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La Junta de Castilla y León no reclama más de 9 millones malversados por el caso Perla Negra

La Fiscalía de Valladolid ha contabilizado hasta el momento esa cantidad, pero aún falta determinar si los 4,4 millones adjudicados a dedo a Unifica coinciden con los servicios prestados

El Gobierno regional sólo pretende recuperar el dinero pagado a Unifica y además insta al juez instructor a actuar de oficio para evitar "sonrojantes filtraciones a los medios"

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Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

La Junta de Castilla y León no ha reclamado acciones civiles para recuperar el dinero presuntamente malversado en el caso Perla Negra, y que hasta el momento supera los 9 millones de euros. El Gobierno regional, que siempre mantuvo que no existen sobrecostes en el Edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía y que sólo reconoce una adjudicación irregular de 4,4 millones al estudio de arquitectos Unifica Servicios Integrales (el mismo que reformó en negro la sede de Génova)  no ha recurrido la parte en que la Fiscalía recuerda que "la acción civil es contingente" -debe ser a petición del perjudicado-por lo que "es preciso que los perjudicados manifiesten si reclaman por los perjuicios de manera expresa, clara y terminante, porque de ello dependerá la solicitud de medidas cautelares reales". Así, recuerda que Gesturcal, la sociedad pública que compró el inmueble, personada al principio, se apartó de la causa por no sentirse perjudicada,  mientras que de la Junta de Castilla y León considera que "parece inferirse que sólo formula reclamación por la adjudicación a Unifica", pendiente de tasación.

La Fiscalía ofrece acciones también a instituciones y cajas de ahorro que formaban parte del capital social de Gesturcal si bien su participación era inferior al 1%.

Estos más de 9 millones son los primeros que se han calculado, pero aún queda realizar tasaciones sobre el Polígono Industrial de Portillo, cuyo suelo compró la Junta a los mismos empresarios del edificio Perla Negra, y con precios aparentemente muy inflados, hasta 9 veces, según algunas fuentes del caso, y determinar si los 4,4 millones que se pagaron a Unifica corresponden a los servicios prestados.

La Junta ha contestado al escrito de Fiscalía, pero no para corregir su posición respecto a una posible indemnización. Los servicios jurídicos no desmienten al ministerio público sobre su voluntad de no recuperar lo presuntamente malversado, sino que arremeten duramente contra la instrucción que se está llevando a cabo. Recuerda por ejemplo que la causa se incoó en octubre de 2013 y que en el escrito se Fiscalía "como si de un escrito judicial se tratara" se menciona a personas que aún "no han declarado en sede judicial". Para la Junta, la situación "está acarreando perjuicios de imposible de reparación" ya que los imputados se están viendo "sometidos a un juicio mediático difícilmente soportable". Pero no sólo se queja de la lentitud del procedimiento. A la Junta de Castilla y León no le preocupa recuperar el dinero público sino que pretende que los medios dejen de informar sobre el caso: "las filtraciones a los medios de comunicación son constantes y sonrojantes", dice. Asegura que se han filtrado autos antes que a las partes personadas (26 abogados). Para el Gobierno regional son hechos "inadmisibles desde un punto de vista ético y estético" y recuerdan que están sancionados "en la medida en que vulneran de forma flagrante el secreto de sumario" y recuerda que "son perseguibles de oficio". Además de instar al juez a investigar y a corregir "disciplinariamente" a quien filtre datos del caso, la Junta le pide que lo divida en cuatro piezas separadas y se queja de la "inexistente celeridad" con la que se lleva la causa.

El escrito sigue una línea muy parecida al que presentó en la misma fecha el abogado del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León. El letrado no sólo recurría la imputación de Tomás Villanueva, "construida sobre sospechas", la investigación patrimonial sobre él, familiares y allegados "por ser prospectiva", y los delitos que se le imputan (prevaricación continuada, revelación de secretos, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación), también se quejaba de las filtraciones del caso.

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