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Las ideas fuerza de la socialdemocracia

Willy Brandt

Uno de los lugares comunes de los últimos años es que la socialdemocracia está en crisis. Los que argumentan esta hipótesis se reparten entre la melancolía y confusión. Así, los primeros echan de menos el pasado y, en el mejor de los casos, proponen recuperar las “esencias que se perdieron”. En cambio, los que viven sumidos en la confusión, no saben muy bien qué ha pasado ni tampoco aciertan a pronosticar hacia dónde vamos. La pregunta que surge es: ¿por qué se han extendido estos sentimientos?

Para algunos, que los partidos socialistas hayan pasado a la oposición en muchas de las democracias desarrolladas, sería una muestra de la incapacidad de la izquierda para hacerse con el apoyo mayoritario de la sociedad. Esta pérdida de poder reflejaría el estado de crisis de la socialdemocracia. No obstante, los que argumentan esta hipótesis, olvidan que los partidos progresistas no gobiernan siempre. De hecho, acceden al poder con menos probabilidad que los conservadores. Los datos de las principales democracias desarrolladas muestran que, desde 1980, sólo el 25 por ciento de los gobiernos pueden definirse como progresistas. Esta cifra es inferior si analizamos el periodo entre 1940-1979 ( La crisis de la socialdemocracia: ¿Qué crisis?, Catarata, página 49).

Para otros, en cambio, la crisis de la izquierda se circunscribe a la falta de un relato. Seguramente, este problema no sólo parece más verosímil, sino que además es más importante que la pérdida de poder y es más urgente su resolución. No obstante, que no haya todavía un relato conocido y defendido de forma contundente por las fuerzas progresistas, no significa que no se pueda construir. De hecho, esto es lo que está sucediendo en estos momentos. La izquierda está en un proceso muy conocido en su trayectoria política: adaptarse a las circunstancias. Pero, ¿cuál puede ser este relato?

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Crisis, ¿qué crisis?

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La misma semana en la que tratamos de digerir todas las “señales” que apuntan a un estado de emergencia económica y social en España (con el 25,02% de la población activa en paro; con cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis; con un acusado incremento de la desigualdad social; con la disminución de la renta media por hogar de 26.101 euros en 2007 a 24.609 euros en 2011; con una economía que sigue en recesión; etcétera), la Ministra de Empleo sorprende a propios y extraños al afirmar que “estamos saliendo de la crisis” y al apuntar a la (supuesta) existencia de “señales esperanzadoras” (como, a juicio de la Ministra, es el aumento del “autoempleo”).

Consciente, sin embargo, de la falta de adecuación de estas declaraciones con el actual clima social en el que reina el pesimismo económico (casi 9 de cada 10 ciudadanos creen, según el último barómetro del CIS, que la situación económica es mala o muy mala), Fátima Báñez, no se olvidó de puntualizar que no se trata de un “optimismo vacío”, sino del “relato de la realidad”.

Las palabras de Báñez han generado una avalancha de comentarios en los medios de comunicación; en los que no pocos se lamentan de que el PP no parezca aprender de los errores cometidos por el gobierno de Zapatero, que terminó pagando muy caro el recurso a los “brotes verdes” y al “optimismo antropológico”. Más aún, cuando, en su etapa en la oposición, los populares criticaron hasta la extenuación al gobierno socialista por mostrarse optimista. Pero, entonces, ¿cómo podemos entender las declaraciones de la Ministra de Empleo? En principio, hay tres explicaciones plausibles:

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Puntualización sobre la demanda de gasto público

Mi amigo Javier Gómez de Agüero hacía ayer esta afirmación en Zona Crítica: “A finales de los 90, cuando muchas de las infraestructuras que ahora vemos sobredimensionadas se estaban diseñando, cerca del 50% de los españoles pensaban que se dedicaban suficientes recursos a obras públicas, y alrededor de un 19% pensaba que eran demasiados pocos. De ahí que a ningún político se le ocurriera pedir que en su pueblo no hubiera una estación del AVE o que en su provincia no hubiera aeropuerto, aunque hayan acabado vacíos. Sabían que si se oponían a la construcción de esas infraestructuras sus opciones de ser elegidos tendían a cero.”

Sin embargo,  creo que esto es una cierta confusión, movida por el hecho de que los ciudadanos, si no se les obliga a elegir, casi siempre quieren más de todos. Creo que lo correcto sería afirmar que la demanda de gasto público en estas áreas era, como mucho, moderada. Lo importante es que la demanda era considerablemente menor que en Sanidad y Educación, por citar  dos grandes asuntos.  Solo defensa tiene una “demanda” menor que obras públicas e infraestructuras. Por aligerar el gráfico no he incluido políticas sociales, medioambientales, pensiones, seguridad ciudadana…  en todos esos rubros el gasto público era considerado  insuficiente y la demanda mucho mayor que el gasto en hormigón.

