eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Nada nuevo bajo el sol. Brexit, inmigración y las ayudas por hijos

Entre las medidas negociadas por Cameron en Bruselas para comprometerse a apoyar la permanencia del Reino Unido en la UE en el próximo referéndum de Junio, se han incluido importantes rebajas en las ayudas por hijos accesibles a los inmigrantes del resto de la UE. Las consecuencias de tales medidas apenas han sido discutidas pero la experiencia de Alemania en los años setenta ilustra a la perfección lo que es muy probable que ocurra: un aumento de la reagrupación familiar y la imposibilidad de ahorrar al erario público lo prometido.

- PUBLICIDAD -

El último informe de la OCDE sobre Migración Internacional indicaba que, durante la crisis, la inmigración de naturaleza laboral se ha reducido sustancialmente, y la vinculada a la reagrupación familiar lo ha hecho también, aunque de modo más suavizado. En cambio, los flujos relacionados con la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE son los únicos que han aumentado desde 2009, antes de que se dispararan en algunos países las solicitudes de asilo.

Las fuentes británicas indican que desde 2010 han llegado al Reino Unido entre 1 y 2 millones de ciudadanos de la UE. Por tanto, no es de extrañar que gran parte de las discusiones mantenidas las últimas semanas en Bruselas con la intención de evitar que los británicos abandonen la Unión Europea se hayan centrado en las posibles restricciones a la inmigración de trabajadores procedentes de otros Estados Miembros y, sobre todo, su acceso a algunas de las prestaciones sociales que se ofrecen a los trabajadores británicos, incluidas las ayudas por hijos.

Cameron pretendía rebajar la cuantía de las ayudas por hijos que, hasta ahora, los comunitarios podían recibir en igualdad de condiciones que los británicos, incluso si los hijos residían en los países de origen. La propuesta consistía en ajustar las cuantías al coste de la vida en dichos países. Nunca quedó claro si la propuesta de Londres pretendía que dicha indexación de las ayudas por hijos se aplicara sólo a los trabajadores comunitarios que llegaran a partir de la firma del acuerdo, o también a los que ya estaban en Gran Bretaña con anterioridad. Todo ello desató la oposición furibunda de los representantes de Hungría, Eslovaquia, la República Checa y, sobre todo, Polonia. Pero, curiosamente, no de otros países de la UE15 como España, a pesar de que el mayor incremento de los flujos comunitarios hacia el Reino Unido en los últimos años ha procedido de ellos, como indica el gráfico 1 (51% del total de la inmigración procedente de la UE en 2015).

Gráfico 1. Flujos de inmigración procedente de la UE al Reino Unido, por grupos de origen (en miles)

graf_amparo_ONS.jpg

Fuente: Long Term International Migration (LTIM) - Office for National Statistics

La pelea por reducir o directamente eliminar el acceso a determinadas transferencias sociales como estrategia para reducir la inmigración parte de dos premisas simplemente erróneas. La primera, que los inmigrantes vienen atraídos por la generosidad de tales ayudas y prestaciones, y no por efecto de una fuerte demanda laboral no cubierta y un considerable diferencial salarial entre sus países de origen y el Reino Unido en este caso. Y la segunda, que si se vincula el acceso a determinadas prestaciones al principio de territorialidad (necesidad de que los beneficiarios residan en el territorio del Estado que las concede) los inmigrantes no optarán, alternativamente, por traer a sus familias; sobre todo en este caso, en el que no es necesario cumplir con los requisitos que exige la ley de inmigración para practicar la reagrupación familiar, al tratarse de familiares de ciudadanos comunitarios.

Obviamente no podemos adivinar el futuro pero es probable que la reacción a medidas de este tipo por parte de los migrantes sea hoy similar a la que ya se produjo en otros momentos cuando otros gobiernos adoptaron medidas muy parecidas. En 1970, el gobierno alemán pagaba una cantidad mensual de 25 marcos por el segundo hijo, 60 marcos por el tercero y el cuarto, y 70 por el quinto y cada hijo adicional. En principio, el derecho a las prestaciones sociales se reconocía siguiendo el principio de territorialidad. Sin embargo, los trabajadores comunitarios que residían en otros estados miembros diferentes al de su nacionalidad tenían reconocido el derecho a las mismas ayudas por hijos que los trabajadores alemanes, incluso si sus hijos vivían en sus países de origen. Gracias a acuerdos bilaterales especiales, esta opción existía también para trabajadores griegos, yugoslavos, portugueses, españoles y turcos empleados en Alemania. Pues bien, en 1975, el gobierno de Helmut Schmidt aprobó una reforma fiscal por la que incrementó la cuantía de las ayudas a 50 marcos mensuales por el primer hijo, 70 por el segundo y 120 por cada hijo adicional. Pero los criterios de elegibilidad también fueron modificados pues se estableció que las nuevas cuantías sólo se aplicarían en el caso de hijos que viviesen en Alemania, mientras que las antiguas seguirían siendo aplicadas a los hijos de los trabajadores extranjeros (no italianos) que viviesen, separados de sus padres, en sus respectivos países de origen.

