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150.000 vascos no pueden poner la calefacción por falta de dinero

El drama de la pobreza energética afecta ya al 7,3% de los hogares de Euskadi, pero el Gobierno vasco sigue sin una estrategia definida para luchar contra ella

El Ararteko apremia a aprobar una estrategia integral para abordar la problemática porque se trata de “una prioridad política y social”

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Entre 100 y 300 personas fallecieron en Canarias de 1996 a 2011 debido a la pobreza energética.

La pobreza energética afecta cada vez a más vascos.

“A medida que avanza la primavera y van subiendo las temperaturas, podría parecer que el problema de la pobreza energética va perdiendo su vigencia o, al menos, su prioridad política y social. Pero se trata de una preocupación ineludible de la agenda política vasca”. Al menos así lo considera el ‘ararteko’ Manuel Lezertua, quien ha convertido e l drama de la pobreza energética en un debate casi recurrente para que no caiga en el olvido.   

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha confirmado recientemente la necesidad del debate. En su tercer estudio sobre esta materia, de abril 2016, Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética con nuevos enfoques de análisis sobre esta cuestión, la ACA señala que el 7,3% de los hogares vascos (150.000 personas) se declara "incapaz" de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Eso significa que estas estas familias apenas pueden encender la calefacción porque no tienen dinero para hacer frente al coste de la energía Y más del 11% de hogares (230.000 personas) padecen gastos energéticos desproporcionados, es decir, superiores al 10% de sus ingresos.

Frente a un problema que no deja de crecer, lo cierto es que Parlamento y Gobierno vascos no han sido capaces de definir la estrategia a seguir. El pasado mes de abril, toda la oposición exigió al Ejecutivo que actúe contra la pobreza energética mediante una estrategia integral. Algo que deberá hacer antes de que acabe la presente legislatura, en dos meses más o menos. El PNV, partido que gobierna, se quedó solo en su negativa. “Es imposible”, aseguró el parlamentario del PNV Javier Carro durante el debate  entre acusaciones del resto de los partidos de carecer de voluntad política para solventar el problema. “Voluntad política toda, pero no podemos engañar a la gente y decir que en dos meses vamos a tener todo”, replicó.

En los últimos años, el debate en el Parlamento ha sido habitual. Y el temor del Ararteko es que pase la primavera y el verano y las discusiones prosigan cuando se eche el invierno debido al “complicado y próximo calendario electoral”.  “La futura estrategia vasca en este ámbito será un complemento necesario y esperado de las medidas estructurales pioneras ya adoptadas por las autoridades vascas en el ámbito de las políticas sociales y de vivienda, que han reducido sensiblemente el impacto negativo en Euskadi de la crisis económica que desde 2008 afecta a todo nuestro continente. La primavera se convierte, por tanto, en momento propicio para continuar con el debate social sobre la pobreza energética en Euskadi, con el fin de ir configurando las medidas a incluir en nuestra estrategia, para reducir y paliar los efectos de este fenómeno, que afectará más crudamente cuando vuelva el invierno”.

Sentencia

El Defensor del Pueblo Vasco propugna la adopción de un plan de lucha contra la pobreza energética que defina la noción de vulnerabilidad, garantice el suministro energético a las personas en tal situación, establezca un deber de información adecuada a los consumidores y promueva  auditorías energéticas. Además, recomienda que en las ayudas públicas a la rehabilitación o eficiencia energéticas se tengan en cuenta, de modo prioritario, aquellos hogares afectados por la pobreza energética, y que se vinculen al impulso del ahorro energético.

Frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado algunos apartados de la ley catalana de garantía del suministro energético a los consumidores más vulnerables, el Ararteko apunta que la sentencia no cuestiona la constitucionalidad de otras medidas autonómicas destinadas a paliar la pobreza energética, como la definición de personas vulnerables, los mecanismos de intercambio de información entre empresas suministradoras y administraciones públicas, la imposición a las suministradoras del deber de informar adecuadamente sobre tarifas sociales u otras medidas que el legislador autonómico estime necesarias.

“No parecen existir obstáculos para que el Parlamento vasco establezca ayudas económicas para evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas en casos de vulnerabilidad”, recalca el Ararteko.

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