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El Gobierno mandó señales al fiscal general para evitar la prisión de los exconsellers

José Manuel Maza fijó por su cuenta el criterio de que si los consellers no asumían la vigencia de la Constitución y el 155 serían enviados a la cárcel

El fiscal general sostiene en una entrevista en la Ser que el artículo de Junqueras en el New York Times firmando como vicepresidente evidencia la reiteración delictiva

El malestar del Ejecutivo con la posición de Maza en la gestión del tema catalán viene de atrás y tiene que ver con sus declaraciones en los medios

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Catalá y Maza comparecen en el Congreso para aclarar la gestión del caso Lezo

Catalá y Maza comparecen en el Congreso para aclarar la gestión del caso Lezo EFE

El Gobierno que preside Mariano Rajoy había mandado señales durante la última semana al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de que la entrada en prisión de los ocho exconsellers del Govern constituiría en este momento un problema político. En el Consejo de Ministros se había instalado la idea de que la huida a Bélgica del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y las brechas que empezaban a abrirse en el bloque independentista habían contribuido a apaciguar la calle y el procés para abrir un nuevo tiempo de precampaña electoral.

Pese a ello, la Fiscalía de Maza quien decidió firmar la querella personalmente solicitó este jueves en la Audiencia Nacional prisión incondicional para todo el equipo de Puigdemont (salvo Santi Vila, que dimitió horas antes de la declaración de independencia) después de que ocho de ellos, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, compareciesen ante la juez Carmen Lamela.

El criterio que había fijado Maza antes de la comparencia con los fiscales de la Audiencia Nacional para evitar la cárcel a los exmiembros del Govern pasaba por que estos asumiesen ante la juez el artículo 155 de la Constitución, su destitución por el Consejo de Ministros y sobre todo el compromiso de no seguir adelante con la defensa de la república catalana. Eso no se produjo porque los comparecientes decidieron no responder las preguntas de la acusación.

Lo explicó el propio Maza durante  una entrevista en Hora 25 el mismo jueves cuando los consellers ya estaban cada uno en su celda: " ¿Cómo va la fiscalía a dejar a unos ciudadanos que se niegan a responder al fiscal? Preguntábamos si aceptaban la vigencia del Constitución española en Catalunya y la aplicación del 155, y si dijeran que sí aceptaban la Constitución y que iban a dejar de estar en la línea de la comisión delictiva, como Oriol Junqueras que firma artículos [en el New York Times] como vicepresidente de la Generalitat, pues igual otra cosa hubiera cambiado, hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no en el que para nosotros es básico. Cómo van a volver a su casa tras declarar que van a seguir insistiendo en el delito. Así lo ve la juez, que dice que en el caso de Vila no existe la idea que vuelva a su casa y a reiterar en el delito". 

El entorno de Maza defiende la actuación de los fiscales en la Audiencia Nacional aunque sabe del malestar que las imágenes del último Govern de la Generalitat entrando en prisión han causado en el seno del Gobierno que ve ahora como el independentismo recobra unidad y fuerza en las calles. "El fiscal general no es tonto y había visto señales a través de la prensa, y de terceros, de que la prisión no era lo que más convenía al Gobierno y a los partidos, pero él ha actuado de forma autónoma. Y también sabe que la prisión no ha sentado bien al presidente y los ministros", aseguran desde el entorno de Maza.

Sin embargo estas mismas personas niegan que haya recibido instrucciones directas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre cómo actuar en esta causa. "El ministro y Maza se ven muchas veces para hablar de asuntos relacionados con los medios en la justicia pero no hablan sobre procedimientos", repiten fuentes de la Fiscalía General. 

Un portavoz oficial del Ministerio de Justicia también descarta que en esas citas el ministro haya tratado con Maza el asunto de Catalunya: "En esas reuniones nunca se tratan cuestiones procesales, nunca, estén presentes o no lo estén el fiscal general del Estado o el ministro de Justicia. La Fiscalía actúa con total y absoluta autonomía".

Ya fuese directamente o a través de intermediarios, el Gobierno sí ha hecho llegar al fiscal general su diagnóstico político de la situación de Catalunya y la necesidad de rebajar tensión en vísperas de unas elecciones autonómicas que todos, incluidos los partidos independentistas, habían asumido tras la aplicación del 155 y la destitución del Govern. Ese era el escenario el miércoles cuando la coalición de Junts pel Si parecía rota y algunos de sus integrantes desmoralizados por las desventuras de Puigdemont y el resto de miembros de su equipo por tierras belgas.

La entrada en prisión de ocho de sus consellers ha reactivado las protestas callejeras en Catalunya y ejercido de pegamento entre las formaciones independentistas que ya negocian la unidad de acción e incluso podrían sumar al entorno de los comunes, indignados con la orden de prisión incondicional para Junqueras y el resto de consellers. 

Fuentes cercanas al Gobierno sostienen que su disconformidad con la gestión que el fiscal general está haciendo del tema catalán venía de lejos. De aquellos días en los que Maza se paseaba por los medios de comunicación para avisar de los delitos que se iba a imputar a los independentistas si seguían adelante con el procés. "Han intentado frenar sus declaraciones invitándole a comportarse con más prudencia y con sentido político pero Maza ha hecho oídos sordos", señalan las mismas fuentes. 

En su última entrevista en la cadena Ser, Maza volvió a dejar titulares polémicos. "Bastante paciencia ha tenido el sistema y el estado de Derecho" con Catalunya, dijo el jueves por la noche.

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