El CIS hace regularmente esta pregunta: “Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.” El siguiente gráfico resumen las respuestas.

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¿Castigaron los vascos a Bildu por su gestión en el gobierno local?

Una de las incógnitas que despejó la noche electoral del pasado día 21 es que la posibilidad de que Bildu disputara la hegemonía al PNV en la Comunidad Autónoma Vasca no era muy realista. Puesto que los resultados de Bildu fueron particularmente decepcionantes en aquellos lugares donde la coalición abertzale gobernaba desde 2011 (en Guipúzcoa, donde Bildu es hegemónica, el PNV logró empatarle a escaños), muchos nos aprestamos en ese momento a concluir que lo que había ocurrido era que los votantes vascos habían castigado la gestión de gobierno local de la izquierda abertzale.

Un primer análisis de los datos parece no dejar lugar a duda: si nos fijamos en los 35 municipios vascos de más de 10000 habitantes, Bildu logró aumentar su número de votos en un 74% de los municipios que no gobierna, pero perdió votos en un 75% de los municipios que gobierna. Como muestra el gráfico 1, estas pérdidas en municipios gobernados por Bildu fueron además de mayor magnitud que las ganancias en los municipios en los que estaba en la oposición, y el gran beneficiario de ellas fue, como cabría suponer, el PNV, que logró aumentar sus apoyos en más de diez puntos porcentuales de media en las localidades gobernadas por la izquierda abertzale.


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No es una crisis, es que ya no te quiero

¿Quiénes son los que afirman que los políticos son uno de los principales problemas de este país? ¿Qué consecuencias electorales puede tener el creciente sentimiento contra los políticos?  Voy a intentar algunas respuestas en lápiz. En una siguiente entrada  aventuraré respuestas sobre por qué sucede y qué remedios parecen razonables. En resumen, de la desafección hacia los políticos destaca tanto su nivel, alto y en ascenso, como su desigual distribución. Los más críticos son la gente de mayor estatus social y económico, de mayor educación, varones,  no demasiado mayores, de grandes ciudades y… bastante de izquierdas o ajenos a la clasificación ideológica habitual. Este tipo de ciudadanos es probable que refuerce el apoyo a los partidos minoritarios. Sin embargo, los ciudadanos de perfil más moderado y votantes de los grandes partidos también se muestran muy críticos con la clase política, aunque sea en una medida comparativamente menor.  Este tipo de ciudadanos se encuentra sin alternativas: o bien no sabe qué hacer, o bien piensa abstenerse en el futuro. Es la alienación de los moderados, que puede perjudicar a los dos mayores partidos. En la conjunción de ambos efectos uno de ellos se lleva la peor parte. Adivinen cuál.

1. La temperatura media del desafecto se ha publicado hace unos días: el 27% de los ciudadanos mencionan a los políticos, a los partidos o a la clase política como uno de los tres problemas principales de nuestro país. Es el dato más alto que se ha encontrado desde que  el CIS hace la pregunta. (Nota: la pregunta es abierta y las respuestas son espontáneas, si bien la insistencia de la prensa en el asunto debe inducir algunas respuestas reflejas.  El CIS las registra literalmente y las codifica de forma casi artesanal, en un departamento que trabaja de maravilla.)

¿Dónde se siente especialmente el calor contra los políticos? La primera marca que despunta es la desigualdad social: más anti-políticos cuanto más ricos. El 37% de las personas de clase alta o media-alta creen que los políticos son un problema, diez puntos más que la media. Sobresale el grupo que comprende a los altos funcionarios, a los profesionales independientes y a los empresarios con asalariados, donde llega al 41% (el resto de profesionales y cuadros medios le sigue con el 39%). En el otro extremo,  los obreros no cualificados que insisten en esa opinión son el 20%. La cifra es altísima, pero no deja de ser la mitad. Dado que el nivel educativo y la clase social están muy vinculados, esa pauta se repite al comparar los estudios de las personas que responden: el 36% de quienes han ido a la universidad mencionan a los políticos como problema, nueve puntos sobre la media.

