductores y los intérpretes en el ámbito penal. A partir del próximo mes de octubre, fecha oficial de la entrada en vigor de la nueva norma europea, los extranjeros que sean detenidos y no conozcan el castellano van a poder beneficiarse “sin demora” de intérpretes durante el interrogatorio policial, en todas la vistas judiciales y en las audiencias intermedias que sean necesarias desde la detención hasta la condena. Asimismo, las personas arrestadas y encausadas podrán obtener “en un plazo razonable” la traducción escrita de todos los documentos que resulten “esenciales” para garantizar plenamente el derecho a la defensa, incluidas las órdenes de detención europeas.
Esto significa que sus abogados no sólo podrán exigir los escritos de acusacion y la sentencia, tambien podrán requerir cualquier otro documento que consideren esencial, aunque las “autoridades competentes” deberán aprobarlo. Las resoluciones contrarias a estos requerimientos podrán se recurridas. La normativa obligará, además, a las autoridades a asegurarse de la calidad del material suministrado con el fin de salvaguardar la equidad del proceso. No va a valer cualquier traducción. Las garantías alcanzan incluso a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. En ambos casos, tendrán garantizado el derecho de interpretación como el resto de los extranjeros inmersos en una causa penal. En determinadas ocasiones, y siempre como excepción a la norma general, se podrán facilitar traducciones o resúmenes orales de los documentos esenciales. La directiva incluye las nuevas tecnologías de la comunicación y abre la puerta al uso de videoconferencia o Internet, salvo que la presencia física del interprete sea necesaria para asegurar la equidad del proceso.
¿Y cuál es la forma que la UE considera más idónea para aplicar esta normativa tan garantista? “La directiva considera que para dar un servicio de calidad lo conveniente es establecer un registro de traductores e intérpretes independientes y debidamente cualificados”. Quien contesta a la pregunta es Juan Miguel Ortega Herráez. Ortega lo ha sido todo en el mundo de la traducción. Conoce la realidad sobre el terreno porque ha trabajado como intérprete en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es profesor en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante y, además, ahora preside la Asociación profesional de traductores e intérpretes judiciales y jurados (APTIJ).
Otro de los puntos fundamentales de la aplicación de esta directiva tiene que ver con las partidas presupuestarias para pagar los nuevos servicios de traducción y de intérpretes que tendrán que habilitarse. La directiva deja claro que son los Estados miembros los que “sufragarán los costes de traducción e interpretación” -muchos de ellos novedosos, aunque otros ya están vigentes- que implica la aplicación de la norma comunitaria. La estructura del gasto en esta materia en España tiene varias derivadas: por una parte está el presupuesto que corre a cargo del Ministerio de Justicia, el que corresponde a las comunidades autónomas con competencias -como es el caso de Euskadi- los convenios que se firman con la Guardia Civil, el CNP, las policías autonómicas, más el gasto del personal en plantilla dedicado a este cometido. “Solo la Policía española, en el último convenio, ha gastado 11 millones de euros”, cifra el profesor Ortega. “El problema”, añade, “es que cada licitación, algunas plurianuales, se convoca en momentos distintos y es difícil tener información actualizada del gasto anual real”.
Más de 44 millones de previsión de gasto
Las previsiones de la UE para cada Estado miembro varían mucho. Para el caso de España, un informe de trabajo de la Comisión europea al que ha tenido acceso este periódico cifra el nuevo gasto en 44,2 millones de euros anuales: 24,8 millones para las traducciones -el segundo más alto de la UE solo por detrás del Reino Unido con 28,7 millones de euros- y otros 19,4 millones para la contratación de lo servicios de intérpretación (Reino Unido gastará 37,5 millones de libras en este caso. Pero puede que se queden cortas. “No confío mucho en estas cifras, la metodología empleada para hacer esas previsiones no es la correcta y, además, no creo que hayan analizado lo que ya se está gastando”, apunta Ortega, que opina que el gasto será previsiblemente mayor.
