El juego de trileros del PP en materia de empleo
El Gobierno del PP se ha convertido en el alumno aventajado de la política de férreo control presupuestario y drástica reducción del gasto público impuesta por la burocracia europea y organismos de naturaleza espuria como la Troika, lo que supone el abandono de cualquier tipo de política de inversiones que propicie una generación real de empleo de calidad. A cambio, el Gobierno español ha diseñado una calculada estrategia que le permita maquillar las cifras –que no las consecuencias- del desempleo. Se trata de una estrategia relativamente simple y que consiste, ante la imposibilidad/falta de voluntad de crear empleo suficiente para atender la demanda real, en proceder -como el trilero que esconde la bolita-, a la destrucción (al menos nominal) del desempleo.
La estrategia de los tres tercios
La primera manifestación de esta estrategia tiene que ver con el fenómeno de la reducción de la población inscrita como demandante de empleo. Unos simplemente han dejado, por desencanto, de figurar en los registros oficiales de desempleados. Otros, lo que resulta más dramático, han sido literalmente expulsados del propio país ante la evidente falta de expectativas de un empleo razonable. Se trata, a pesar del oscurantismo de las estadísticas (entre 400.000 y 700.000, según las fuentes), de un fenómeno relevante que no se producía en nuestro país desde los años 50 y 60 y que no parece que vaya a disminuir en los próximos años.
En segundo lugar, están los expulsados del mercado de trabajo por cuenta ajena (y de las estadísticas de desempleo). Se trata de las personas que, de manera creciente están optando por buscarse la vida por sí mismos como trabajadores autónomos, alentados por una quimérica campaña en torno al emprendimiento, que oculta las verdaderas dificultades de desarrollo de una actividad empresarial en un contexto de absoluta restricción económica (problemas, entre otro, como la falta de financiación y acceso al crédito) y que promete una independencia profesional que encubre, en gran parte de las ocasiones, la existencia de una dependencia económica real respecto de otras empresas que les explotan igualmente pero sin ninguna contrapartida laboral o social.
En todo caso, en esta materia, los resultados de la estrategia del Gobierno no pasan de ser discretos, a pesar de la amplia batería de incentivos ofrecidos: desde febrero de 2013, fecha en la que el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social toco fondo, hasta febrero de 2015, solo se han recuperado 123.000 (existiendo actualmente en términos absolutos 274.000 autónomos menos que el mes record, mayo de 2008).
En tercer lugar, la (tímida) reducción de las cifras de desempleo se debe al crecimiento del colectivo de subempleados, consecuencia de la devaluación salarial y del reparto de los salarios existentes. En efecto, el empleo creado en estos últimos años, caracterizado por la precariedad y por una parcialidad creciente, está directamente vinculado a la generalizada disminución salarial exigida por las instituciones europeas y patrocinada por nuestro Gobierno. Ello supone que, en lugar de creación de empleo neto, lo que se está produciendo, realmente, es un reparto del empleo existente con un paralelo reparto de los mismos salarios globales.
Esto ya no es una simple intuición. Lo ponen de manifiesto las propias fuentes oficiales de Hacienda y de la Seguridad Social: a pesar de la creación de cerca de medio millón de empleos durante el último año, en 2014 la renta de los hogares apenas ha crecido un 2%; mientras que la recaudación de la Seguridad Social, con cerca de 400.000 afiliados más se ha incrementado en el mismo periodo tan solo en un 1%.
Y el trabajo ¿qué? La herencia que dejará Rajoy
Esta es la realidad que se esconde tras el presunto milagro predicado por el Gobierno de que España está creando empleos con tasas de crecimiento económico relativamente bajas: expulsión del mercado de trabajo y del país, subempleo autónomo y contratación temporal, a tiempo parcial y mal pagada.
Y lo peor es que para conseguir estos exiguos y fraudulentos datos de empleo, el PP ha realizado una reforma laboral que constituye la mayor operación en la historia reciente de eliminación de garantías para el trabajo: fomento de la contratación temporal y a tiempo parcial; precarización de la contratación indefinida (sometida a cada vez más flexibles causas de extinción y con una indemnización por despido injusto notablemente reducida); eliminación de la capacidad disciplinadora e igualadora de los convenios colectivos en favor de un cada vez más creciente poder empresarial para fijar y variar unilateralmente las condiciones de trabajo, etc. A lo que hay que sumar las reformas regresivas en materia de protección social: reducción de pensiones y de prestaciones por desempleo, y dependencia.
Este modelo, que promociona el empleo precario, a tiempo parcial y de bajos salarios que condena inexorablemente a la pobreza a grandes capas de la población trabajadora, es el modelo de relaciones de trabajo que dejará en herencia el PP y que –salvo que sea revertido inmediatamente- tendrá unas gravísimas consecuencias en términos de pobreza, desigualdad y cohesión social, en particular para los jóvenes a los que se condena a un futuro sin empleo –o empleo precario- y sin protección social.
