Las universidades amortiguan la caída provocada por los recortes, pero aún están lejos de recuperarse

Por primera vez desde 2009, el pasado curso la Universidad española vio cómo subían sus ingresos y el número de profesores respecto al curso anterior. Ambas fueron subidas exiguas: la económica el 3,1% y la de personal un 1%. Y no compensa ni de lejos la casi década de bajadas previas en ambos aspectos. Se ha frenado la caída libre pero parece lejos una remontada.

Pero, hay, a la luz de los datos, un pequeño cambio de tendencia en la Universidad. Para algunos ya puede hablarse de “punto de inflexión”, según Martí Parellada, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona y autor del informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), perteneciente al Banco Santander.

Otros expertos consultados por eldiario.es no creen que el incremento tenga tanto alcance y aseguran que puede que se haya frenado el desplome que vivía la Universidad, pero todavía hay camino por recorrer, afirman.

Incrementar y mejorar las condiciones laborales de las plantillas, internacionalizar las universidades, mejorar sus condiciones de financiación o atraer más alumnos frente al creciente trasvase, sobre todo en los posgrados, a las universidades privadas son algunos de los retos que afrontan las universidades públicas para el curso que entra y el siguiente. No los únicos, pero sí los más acuciantes.

Recuperar estudiantes

Las universidades públicas tienen un problema. Entre el curso 2008-09 y el pasado, los centros públicos perdieron el 6,3% de sus estudiantes de grado. Los privadas, por el contrario, ganaron un 17,6%.

En conjunto, esto implica una caída del número total de universitarios, dado que la pública se mueve en cifras por encima del millón y la privada no llega a 200.000, con lo que su subida no compensa la caída de la primera. El Ministerio de Educación siempre achaca este descenso a la disminución de la población en edad universitaria en los últimos años. Hay menos jóvenes de entre 18 y 21 años, así que menos van a la universidad.

Pero no solo afecta la demografía. El descenso en la cuantía de las becas un 27%, unido al repunte en el precio de las tasas y el endurecimiento de las condiciones para mantener las ayudas también han tenido su impacto, según estudiantes y sindicatos, aunque no pueda concretarse en números exactos. Pero sí se han registrado casos en los que el Ministerio de Educación ha pedido la devolución de importes ya pagados.

Y el problema es mucho más acuciante en los máster. En los últimos siete años, las universidades públicas han casi triplicado sus estudiantes de posgrado, pero han pasado de acoger al 85% de quienes estudian un máster al 68%. En el caso de los centros privados, han elevado sus alumnos de máster un 600% y ya tienen a casi uno de cada tres estudiantes.

Personal universitario: precarización

Incrementar las cifras del personal que trabaja en las universidades y mejorar sus condiciones laborales es uno de los desafíos más evidentes. La tasa de reposición –un mecanismo por el que Hacienda fija cuántos funcionarios se pueden sustituir cuando se jubilan– ha estado varios años entre el 0% y el 10%, lo que ha diezmado las plantillas universitarias. En ocho años, desde 2009, se ha registrado una bajada del 6,6% de profesores. Pero en el último curso subió respecto al pasado, destaca Parellada. Poco, pero quizá indicativo de un cambio de rumbo.

En todo caso, ese repunte ha seguido un patrón claro. El porcentaje de funcionarios de la Universidad ha caído (han pasado de ser más de la mitad a que los contratados sean mayoría en los últimos diez años, probablemente por la tasa de reposición, según datos del CyD). En cuanto a la duración de los contratos, la tasa de temporales ha ido aumentando en los últimos cursos hasta alcanzar el 42,6%, según datos del Ministerio de Educación. Este dato implica que las propias universidades incumplen la ley, que fija en un 40% el máximo de empleados que pueden ser temporales. La conjunción de estos dos datos apunta en una dirección: precarización de las plantillas.

Mejorar la investigación, aunque los resultados globales españoles no son malos, también se presenta como un reto. El año pasado aumentó el gasto en I+D un 2,7% tras varios cursos de descenso. España se mantiene en el décimo puesto mundial en cuanto a producción científica, según la Fundación CyD. Pero un dato: el 24% del Personal Docente Investigador (PDI) no tenía el curso pasado ni un solo sexenio de investigación aprobado.