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De cómo Feijóo evitó el castigo en las urnas

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Existe en la política una regularidad empírica universal: cuando aumenta el paro, los gobiernos pierden votos y cuando se crea empleo, las opciones de supervivencia del gobierno aumentan. Los expertos lo llaman “voto económico” y es el culpable de la caída de casi todos los gobiernos europeos que han tenido una cita en las urnas en los últimos años. Por lo general, los expertos calculan que los gobiernos pierden alrededor de un punto porcentual de apoyo electoral por cada aumento de un punto de la tasa de paro. Así, según esta regla, el PSE de Patxi López debería haber retrocedido 4 puntos porcentuales y el PP de Feijóo 9 puntos. La realidad ha sido otra bien distinta. Los socialistas vascos han multiplicado casi por cuatro el castigo electoral que cabría esperar (12 puntos) y, en cambio, en Galicia, el desgaste del PP ha sido prácticamente imperceptible (1 punto). ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Por qué la economía ha quedado al margen de las urnas en Galicia?

A priori,  los datos económicos y de opinión pública deberían llevarnos a la conclusión de que el gobierno gallego se merecía un castigo electoral mayor que el gobierno vasco.  Por un lado, la economía se deterioró mucho más en Galicia que en el País Vasco. Fijémonos en el desempleo: durante el último mandato, el paro aumentó casi ocho puntos en Galicia, un porcentaje superior a la media española y que representó nada menos que el doble comparado con el País Vasco. Por el otro lado, las percepciones económicas de los ciudadanos antes de las elecciones fueron más negativas en Galicia. El 68% de los gallegos consideraban la situación económica mala o muy mala (58% en el País Vasco) y el 41% valoraban negativamente la gestión del gobierno gallego (36% en el País Vasco). En suma, si la economía tiene alguna influencia sobre las elecciones (que por lo general la tiene, y mucho) deberíamos haber visto un mayor desgaste electoral del Gobierno de Feijóo que del de Patxi López.


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Izquierdas, derechas y el debate territorial

Si intentamos utilizar la ideología de los partidos políticos como una manera de predecir cuál será su posición respecto a la descentralización o el federalismo, el resultado será fallido. Un repaso a la experiencia comparada muestra que, más allá de los debates teóricos, la práctica de la descentralización no es patrimonio exclusivo de ningún ámbito ideológico. Los modelos descentralizados y federales han sido utilizados como una suerte de panacea para resolver distintos males institucionales, económicos y políticos, y esa pluralidad de motivaciones se corresponde con la variedad ideológica de los partidos políticos que los han impulsado.

Que la descentralización haya sido defendida tanto por la izquierda como por la derecha también responde al pragmatismo político y a las alianzas electorales de los partidos. Ello explica, por ejemplo, que el primer avance significativo en la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas se produjera como contrapartida al apoyo parlamentario proporcionado por CiU al Partido Popular en 1997. O, más llamativo aún, que el mayor traspaso de recursos hacia los gobiernos autonómicos (el de la sanidad) y el segundo avance importante en la autonomía fiscal de las regiones se produjera en el 2002, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta.

La polarización del debate territorial que se inició con la aprobación del Estatuto de Cataluña y que se ha intensificado con la crisis económica no parece dejar mucho hueco al pragmatismo político que ha imperado hasta ahora. Esto hace más improbable futuras alianzas entre los partidos conservadores nacionalistas (PNV, CiU) y sus hermanos ideológicos de ámbito estatal (PP). Sin embargo, el verdadero problema no se encuentra en las consecuencias que la polarización tiene en los partidos de derecha, sino en los retos que supone su impacto en la opinión pública para la izquierda, y muy especialmente para el PSOE.

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El voto oculto en el País Vasco

Hace unos días escribía en este artículo que en Cataluña las encuestas electorales han tendido sistemáticamente a subestimar el voto al Partido Popular. El artículo mostraba cómo el PP catalán ha cosechado mejores resultados en las urnas de los que las encuestas le pronosticaban. Una posible explicación a este fenómeno es que los votantes conservadores que simpatizan con el Partido Popular prefieren reservarse sus preferencias políticas y no expresarlas en público.  Algunos expertos han llamado a este fenómeno el voto oculto y el motivo tras el silencio sería el intento de evitar el rechazo social que supone expresar una opinión que no está bien vista para la mayoría de la sociedad. En el caso del PP catalán, su imagen está altamente deteriorada por su pasada vinculación con el franquismo y por ser generalmente tildado de partido anti-catalán. Así, según esta visión, se produciría una especie de espiral del silencio que acaba provocando que las encuestas no reflejen el verdadero estado de opinión de la sociedad.