Considerando el tamaño medio de una familia turca en 1975, las potenciales consecuencias económicas de la reforma para los extranjeros viviendo en Alemania y sus planes de reagrupación familiar son evidentes: para un hombre turco con cuatro hijos que viviesen en Turquía en aquel momento, la reforma representaba una pérdida de más de 200 marcos mensuales, una pérdida sustancial que, sin embargo, podía evitar llevándoselos a vivir a Alemania.

Como pude comprobar gracias la encuesta longitudinal alemana conocida como SOEP, explotada durante mi tesis doctoral ( en español aquí, en inglés aquí) justo esto fue lo que ocurrió. Incluso después de descontar la influencia que la estructura y rasgos socio-económicos de cada unidad familiar, la secuencia migratoria de los diferentes miembros del hogar, y las características de cada hijo o hija tuvieron en el ritmo en que se produjo la reagrupación de los hijos en Alemania, la modificación de la cuantía de las ayudas aprobada en 1975 sistemáticamente aceleró la reagrupación de los hijos que aún residían en los países de origen.

Ahora bien, los resultados demostraban igualmente que el aumento en el nivel de desempleo en Alemania llevó a los padres inmigrantes que aún no habían traído a sus hijos a retrasar la reagrupación de éstos. En concreto, un aumento de 4 décimas en la tasa de paro en Alemania era suficiente para neutralizar el efecto acelerador que la reforma de las prestaciones por hijos tuvo sobre la reagrupación de los hijos.

En otras palabras, la experiencia alemana demuestra, una vez más, que el atractivo que a menudo se atribuye a las prestaciones sociales como imán que atrae la inmigración, languidece ante el mucho más poderoso efecto de la demanda laboral y las diferencias de salarios entre países. Sin embargo, la experiencia alemana no ha salido a relucir en el curso de las negociaciones mantenidas estos últimas semanas con el Reino Unido en el seno de la Unión. Sigue sorprendiendo nuestra incapacidad y la de nuestros gobiernos para aprender del pasado, también en materia migratoria.

El acuerdo finalmente adoptado en Bruselas hace un par de semanas, permitirá al gobierno británico rebajar dichas ayudas cuando los hijos vivan en los países de origen; aunque solo para las familias que vengan a partir de ahora, no para los que ya están trabajando allí. Es más, será una posibilidad no sólo para el gobierno británico, sino para los gobiernos de cualquier estado miembro. Y fue precisamente Alemania uno de los que se apresuraron a decir que valorarán también esta posibilidad.

El desprecio por la evidencia sobre el efecto más o menos conocido de ciertas políticas pone de manifiesto su verdadera y última motivación. En el caso alemán, la medida se encuadraba dentro de un paquete más amplio de reformas fiscales pero estuvo impulsada por el clima anti-inmigración del momento, y la respuesta a algunas noticias aparecidas en la prensa unos meses antes que relataban casos de turcos que trabajaban en Alemania y estaban recibiendo ayudas por tener seis y hasta diez hijos ficticios en Turquía. En el caso británico, el mismo día que Cameron estaba negociando su ‘freno de emergencia’ sobre el pago de prestaciones a los migrantes comunitarios en el Reino Unido, el Tesoro recibió una pregunta parlamentaria sobre el coste real de tales ayudas a la que respondió simplemente con un ‘ the information is not available’ [la información no está disponible]. Dicho más claro, una vez más no sabemos cuánto cuesta realmente mantener dichas ayudas activas para los migrantes comunitarios, pero tampoco parece importarnos porque el objetivo último no es ahorrar dinero a las arcas públicas sino alimentar los miedos de los votantes respecto de un uso abusivo por parte de los extranjeros del estado del bienestar en tiempo de crisis económica, poder así justificar recortes de mayor alcance y presentar al partido en el gobierno como adalid en la defensa de los principales perjudicados por dichos recortes.

De hecho, del mismo modo que el gobierno alemán provocó un aumento en el número de residentes extranjeros en Alemania y el consiguiente incremento del gasto en ayudas por hijos pagados a ellos -al ser la cuantía más elevada en estos casos-, es muy probable que tras la gira europea de Cameron, los trabajadores comunitarios que no conocían ni la posibilidad de pedir tales ayudas estén ahora mucho mejor informados sobre la posibilidad de solicitarlas y tanto el objetivo de reducir la inmigración como el de ahorrar se tornen imposibles.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha