La plataforma 7N denuncia que el Gobierno deja sin financiación el Pacto de Estado contra la violencia machista
La Plataforma 7N Contra las Violencias Machistas ha denunciado que el Gobierno haya roto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de septiembre al no incluir en la prórroga presupuestaria el aumento de los 200 millones de euros que acordaron. Un hecho que, a su juicio, convierte el Pacto en papel mojado: “De las 214 medidas publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 9 de octubre de 2017, 119 requieren presupuesto”, sostiene.
Fue el pasado noviembre cuando todos los grupos del Congreso apoyaron exigir al Gobierno que, en caso de que se produjera la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, se aprobara mediante decreto la subida “de al menos 200 millones en 2018 para cumplir con las medidas contempladas en el pacto de violencia de género”.
De hecho, la propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,Dolors Montserrat, garantizó el pasado 27 de diciembre la financiación en los tres primeros meses de 2018, “independientemente de si se tienen que prorrogar los Presupuestos Generales del año pasado”. Asimismo, también podría llevarse a cabo en nuevas cuentas “si el Gobierno lograra los apoyos para sacarlos adelante”.
Además, de los 200 millones con los que se pretendía dotar al pacto el primer año, Montserrat aseguró que 80 corresponderían al Gobierno central, 100 serían repartidos a las comunidades, y los 20 restantes a los ayuntamientos.
Limitación del derecho de las víctimas al acceso a los servicios sociales
Con casos como el de Juana Rivas, para quien la Fiscalía ha pedido este viernes cinco años de prisión “por dos delitos de sustracción de menores”, la Plataforma 7N recuerda que, tanto el Convenio de Estambul, la legislación española y el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género aseguran que “un maltratador nunca es un buen padre”.
Por eso ha reclamado a la Fiscalía especializada la “retirada inmediata de este despropósito”. “El Gobierno no deja de mostrar su falta de voluntad y compromiso por erradicar la violencia machista. Su indiferencia ante los asesinatos de mujeres, niñas y niños, es inadmisible”, sostiene.
Además, esta Plataforma también ha denunciado la decisión del Gobierno de limitar las transferencias a las Comunidades Autónomas al 50%, “por mermar y afectar gravemente al derecho que tienen las víctimas a acceder a todos los servicios sociales. Y es que, tal y como establece el artículo 19 de la Ley Integral, ”la organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional“.
“El 2018 será un año de permanente movilización social. No vamos a tolerar su incompetencia y el desinterés en garantizar los derechos humanos constitucionalmente reconocidos a la mitad de la población”, aseguran.
