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La universidad: estudiantes endeudados sin futuro laboral

La universidad renuncia, de este modo, a ser lo que ha pretendido ser siempre: una plataforma cultural y un agente de compromiso social

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La Lomce entra en vigor hoy, aunque comenzará a aplicarse en el curso 2014-15

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. / Efe

Hace meses que conocemos los planes del Gobierno para la universidad, pero ya nos empiezan a quedar más claros. El 'Objetivo Wert' es una universidad cara, semiprivatizada, subvencionada por la banca, y de estudiantes endeudados.

En sus últimas apariciones públicas, Wert nos ha recordado, "sin hacer demagogia", que la enseñanza universitaria no es obligatoria, lo que se traduce, básicamente, en que no puede ser concebida como un derecho sino sólo como un servicio formativo con fines laborales. Un centro de formación profesional, en definitiva, orientado a la tecnificación, en el mejor de los casos, cuando no a la cualificación de obreros rasos, acríticos y útiles al sistema de producción.

Lo importante ya no es adquirir conocimientos, ni cultura, ni educarse en programas generalistas, lo importante es aprender a apretar el tornillo número 36 en un mercado agresivamente competitivo. La universidad renuncia, de este modo, a ser lo que ha pretendido ser siempre: una plataforma cultural y un agente de compromiso social.

De lo que hablamos, pues, es de extender al espacio universitario el modelo privatizador que el PP ha puesto en marcha ya para el servicio sanitario y que se apoya, por supuesto, en la negación del derecho a la salud.

El dogma de la sustitución del derecho por el servicio se repetirá también ahora como un mantra en los campus universitarios, y su lógica impondrá las contratas y subcontratas del servicio administrativo (previsiblemente, el grueso del PAS –Personal de Administración y Servicios– perderá su condición funcionarial), la concepción del estudiante como cliente y el sometimiento de la investigación a las pautas del mercado. Si es la empresa la que subvenciona el proceso investigador, será ella la que dicte sus resultados.

Desde luego, no puede decirse que el negocio no esté bien pensado. ¿Quién se negará a solicitar o avalar un crédito que permita a su hijo cursar estudios universitarios? ¿Quién se lanzará a investigar sobre problemas sociales, por muy mayoritarios que estos sean, sin el mínimo apoyo económico que cualquier investigación requiere? Sería toda una osadía, cosa de héroes o de idiotas. Sin duda, es una maquiavélica forma de acabar con la fuerza del funcionariado que es, precisamente, la de la independencia y la libertad de cátedra en el marco de la autonomía universitaria.

Lo que yo me pregunto, en este nuevo panorama, es si la universidad puede subir tasas y apoyar el endeudamiento de sus estudiantes a cambio de un futuro laboral que no está en condiciones de asegurar. ¿No es esto, sencillamente, una estafa en diferido? Siempre puede decirse que el servicio que la universidad presta, no asegura, un resultado, sino que sólo ofrece los medios apropiados para alcanzarlo, habilidades y competencias para el trabajo, pero ¿cómo se pueden valorar exactamente tales medios en el contexto actual y a largo plazo, cuando no parece que haya nadie capaz de hacerlo? No veo cómo un centro universitario puede comprometerse a colocar a personas competitivas en un mercado en decadencia y fuera de control, a base de cobrar por ello cantidades imposibles.

Lo normal sería que, pasados los años, estos alumnos entrampados, víctimas de la nueva burbuja crediticia que se nos viene, no ganaran lo suficiente como para pagar sus créditos, algo que, de hecho, ya sucede en EEUU, y solicitaran a la universidad una indemnización proporcional a su deuda o, incluso, una subrogación.

¿Por qué no? No sería descabellado, habida cuenta de la imaginación jurídica que, muy a pesar del nuevo modelo universitario, le es exigible a cualquier abogado que se precie. Sería, además, una buena forma de reparar una injusticia, dado que los ricos de familia no se verán nunca sometidos a semejante situación. No olvidemos que la responsabilidad civil es especialmente exigible a la Administración, máxime cuando presta un servicio y contrae una cierta obligación contractual (vía pago de tasas), aunque no se comprometa con un resultado concreto.

Lo cierto es que es evidente que este cambio en la fisonomía universitaria no tiene como finalidad apoyar a la universidad sino, más bien, favorecer al mercado. Y lo peor es que esta fórmula tecnificada y pretenciosa, no sólo limitará y degradará el espacio destinado a la investigación, modificará el estatus laboral del personal administrativo y endeudará a los estudiantes, sino que situará a la universidad en el centro de un huracán del que no podrá salir por sus propios medios. Está claro que el 'Objetivo Wert' no augura nada bueno. Después de esta década "prodigiosa", sólo nos quedarán los lodos que hayan surgido de estos polvos.

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