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Cambiar el tablero de juego

La gran batalla política de este siglo será salvaguardar el contrato social europeo. Para ello, el Estado-nación es insuficiente y una UE inacabada puede convertirse en una ratonera

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No es momento de mover ficha, ha llegado la hora de cambiar el tablero de juego. Una grave crisis territorial, que tiene como epicentro Cataluña, la llegada de nuevas generaciones que no sentimos como propio el pacto constitucional y una crisis económica que ha dinamitado todos los consensos sociales, ha dañado los cimientos mismos de la arquitectura institucional del Estado creada en el 78. Cada vez está más extendida la sensación de fin de etapa, de cambio de ciclo. Una sensación amortiguada por una mayoría absoluta del PP que tiene los días contados, y es que sin reconocer la actual quiebra de la confianza en las instituciones es difícil entender nada en la actual política española.

Los consensos políticos sobre los que ha pivotado este país están en entredicho: la monarquía parlamentaria, el Estado de las autonomías, la UE como factor de progreso y la alternancia como modelo de gestión del poder. Por supuesto que mantienen muchos apoyos; pero han dejado de tener la solidez que necesitan los consensos que cimientan una sociedad. Rehacer y adaptar los consensos sobre una nueva arquitectura institucional de España debería ser el horizonte sobre el que se proyecte el debate público.

La  democracia española aborda (puede que sin saberlo) el mayor reto al que se haya enfrentado en su historia reciente: comprender a Catalunya y hacerle partícipe de un proyecto común. La necesidad de federalizar España y reconocer su realidad plurinacional es también una oportunidad. La reforma territorial debe ser también la palanca de regeneración y modernización democrática que la Administración necesita y los ciudadanos merecemos. Permitiría hacer cómplices del engranaje institucional a las nuevas generaciones y adaptar los procesos políticos a las demandas de un nuevo tiempo. Más transparencia y mejores mecanismos de control sobre nuestros representantes públicos.

Nos permitiría afrontar sin ambages importantes cuestiones pendientes. Una justicia que necesita que le recoloquen la venda. Una jefatura del Estado desacreditada que merece un debate sereno y sin prejuicios. Y unas relaciones con la Iglesia católica impropias de nuestro tiempo. Todos ellos temas que deben formar parte del debate primero y del acuerdo después.

Necesitamos un acuerdo institucional que incluya un nuevo pacto entre capital y trabajo con eficaces mecanismos para luchar contra las brutales desigualdades generadas por la crisis y agravadas por la austeridad y la devaluación interna. Salarios en caída libre, relaciones laborales precarizadas y paro gigantesco. Resultado: una situación social devastadora.

Las rentas del capital se han disparado y el trabajo tiene una enorme carga impositiva. Las disfunciones fiscales provocan muy poca capacidad de recaudación (en términos comparados, es absurdamente poca) y concentrada en las clases trabajadoras y medias. En consecuencia, tenemos un gasto social maltrecho por los recortes y en muchos casos regresivo por su recaudación. Reequilibrar estos factores (capital y trabajo) mediante una profunda reforma fiscal y constitucionalizar los derechos sociales deberían ser parte fundamental del nuevo acuerdo. Redistribuir gracias a un crecimiento basado en cimientos más saludables y equilibrados con una potente maquinaria de provisión de bienes públicos; ese es el objetivo.

Se debe acomodar el Estado a una nueva dimensión política y geográfica. Obteniendo así herramientas para ensanchar la democracia en Europa e impedir que ocurran fallos institucionales como el de la crisis de la deuda soberana. La gran batalla política de este siglo será salvaguardar el contrato social europeo. Para ello, el Estado-nación es insuficiente y una UE inacabada puede convertirse en una ratonera. Ese es el reto y estos son los riesgos. Pero para esa batalla debemos dotarnos de herramientas suficientes.

Una segunda Transición en toda regla. El suelo se ha movido: si no rehacemos los cimientos, corremos el riego de que el edifico se venga abajo. Con nosotros dentro. Porque los riesgos están ahí. Una ruptura de la legalidad por la vía de los hechos (una Constitución es una pared de triple hormigón pero hasta esas se pueden romper). O una enorme frustración que fragmente o colapse el sistema político y lo haga inoperante. Camino abonado para el populismo y que dejaría todo el poder en manos de las fuertes oligarquías nacionales, esas familias que en el siglo XIX hicieron los trenes; en el XX, las carreteras; y en el XXI, la alta velocidad.

Demandemos un punto y aparte en la historia de España. Un reset que tenga como eje la profundización de la democracia en el ámbito económico e institucional. Un futuro común basado en el respeto, el reconocimiento mutuo y la lealtad federal. De no hacerlo, caminaremos al filo del despeñadero. Ha llegado la hora de recordar que el futuro está en nuestras manos.

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