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Del alborotador al terrorista sólo hay un paso

Que a la crisis seguirían los recortes y a estos la represión (porque no hay recorte social, sin supresión de libertades) era más que previsible, pero parece que nosotros vamos a ser los primeros de la clase

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Pedro Sánchez firmó hace unos días lo que pudiera ser su acta de defunción. La esquela era una foto en la que aparecía, junto a uno de sus posibles ejecutores políticos, rubricando con firmeza el llamado “pacto antiterrorista”. Con la reforma del artículo 573 del Código Penal nuestro protagonista convertía de un plumazo en actos terroristas los “desórdenes públicos” orientados a subvertir el “orden constitucional” (un orden que, por cierto, el PP ha hecho trizas en los últimos años), a suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las “instituciones políticas” y de las “estructuras económicas y sociales” del Estado, o a obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. En definitiva, convertía en actos terroristas los desórdenes orientados a alterar gravemente la “paz” social (sea lo que sea eso) en según qué circunstancias, y lo hacía con un texto farragoso, obtuso y oscuro. Un texto que ni puede garantizar la seguridad jurídica que exige cualquier actuación en el ámbito penal, ni utiliza el derecho penal como ultima ratio, tal como nos enseñan en las Facultades de Derecho.

Este pacto suicida es el resultado de la fórmula: “agregue desorden y agite”, que con tanto tino se ha utilizado también en la ignominiosa reforma del Código Penal. Allí ya se calificaba la resistencia pasiva como un posible acto grave de desorden público, así que, ahora, con este cocktail molotov, la expresión pacífica de opiniones está a un pasito de transformarse en un acto terrorista. Es curioso que, queriendo acabar con los terroristas, nos ocupemos de multiplicarlos, en lugar de reducirlos.

Lo cierto es que con esta reforma triunfará en nuestro país, sin paliativos, el derecho penal del enemigo; ese estado de excepción al que ya contribuía la trilogía de la represión: la reforma del Código penal, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, hoy en trámite parlamentario. Enhorabuena. Cuando esta trilogía entre en vigor, veremos limitado hasta lo inane nuestro derecho de expresión, manifestación y reunión (arts. 20 y 21 CE), así como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y habrá registro de infractores reincidentes, auténticas listas negras, para los obcecados. Se endurecerán las penas sin justificación, se penalizará la legítima protesta y la contestación social, y se criminalizará la pobreza y la solidaridad, olvidando aquellos comportamientos que mayor perjuicio causan a la sociedad en su conjunto (como la corrupción política y el fraude). Se instaurará un auténtico Estado policial en el que será más difícil perseguir las diferentes formas de violencia institucional. Y buena parte de todo esto sucederá sin control judicial y sin las preceptivas garantías procesales.

Es obvio que hoy estamos tan lejos del terrorismo yihadista como de las  recomendaciones de la OSCE,  Amnistía Internacional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya denunciaron en su momento que nuestra normativa sancionara a los promotores de manifestaciones expresamente prohibidas por el único motivo de no haberlas comunicado previamente, o que los ciudadanos que participaran en esas concentraciones no comunicadas también se arriesgaran a ser multados, aun cuando las protestas se desarrollaran pacíficamente. ¡Mindundis desorientados! Lo que ellos no sabían es que ahora, gracias a este pacto, los participantes en protestas pacíficas podrán ser investigados y detenidos por unidades policiales antiterroristas; sus comunicaciones serán intervenidas sin autorización judicial previa, y su arresto transcurrirá en régimen de incomunicación, hasta un máximo de cinco días. Y el mismo tratamiento recibirán quienes difundan públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos tipificados. Esto es lo que se entiende por una legislación clara, inequívoca y concreta: “ser idóneo o no ser idóneo”, no deja lugar a dudas. A la OSCE le preocupaba, además, la amplia discrecionalidad con la que las personas pueden ser identificadas en España. Tampoco sabían que en eso nos íbamos a superar y que ahora, con la ley Mordaza, los alborotadores van ser identificados y, si insisten, registrados. Entretanto, Rafael Hernando asegura que esta regulación es “pionera y novedosa” y que coloca a España como el primer país europeo que, siguiendo los dictámenes de la ONU (¿), da una “respuesta eficaz y rápida” al terrorismo. Evidentemente, no todos los que estamos vivos, vivimos en el mismo mundo. Definitivamente, hay “realidades” paralelas dignas de Cuarto Milenio.

En fin, que a la crisis seguirían los recortes y a estos la represión (porque no hay recorte social, sin supresión de libertades) era más que previsible, pero parece que nosotros vamos a ser los primeros de la clase. Y eso que no quiero entrar en la valoración de esa prisión permanente revisable que el PSOE aprueba ahora para derogar después, en lo que viene siendo un desvarío con pretensiones estratégicas o no se sabe muy bien qué.

Desde luego, generar confusión y perplejidad en temas tan graves no parece muy sagaz. Y, sin embargo, Pedro Sánchez pretende reforzar con esto su perfil institucional y su muy cuestionado liderazgo interno en el partido socialista. Según su lectura, esta foto de “hombre de Estado”, que ha puesto la puntilla a la criminalización y a la represión pepera, le dará credibilidad entre sus parroquianos e incluso algunos réditos políticos a medio plazo. Es increíble que sea incapaz de ver lo semejante que es esta foto a aquella otra con la que se selló la vergonzosa reforma del artículo 135. Una foto que perseguirá al PSOE hasta los confines de su historia y de la que el propio Sánchez ha querido desmarcarse. ¿Cómo puede recurrirse al argumento de la responsabilidad de Estado mientras se contribuye a dinamitar el Estado de Derecho? Deben ser tan letales las puñaladas traperas en estas carreras por el caudillaje, que en la precampaña electoral, y en plena crisis de partido, algunos están dispuestos a vender su alma al diablo por aparentar una vocación de gobierno que, en este caso, es puro voluntarismo. Está claro que los partidos políticos son ya auténticos zombies devoradores de sus hij@s, que los vampirizan, alientan su suicidio, u organizan espectaculares aquelarres para comérselos vivos (“Líbrame, señor, de mis amigos que de mis enemigos me libraré yo”). Y está claro también que sólo unos pocos resisten indemnes a semejante barbarie interna. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez va a ser uno de ellos?

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