Pero ¿se trata de un fenómeno exclusivo de Cataluña? En realidad, no. El gráfico 1 muestra cómo esto también ocurre tanto en el País Vasco como en el resto de España. En el caso español, es interesante observar que en realidad han existido dos fases claramente diferenciadas. Durante las primeras dos décadas de democracia, el PP conseguía sistemáticamente más votos que los que vaticinaban las encuestas. Pero a partir de la primera legislatura de Aznar entramos en una segunda fase en la que el voto oculto al PP parece haberse desvanecido. Actualmente, existe un mismo porcentaje de votantes que no declaran su voto en las encuestas entre la izquierda y la derecha. Ciertamente, la normalidad parece haberse instalado en la opinión pública española: los datos indican que si alguna vez ser votante del PP podía ser motivo de ocultación de preferencias, esto ya no ocurre en la actualidad.


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Debates y la niña de Rajoy

Máxima expectación ante el segundo debate presidencial con Obama bajo presión

En época de campañas electorales, suelen haber muchos periodistas, asesores de imagen, expertos en comunicación y tertulianos, entre otros, hablando de la importancia de los aspectos más nimios que suceden en unas elecciones. Cuando se celebra un debate electoral, las discusiones pueden llegar a rozar lo absurdo: que si Nixon iba mal afeitado, que si Bush padre no debía haber mirado el reloj, que si la niña de Rajoy fue una mala idea… posiblemente, estos tres ejemplos sean ciertos y todos se podrían calificar de errores. Pero cabe preguntarse algo mucho más importante y normalmente ignorado: ¿hay alguien que dejara de votar a Rajoy en 2008 por el ejemplo de la niña?

Los debates pueden ser fundamentales por varias razones. Sin ser exhaustivos: 1) Consiguen grandes audiencias: el de 2011 emitido en 17 cadenas lo siguieron más de 12 millones -un 54% de cuota de pantalla. 2) Los votantes podemos conseguir información muy valiosa y de primera mano. 3) Aunque estén muy reglados, hay margen para la improvisación y la espontaneidad (la respuesta de Aznar a González en 1993 cuando después de que este le respondiera varias veces con “... lo que usted quiera y dos huevos duros, que decían los hermanos Marx”, Aznar replicó “Cambie usted de frase porque los huevos duros se le han podrido”). 4) Los ciudadanos recibimos un mensaje sin intermediarios que, por muy importante que sea el ‘post-debate’ y los comentarios de sesudos tertulianos y todólogos, nos permite emitir nuestro propio juicio. 5) En función de cómo se desarrollen, condicionan la agenda y el debate público en los últimos días de campaña (como se desdibujó Pizarro ante Solbes en 2008); 6) Posibilitan la comparación de propuestas electorales.

Pero la pregunta a hacerse no es tanto si el color de la corbata fue o no el adecuado –no conozco a nadie que votara a Rajoy (o a Rubalcaba) por la corbata- sino cuántos votos de más o menos se consiguen. Así, ¿cuántos votantes ganó Romney en su primer debate electoral? ¿Cuántas personas dejaron de votar a Obama por, según todos los sondeos, haber perdido el primer debate? ¿Cuántos de los que se iban a quedar en casa el día de la elección decidirán ir a votar después del debate de anoche? Y las respuestas a estas preguntas son las que no se suelen responder. Pero, supongo que estaremos de acuerdo, para poder afirmar (o negar) que un debate electoral ha sido muy influyente, deberíamos averiguar cuántos electores/votos más (o menos), se lleva un determinado candidato gracias a su actuación en el debate.

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Ajustados económicamente, (des)ajustados políticamente

El prolífico historiador Tony Judt nos enseñó que “como mejor se mide el grado de esclavitud en que una ideología mantiene a un pueblo es en la colectiva incapacidad de éste para imaginar alternativas”. Judt se refería al comunismo. Pero hoy esa misma reflexión es aplicable al “austericismo” en el que vivimos inmersos desde que en mayo de 2010 las autoridades europeas decidieran que la única receta para afrontar la crisis era la “austeridad extrema”.

Demonizado el déficit público y santificado el pago de los intereses de la deuda soberana, el debate en Europa se ha centrado en los recortes sociales  (incluidas, en esta categoría, muchas de las reformas estructurales puestas en marcha). Dos años y medio después del camino emprendido por la Unión Europea, ¿quién se acuerda de que la crisis de origen financiero se inició en Estados Unidos? ¿y que el incremento del déficit público no fue la causa, sino la consecuencia de esa crisis?

Dejando a un lado el hecho de que las políticas de austeridad han convertido la crisis internacional en una crisis europea y están siendo utilizadas para sustituir el modelo social europeo por otro tan “competitivo” como antisocial, es interesante reparar en los “efectos colaterales” que se están produciendo. Especialmente, en los países intervenidos (eufemísticamente rescatados) por la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), que son los que más sufren el rigor del “austericismo”.

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