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Qué hacer para resolver la crisis de confianza de las instituciones

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La importancia de la confianza (y de los valores) como variable explicativa del desarrollo económico ha sido defendida por numerosos economistas profesionales. Cuando compramos un piso confiamos en que no habrá daños ocultos. Cuando compramos un coche confiamos en que cumplirá los criterios medioambientales que anuncian sus folletos de promoción. Cuando compramos acciones de una empresa confiamos en que los informes de auditoría y la valoración de las agencias de calificación reflejen la realidad del balance y cuenta de resultados de la compañía. Como sabemos que el factor humano interviene en todas las relaciones mercantiles, las economías desarrolladas se han dotado de un amplio abanico de instituciones que garantizan al ciudadano que los bancos, empresas y administraciones ajustan su comportamiento a la ley y las normas del estado de derecho.

Este es el sistema institucional que ha quebrado con la crisis. Y precisamente cuando la confianza en todo este entramado -que tanto ha costado forjar- se trunca, las decisiones de inversión y consumo se contraen y la evolución de la economía se resiente en términos de producción y empleo. Y faltaría por añadir que esta confianza y reputación de las instituciones es muy costosa de restablecer. Solo hace falta pensar en el Banco de España- uno de los bancos centrales con más prestigio del mundo antes de la crisis- y lo que le va a costar recuperar esta reputación.

Es algo que debiera haberse venido venir hace tiempo. Ya con la crisis de las burbujas.com a finales de los 90. En España muchos recordamos el caso de Terra. Terra salió a cotizar a 11,81€ por acción el 17 de noviembre de 1.999 y cerró ese mismo día a 37 euros por acción. En abril de 2.000 la acción de Terra alcanzó un máximo de 157,6 €. Una revalorización de más del 1.200 % en poco más de cinco meses. Una fiebre especulativa sin ningún fundamento económico real por detrás, basada en una hábil campaña de prestidigitación. La cotización pronto empezó a caer con la crisis de las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Esta historia comienza su fin en mayo de 2003 cuando Telefónica realiza una OPA por la compañía a 5,25 € por acción y finalmente acaba cuando decide, en julio de 2005, fusionarla con una operación de canje de acciones a razón de dos títulos de la matriz por nueve de la filial.

Al hilo de la burbuja tecnológica en aquellos años también surge otro escándalo que debiera haber hecho saltar todas las alarmas. El caso Enron. En apenas un par de años, y al albur de la desregulación del sector eléctrico en EE.UU., esta compañía pasó de ser una empresa convencional de gas y electricidad a ser el séptimo grupo empresarial del país. Enron creó todo un amplio abanico de empresas instrumentales que le permitieron primero camuflar beneficios, por cierto fraudulentos, y después deudas y pérdidas. En diciembre de 2001 entró en bancarrota. De esta historia, que no la supera ni la mejor novela negra de James Ellroy (La Dalia Negra, L.A. Confidential) nos interesa recordar que se llevó por delante a una de las principales empresas de auditoría, Arthur Andersen, que formaba parte del grupo denominado entonces “big five”, formado por esa compañía más PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG y Deloitte & Touche.

Desde aquellos años los escándalos han ido sucediéndose. En España, los casos de AFINSA y FORUM FILATELICO donde todo el mundo se quiso lavar las manos porque el control de estas sociedades lo ejercían- nada más y nada menos- las autoridades de consumo regionales. Más tarde, el escándalo de la salida a bolsa de Bankia con todas sus irregularidades, así como la comercialización de un producto, como las preferentes, pensadas para inversores especializados, que acabó en manos de la red bancaria minorista. Recientemente Gowex, Pescanova, Bankia y ahora Abengoa. Fuera de nuestras fronteras, basta recordar el caso Madoff, Lehman Brother, la intervención de la Reserva Federal en la aseguradora AIG en EE.UU. o la solución en falso de la crisis de algún banco alemán, como Deutsche Bank, todavía sin resolver. La conclusión es sencilla: han fallado todos mecanismos de control.

