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La Ley de Propiedad Intelectual salva a España de recaer en la lista negra de Hollywood

EEUU deja fuera de la "lista 301" de "países piratas" a España pero le advierte de que la someterá a "revisiones" periódicas

El informe es una de las herramientas de la industria cultural norteamericana para presionar a los gobiernos

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Portada del Informe 301 de 2013 de la Oficina de Comercio de EEUU

Portada del Informe 301 de 2013 de la Oficina de Comercio de EEUU

España pasa el corte, pero necesita mejorar. Ese es el mensaje que manda EEUU al gobierno español sobre su política de lucha contra las descargas y el intercambio de archivos con copyright en Internet. La Oficina de Comercio estadounidense acaba de hacer pública su particular lista que luego se usa para hablar de "países piratas": el informe 301 ( pdf).

España, a la que se ha amenazado con volver a estar incluída en esta categoría, queda fuera de la lista y salva la cara ante el lobby de la industria cultural nortemericana. Eso sí, EEUU anunca que "se llevarán a cabo revisiones" centradas en comprobar "los pasos concretos que dé España para combatir la piratería de contenido con copyright en Internet", dice el informe.

Lo dicen los cables diplomáticos desvelados por Wikileaks y lo dice la agenda de reuniones en Moncloa que ha ido filtrándose. Las grandes productoras de la industria cultural en Estados Unidos, y en su nombre la Administración primero de Bush y ahora de Obama, lleva años presionando a España para que sea mucho más agresiva contra las páginas de enlaces o de streaming de música, cine o descarga de libros.

La lista 301 ha sido el principal instrumento de presión sobre Rajoy. Lo publica la Oficina de Comercio estadounidense cada año, a finales de abril, y recoge las recomendaciones y valoraciones de grupos de presión privados sobre la protección de la propiedad intelectual en diferentes países del mundo. Para este año, las multinacionales del cine, la informática y la distribución habían recomendado volver a colocar a España en esa lista negra, como castigo a la aplicación ineficaz de la Ley Sinde-Wert, que fue precisamente la razón por la que el país salió en 2012 de la clasficiación de lo que se ha dado en llamar "países piratas".

Por esa razón, la aprobación del anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual y la recepción en enero durante hora y media de Mariano Rajoy en Moncloa al presidente de la Motion Picture Association of America (MPAA), se han interpretado en el sector como un intento de que finalmente EEUU no declarara de nuevo a España un lugar nocivo para sus intereses comerciales en el ámbito cultural. 

La Ley de Propiedad Intelectual - llamada por sus detractores Ley Lassalle, en nombre del Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, en un intento de personificar la protesta tal y como ocurrió con la Ley Sinde - afina su ataque contra las páginas de enaces y la copia privada en Internet.

Según el texto, cualquier persona o empresa que esté "poniendo a disposición del público o difundiendo a gran escala" contenido que esté causando un "perjuicio comercial" podrá ser identificada. El autor o gestor de esos derechos podrá acudir a los tribunales por la vía civil y el operador de Internet (Telefónica, Ono, Jazztel...) tendrá que facilitar los datos de conexión y la identidad de su cliente, posibilidad reservada hasta ahora a delitos graves. 

El Gobierno no solo va a perseguir las páginas de enlaces sino que también irá a por las empresas que se anuncian en ellas. Con la reforma, pretende que el Estado pueda  "forzar la prohibición de incluir publicidad" en las páginas de descarga, que además estarán sometidas a posibles sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros. Las pasarelas de pago, como PayPal, HiPay y otras muchas que permiten hacer transacciones económicas en Internet, también recibirán notificaciones judiciales, amparadas en esta nueva ley, para que corten el servicio a estas webs cuando estén generando lucro.

Para estos casos, se refuerza el poder de la sección de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de examinar las denuncias ante el Gobierno de autores que requieran el cierre de páginas web que difundan su obra a través de enlaces o descarga directa. 

También se hace una "revisión profunda", dice el anteproyecto, del  concepto legal de copia privada. El Gobierno quiere que la única copia legal sea ese DVD de música que llevas en el coche y que no es el original, que conservas en casa para que no se estropee; o ese CD de canciones de amor que has sacado de diferentes discos comprados hace años. O el programa de televisión que grabas para ver un rato después. Y que todo lo demás sea "piratería" y delito, salvo alguna excepción vinculada a la educación.

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