Todavía existe el Derecho laboral

Las reformas laborales aprobadas respectivamente por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012 tuvieron como principales efectos el abaratamiento del despido, la reducción del poder negociador de los trabajadores y la precarización general de las condiciones laborales, con reducciones salariales que han hecho que se multiplique el número de trabajadores pobres y mayores facilidades para que los empresarios cambien de lugar o de función a sus empleados. Sin embargo, estas reformas han tenido otra consecuencia que ha sido menos comentada: en los últimos años ha cundido en el mundo del empleo la idea de que todo vale, de que ya no hay normas que limiten el poder de dirección de los empresarios. En un país con una altísima tasa de economía sumergida que viene de antes de la crisis, el incumplimiento del Derecho laboral es sistemático en los sectores más precarizados, como la hostelería y el turismo (precisamente en aquellos en los que nuestros gobernantes quieren que España se especialice). Y, aunque desde 2011 no se publica la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, un informe de la Fundación 1º de Mayo confirma que las citadas reformas laborales no han hecho más que agravar esta situación.

Más allá de las cifras de temporalidad y empleo a tiempo parcial, pobreza laboral, desigualdad social y demás indicadores de la catástrofe social que sufrimos, la experiencia de dos años de asesoría jurídica de la Oficina Precaria nos permite hacernos una idea de algunas de las violaciones del Derecho laboral que sufren más frecuentemente los trabajadores jóvenes y precarios: los contratos temporales en fraude de ley y los falsos autónomos. Según datos de la Inspección de Trabajo citados por el sindicato CGT, el 95% de los contratos de duración determinada son ilegales. El Estatuto de los Trabajadores permite hacer este tipo de contratos solo cuando el trabajo que se va a realizar tiene carácter temporal pero las empresas los utilizan para todo tipo de tareas. A pesar de las últimas reformas del Estatuto, la ley sigue protegiendo al trabajador en este ámbito: una persona que haya estado cierto tiempo trabajando con uno de estos contratos en fraude de ley tiene derecho a que la empresa la contrate de forma indefinida.

Otra ilegalidad que está muy de moda últimamente es la de los falsos autónomos: las empresas contratan a trabajadores con la condición de que se den de alta en la Seguridad Social como si fuesen autónomos, así que pagan ellos su cuota de la Seguridad Social aunque en realidad trabajan regularmente para una sola empresa. Si el trabajador interpone una demanda, el juez debe reconocer la existencia de una relación laboral, lo que obliga a la empresa a pagarle según el convenio colectivo aplicable y sufragar la parte correspondiente de la cuota de Seguridad Social. El fenómeno de los falsos autónomos está legitimado por el discurso político que basa en el emprendimiento la recuperación de empleo en nuestro país, repetido machaconamente por la Comisión Europea y el Gobierno.

En la asesoría de la Oficina Precaria hemos constatado que incluso entre las personas que dan el paso de acudir a informarse, es frecuente el sentimiento de indefensión ante los atropellos que cometen cotidianamente las empresas. Organizarse con los compañeros de trabajo para constituir un comité de empresa o simplemente apoyarse mutuamente para protestar, acudir a un sindicato o recurrir a la justicia son ideas remotas para la mayoría de los trabajadores jóvenes. Por supuesto, con más de un 50% de paro juvenil y una tasa de temporalidad que supera el 60%, es perfectamente comprensible que casi todo el mundo prefiera soportar condiciones de trabajo ilegales que arriesgarse a perder el empleo.

Lo malo es que el sentimiento de resignación ante las violaciones de los derechos laborales es tan fuerte que muchas personas renuncian a denunciar incluso cuando ya han sido despedidas y no tienen nada que perder. El mundo del Derecho da miedo, mucha gente no sabe que en el ámbito laboral no se pagan tasas, da pereza embarcarse en un larguísimo proceso por unos cientos de euros... y sobre todo, muchos trabajadores no saben de la existencia de ninguna asesoría jurídica gratuita. Una persona que alterna el desempleo con trabajos precarios no puede permitirse pagar a un abogado, quizá ni siquiera la cuota de un sindicato. Por eso es fundamental que haya más instrumentos como la asesoría de la Oficina Precaria, que se esfuercen por sacar a los trabajadores jóvenes de la resignación en la que los ha sumido el mensaje transmitido continuamente por el poder de que no hay alternativa, que hay que resignarse a la precariedad para reducir el paro y para ser competitivos. Está claro que hay que seguir luchando por la derogación de las reformas laborales regresivas y por una política económica que prime la creación de empleo de calidad frente al pago de la deuda, pero mientras conseguimos todo esto también podemos dar la batalla en los tribunales.