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El PP recurre a su mayoría en el Senado para intentar que se pueda seguir amputando los rabos a los perros

El braco de Weimar es una raza susceptible de ser amputada.

Raúl Rejón

Vuelta a la carga con la mutilación de perros. El Partido Popular está dispuesto a usar todo su arsenal parlamentario al servicio de la amputación de rabos. Y desplegar trabas para obstaculizar su prohibición. Tras perder la votación sobre esta práctica en el Congreso de los Diputados, el PP ha presentado una moción en el Senado para que pueda cortarse “en el caso de perros que por la actividad que desarrollan habitualmente puedan sufrir daños en la misma”. Traducido: los perros de caza.

Solo con este movimiento parlamentario dilatará en el tiempo la entrada en vigor del fin de las amputaciones. El Partido Popular ha aprovechado el trámite de ratificación del Tratado Europeo sobre Maltrato de Animales de Compañía para registrar esta propuesta el pasado 5 de abril. Está previsto que se vea en la comisión senatorial el lunes 8 de mayo. Justifica la medida en que “la polémica que aún hoy hay sobre el corte de colas aconseja esta aproximación al asunto”.

La intención es seguir amparando las amputaciones, al menos momentáneamente, en las regiones cuyas leyes todavía permiten esa práctica. “La distinta situación en distintas comunidades autónomas”, detallan, le sirve al grupo parlamentario para introducir de nuevo la reserva. A día de hoy no se puede amputar en Madrid, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta: 149 de 266 senadores, lo que hace previsible que su versión del texto para ratificar el tratado sea aprobada. Esto provocará que el acuerdo del Senado y el del Congreso difieran y que se tenga que constituir una comisión mixta de ambas cámaras para tratar de llegar a un consenso.

“Es inexplicable después de la votación del Congreso”, dice el diputado de Equo Juantxo López de Uralde –uno de los promotores de que España firmase el tratado sin excepciones–. “Creemos que hay un acuerdo político mayoritario ya establecido para prohibir las mutilaciones”, expresa Uralde.

Esa comisión mixta deberá presentar un nuevo texto que ha de ser votado por los plenos del Senado y el Congreso respectivamente. “Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta”, dice el reglamento de la Cámara Baja. Justo donde el PP no consiguió los apoyos suficientes para respaldar la amputación de rabos. Pero todo el proceso retrasará la sanción del acuerdo internacional y dará tiempo a posibles nuevas alianzas.

Intereses cinegéticos

“Una vez más, el partido del Gobierno le hace el trabajo sucio al lobby de los cazadores”, analiza Uralde. Lo cierto es que en todo el proceso de adopción de este tratado sobre el maltrato, los intereses del sector cinegético han ido apareciendo de la mano del Partido Popular. Desde la decisión de iniciar la ratificación hasta esta última moción en el Senado.

El Gobierno decidió adherir a España al tratado en 2015. Anunció el acuerdo del Consejo de Ministros sin reserva alguna y subrayando que erradicaría las amputaciones sin fines curativos. Pero al llegar al Congreso, la propuesta del Ejecutivo ya contenía la excepción que abría la puerta a los cortes.

Alertados algunos diputados de la oposición, propusieron que se retirara cualquier salvedad al tratado y convencieron a la mayoría de la Cámara. Una vez más, el Partido Popular contraatacó y, junto a Esquerra Republicana, acordó en la Comisión de Exteriores que los cachorros de razas de caza pudieran ser amputados.

El revuelo levantado por este movimiento de ERC hizo que diese marcha atrás. En la votación final del Pleno se unieron a los que solicitaron eliminar esa propuesta del dictamen final. Dejó aislado al PP que esgrimió, entre otras cosas, el “efecto látigo” de los perros al mover su rabo como justificación para su voto. El texto remitido al Senado no ampara corte alguno salvo los puramente médicos.

Las intrigas en el Congreso terminaron el 16 de marzo. Apenas 20 días después, el PP volvió a la carga en el Senado. El Pleno votará su postura el 10 de mayo. A partir de ahí, se abrirá un tiempo de prórroga –y posibles nuevos acuerdos– antes de que el final de las mutilaciones sea efectivo.

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