Para que las universidades funcionen, no todo es profesores y estudiantes. El colectivo de Administración y Servicios (PAS) ha sufrido en sus carnes el embate de la crisis, y en algunos centros, como la Universidad Complutense de Madrid, está al 50% de lo que fue, ocasionando graves problemas en el día a día del centro. “Hay mucha gente asumiendo más funciones de las que les corresponde. En estas condiciones cuesta atender nuevos proyectos y poner en marcha nuevos servicios”, explica Isabel Fernández, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UCM.

Financiación y tasas

La gran tarea pendiente de la Universidad. Ocho años de decisiones políticas por la crisis se han llevado por delante el 18% de la financiación que tenían las universidades, unos 1.900 millones de euros menos. Esta caída ha afectado a la contratación, a las condiciones laborales del personal existente, al mantenimiento mismo de las universidades o a la posibilidad de crear nuevos proyectos y servicios. También ha venido de la mano de una subida de tasas en casi todos los centros públicos por orden de los Gobiernos regionales (excepto Galicia y Extremadura, todos subieron los precios, Cataluña y Madrid llegaron a duplicar el de algunos grados), que intentaron paliar de esta manera la caída de los ingresos. En otras palabras, el descenso en la financiación lo acabaron pagando los estudiantes.

Los rectores piden más dinero, claro. Pero no solo. Con una inmensa mayoría de sus ingresos proviniendo de las arcas públicas demandan, sobre todo, un nuevo plan de financiación que esté menos al albur de las decisiones del político de turno y que sea más estable y predecible. Más ligado a objetivos (de resultados académicos y/o de investigación), con una duración de varios años para saber a qué atenerse y poder trazar planes a medio plazo sabiendo con qué ingresos se contarán. Nadie en el Ministerio parece escuchar estas reclamaciones.

Internacionalización

Se trata de casi una necesidad de las universidades españolas, según los expertos. No es solo una cuestión de figurar mejor en los ránkings internacionales, sino de abrirse al mundo para captar talento en forma de profesores, investigadores y alumnos. También fondos para I+D en un mercado cada vez más competitivo y global.

Internacionalizarse, explica Fernández, es “ser polo de atracción de estudiantes extranjeros”, que en el caso significa Latinoamérica, pero no solo. Es implementar, “sobre todo en aquellas áreas dónde tenga más sentido”, grados bilingües y dobles grados. Es incrementar la movilidad del profesorado nacional y traer extranjeros que aporten talento y otra visión.

Uno de los principales obstáculos para esta última meta es la falta de presupuesto. Con los contratos estándar de profesor visitante (la fórmula estándar por la que se deberían contratar extranjeros) rondando los 2.000 euros mensuales es difícil atraer a nadie de cierto nivel, admite la vicerrectora.

¿Y el olvidado 3+2?

Por último, la Universidad va a tener que afrontar antes o después el cambio de estructura en los grados hacia el 3+2. Cuando el exministro de Educación José Ignacio Wert permitió a los centros ofrecer grados de tres años y masters de dos (en vez de los 4+1 actuales) la Conferencia de Rectores se dio una moratoria en su aplicación que finalizaba este año. El pasado mayo se prorrogó la moratoria un año, para el curso que viene. Lo que quiere decir, si se cumple esta y no hay más, que durante este curso las universidades podrán empezar a preparar y presentar los nuevos grados a la agencia de evaluación nacional ANECA.

Las universidades catalanas siempre han mostrado su intención de acogerse a esta fórmula, que Educación aprobó como opcional, nunca obligatoria, en aras de la internacionalización antes expuesta (es relativamente habitual en Europa). Los rectores no es que estén abiertamente en contra, pero sí temen los efectos económicos que pueden tener. Cursar un año de máster es sensiblemente más caro (hasta el doble o el triple) que uno de grado, y con el 3+2 se elimina un curso de grado para añadir uno de máster que, aunque no es obligatorio, al reducir la duración de los estudios básicos, y por tanto su contenido, se hace más necesario para concurrir al competido mercado laboral.