En ese mismo informe, se cifraba el número de procedimientos penales en España en 936.789, de los que en 97.426 casos están involucrado ciudadanos extranjeros. Son datos desfasados (de 2007) y presumiblemente las estadísticas actuales se sitúan por encima de estos niveles de procedimientos criminales. En toda la UE, si tomamos el total de procedimientos penales abiertos, la media revela que en los estados miembros el 10% de estos procedimientos son cometidos por no nacionales.
Las principales asociaciones de traductores e intérpretes de España llevan trabajando en la aplicación de la directiva desde que se aprobó, hace ya más de dos años y medio. En junio pasado, durante la reunión anual de las asociaciones integradas en la Red Vértice -que agrupa a las principales asociaciones del sector- se respaldó una propuesta de la Asociación profesional de traductores e intérpretes judiciales y jurados (APTIJ) para conseguir que la nueva normativa europea sirva para cambiar el modelo actual.
“El sistema actual de subcontratación y externalización de los servicios de traducción e interpretación ha ido en detrimento de la calidad del servicio” se afirma en el documento, que ha sido remitido al Ministerio de Justicia. Entre los traductores las quejas son múltiples. “Se licita a las empresas privadas por 40 ó 50 euros la hora de traducción, pero a nosotros nos llegan solo 10 euros. Se cobra tarde y cada vez menos”, censuran los que se calzan las botas de traductor en el día a día. El problema es que con la subcontratación, las empresas persiguen obtener el máximo de beneficio. Con este sistema, según denuncian las asociaciones en el documento, algunas empresas han “aprovechado las lagunas legales para contratar a personas inexpertas dispuestas a realizar estas tareas por una fracción de lo que cobra un intérprete o traductor profesional”.
El objetivo sería crear una Oficina de Traducción e Interpretación, dependiente del Ministerio de Justicia, para que gestione directamente el servicio a través de un Instituto de Servicios de Traducción e Interpretación. En ese sentido, el registro de profesionales “independientes y cualificados” que recoge la nueva directiva encaja a la perfección con esta petición. No fijan si el instituto debe tener una naturaleza pública o privada, pero sí consideran “esencial” la ausencia del ánimo de lucro para “evitar situaciones como las actuales”. Las asociaciones piden también una regulación para establecer un control de los requisitos profesionales de los intérpretes y traductores judiciales, para evitar el instrusismo y la degradación del servicio.
Estos grupos han enviado sus peticiones al Ministerio de Justicia, que de momento no ha emitido muchas señales en torno a este asunto. Y también se han entrevistado con el vocal dedicado a las relaciones internacionales dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el progresista Miguel Carmona, para explicar la directiva comunitaria y las posibilidades que se abren con su aplicación. El encuentro tuvo lugar el pasado 11 de febrero y del mismo ha sido informada la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. El mundo universitario también se ha interesado por el tema. En la Universitat Jaume I de Castellón, la profesora María Jesús Blasco Mayor coordina un grupo de trabajo que involucra a todas las universidades que imparten estudios de traducción con vistas a la transposición de la directiva.
¿Y qué han hecho las autoridades españolas? Mientras en países como Francia ya se está debatiendo en la Asamblea Nacional la transposición de la directiva, y estados miembros como Holanda y Alemania se han puesto a la tarea, “aquí no se ha adecuado aun la legislación española a la normativa comunitaria”, que es de obligado cumplimiento a partir del 27 de octubre próximo, recuerda el profesor y presidente de APTIJ, Juan Miguel Ortega. Europa da normalmente dos años para la transposición de sus directivas. En este caso, dada la complejidad y casuística diferenciada de cada Estado, se ha ampliado a tres. Pero el tiempo corre y el otoño está casi llamando a la puerta. Como los traductores e intérpretes, que esperan que la directiva sirva para dignificar su profesión. O el extranjero de la imagen inicial de este reportaje en la celda policíal, que quiere saber de qué se le acusa y aspira a un proceso con todas las garantías que marca la ley.
