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“Las eléctricas han doblegado a los políticos para que Garoña siga abierta”

La ‘Plataforma Araba sin Garoña’ y los partidos vascos critican al Gobierno al que acusan de aprobar la prórroga por una cuestión ideológica, sin tener en cuenta los principios de seguridad. 

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Concentración de la 'Plataforma Araba sin Garoña', en el centro de Vitoria.

Concentración de la 'Plataforma Araba sin Garoña', en el centro de Vitoria.

La “Plataforma Araba sin Garoña”, que aglutina a más de 400 organizaciones sociales, sindicales y políticas del territorio, se ha echado a la calle para protestar contra la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de dar el visto bueno a que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España y similar a la de Fukushima, continúe un año más abierta. ”. La condición que ha puesto el CSN es que Nuclenor, dueña de la central nuclear no introduzca combustible en el reactor y mantenga la central en parada segura. Las organizaciones que integran la Plataforma han acusado a los políticos, especialmente al Gobierno y a CiU (uno de sus consejeros en el CSN votó a favor de la prórroga), de “doblegarse  a los intereses de las empresas eléctricas (Iberdrola y Endesa) para que Garoña siga abierta”.

El próximo seis de julio expiraba el permiso para que Garoña siguiera activa Incluso los técnicos del CSN estaban trabajando en su desmantelamiento. Sorpresivamente, la central podrá seguir en activo un año más aunque sin producir electricidad. Cientos de personas convocadas por la Plataforma se han concentrado en la Plaza de la Provincia, en el centro de Vitoria, para protestar contra la decisión. Al grito de ¡Garoña ni de coña! o ¡Los neutrones para los Borbones!, los concentrados han expresado su disgusto por la situación. Alberto Frías, portavoz de la Plataforma, culpó, entre otros, al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, como consejero de Endesa (una de las dueñas de Nuclenor), de la situación que se ha creado. “Aznar cobra más de 200.000 euros como consejero de Endesa y es un claro ejemplo de la práctica de los políticos de buscar acomodo en los consejos de las eléctricas cuando dejan la política”.

Frías destacó que “el oligopolio eléctrico” ha colocado al poder político a sus pies y pidió a la Fiscalía que investigue los indicios que apuntan a “un posible delito de prevaricación” por parte del Gobierno, al aprobar una decisión a sabiendas de que no es justa. A partir de ahora, la Plataforma se va a centrar en diseñar una estrategia que movilice a toda la sociedad y que lleve al definitivo cierre de la central.

Por su parte, los partidos políticos vascos han salido en tromba contra la decisión de mantener la vida de la central. Todos, menos el PP, que optó por contemporizar al asegurar que se ha atendido “a lo que dicen los informes de los técnicos”.

En cambio, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, señaló que “hay que decir basta ya”. “Se ha tomado una decisión ideológica, sin tener en cuenta los principios de seguridad”. Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Juanjo Agirrezabala, ha recalcado que han primado “los intereses del 'lobby' energético por encima de los de la ciudadanía”.

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha puesto "sobre sospecha" la legalidad de la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear y apuntó a presiones por parte de intereses “muy bastardos”  de las compañías eléctricas. “Se ha tomado una decisión que tiene poco que ver con el interés público. Esta decisión debería ser recurrida por ilegal porque los plazos han vencido y se había desistido de la renovación”.

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