No es un problema de falta de instituciones o de ausencia de normativa. Las tenemos. Y en algunos casos en abundancia. Es un problema de eficacia, instrumentación política de las instituciones por los partidos políticos e independencia de estas

La codicia humana no tiene fin. Todos conocemos el dicho de que cuando tu vecino empieza a comentarte en el rellano de tu casa cómo va la bolsa es el momento de salirte. Pero nunca lo hacemos porque todos queremos más. Y así los pinchazos de las burbujas nos sorprende a todos, incautos y no tan incautos, pero nunca debiéramos decir que por sorpresa.

Hubo un tiempo en que la gente estaba convencida de que la inversión inmobiliaria era una inversión segura – por lo menos tu piso nunca va a bajar de precio, te decían- o de que nadie a largo plazo perdía en la bolsa. Para los desmemoriados, el máximo histórico del IBEX se alcanzó el 8 de noviembre de 2007 con 15.945,70 puntos. Ni los más optimistas esperan que se recupere este nivel antes de 2017. Los pisos han bajado desde el primer trimestre de 2008, cuando alcanzaron su máximo histórico, un 35 % descontando la inflación. No hay previsiones de que se recuperen los precios de entonces.

No es un problema de falta de instituciones o de ausencia de normativa. Las tenemos. Y en algunos casos en abundancia. Es un problema de eficacia, instrumentación política de las instituciones por los partidos políticos e independencia de estas. E, incluso, me atrevería a añadir, de falta de ejemplaridad de la élite intelectual de este país, que ha ocupado los puestos de prestigio de las principales instituciones y que ha rehuido cobardemente sus responsabilidades cuando había que dar la cara. La cuestión no es, pues, más o menos estado, más o menos regulaciones, sino mejor estado y normas más eficaces.

Recientemente y al hilo del éxito –un poco sorprendente, todo hay que decirlo- del libro Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson, de los artículos de Cesar Molinas, del libro de Carlos Sebastián, España estancada, y de la opinión vertida en blogs de cada vez mayor influencia política como Politikon, ¿ Hay derecho? o Nada es Gratis, se han puesto de moda en España las tesis que reivindican la importancia de unas instituciones sólidas e independientes en el desarrollo económico de una nación. Simpatizo con estas ideas, pero comparto algunos de los reproches de Ignacio Sánchez Cuenca en un libro editado también recientemente, La desfachatez intelectual, que concentro en tres argumentos. Uno, las reformas institucionales tardan tiempo en surtir efecto. Así que los parados de larga duración no confíen mucho en las reformas institucionales para resolver su situación. Dos, falta en España consenso y liderazgo  político para poner en marcha un proceso de esta naturaleza. Tres, Acemoglu y Robinson utilizaron como ejemplos de rentas extractivas, siguiendo su terminología, países como Etiopía, Zimbabue, Congo o Guatemala, nada que ver con España. Parece que una referencia a la revuelta de los comuneros es insuficiente para explicar el fracaso institucional español. En mi opinión podemos mirarnos en otros  países, como Italia, donde el primer ministro Matteo Renzi, parece que puede conseguir con sus reformas políticas que ese país sea gobernable.

En resumen, el debate sobre la calidad de las instituciones se ha incorporado a la agenda política española. Es una buena noticia. La mala sería que todo quedara en agua de borrajas. Apostar por la transparencia, independencia y profesionalidad de las instituciones es una manera de evitarlo. También que fuera obligatorio programar en Educación para la ciudadanía, o como se llame ahora la dichosa asignatura, Tempestad sobre Washington, la película de Otto Preminger, donde el personaje interpretado por Henry Fonda debe someterse a una investigación del Senado para ser nombrado Secretario de Estado. Es una forma de que nuestros jóvenes interioricen y comprendan la importancia de que funcionen las instituciones democráticas.

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