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La sociopatía del Partido Popular

Los problemas de (in)comunicación del PP se llaman “recortes, pobreza y represión”, pero, no se preocupen, porque no hay mal que cien años dure. Ni siquiera el más sofisticado de los sociópatas puede engañar a mucha gente por mucho tiempo

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No se trata de matar al mensajero. El PP no tiene problemas de (in)comunicación o, digamos, su (in)comunicación no le supone un problema. Pierden y van a perder escaños porque sufren de una sociopatía muy grave combinada con buenas dosis de pijerío y nuevorriquismo, y con una confusión, tan persistente como malintencionada, entre el buen político y el mal empresario. Al calor de la austeridad y la eficiencia, el PP ha fabricado un auténtico Proyecto de País orientado al aumento de la pobreza y al recorte de derechos y libertades, sin contribuir por ello a la recuperación económica. He aquí cinco grandes hits de su programa antisocial.

Priorizar el pago a los acreedores y desmantelar el exiguo Estado social. En España, defender hoy el derecho al trabajo, la vivienda, la educación, o la salud, puede situarse entre la ingenuidad y la provocación (bendita sea por siempre la reforma del artículo 135CE). Y si alguien tuviera alguna duda, que lea el Informe que ha publicado recientemente la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

La reforma laboral del PP se tradujo finalmente en más paro y precarización (hoy la tasa de desempleo es brutal (23,7%) y el desempleo juvenil (51,8%) es una tragedia).

El número de desahucios diarios que se producen en España es sobrecogedor, pero los privilegios de los que disfruta la banca han convertido la dación en pago en un sueño imposible.

La caída en inversión en educación ha supuesto un incremento del 30,3% del gasto familiar y eso que se ha reducido el salario a los profesores, se han incrementado sus horas lectivas, se ha aumentado la ratio profesor–alumno y se ha disminuido el número de docentes. Suponemos que, una vez más, gana la banca.

Los recortes sobre el sistema sanitario han incrementado los riesgos para la salud y la vida de la mayor parte de la población, especialmente de aquellos grupos con menores ingresos, y han destrozado el principio de universalidad en el acceso al sistema dejando sin tarjeta sanitaria a 800.000 personas (Decreto 16/2012), muchas de ellas inmigrantes en situación irregular (las mismas que ahora sufrirán las devoluciones en caliente de nuestra fantástica Ley Mordaza).

Y, como decimos, señores y señoras, todo esto sin que exista ninguna evidencia empírica que avale el ahorro económico. O sea, que hemos hecho un pan con unas tortas.

Reprimir y criminalizar la protesta. La trilogía de la represión, esto es, la reforma del Código penal y el Pacto Antiterrorista, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, hoy en trámite parlamentario, limitan hasta lo inane nuestro derecho de expresión, manifestación y reunión (arts. 20 y 21 CE), así como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

El PP se ha apuntado con entusiasmo al populismo punitivo y las “listas negras”, pasando olímpicamente de las recomendaciones de la OSCE, Amnistía Internacional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ha hecho oídos sordos a la oposición del resto de los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones (No Somos Delito, Rights International Spain, Jueces por la Democracia, Asociación Libre de Abogados, Greenpeace, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)), que han denunciado el Estado policial que nos quieren imponer. El propio Sindicato Policial UNIPE ha sostenido que la Ley Mordaza genera indefensión para ciudadanos y policía, dado que en muchos casos no habrá control judicial, ni garantías procesales, y ha señalado el evidente afán recaudatorio que existe en torno a esta ley (La Marea, abril 2015).

Queda claro que el presupuesto pepero es que cualquier protesta es una forma de vandalismo callejero. “Tres son multitud”, sobre todo si son tres desheredados.

Limitar el pluralismo político y la representatividad. No hay duda de que reducir el número de diputados autonómicos y el de concejales va claramente en detrimento de los derechos políticos, y supone disminuir también el número de alternativas elegibles y el grado en que las elegidas resultan representativas. Pero esto no ha sido un problema para Dolores de Cospedal. Es más, para ella esta es una buena estrategia de regeneración democrática. Es una mujer sin complejos que lucha por los derechos políticos de sus “representados”.

Debilitar el poder de la ciudadanía jibarizando a las Corporaciones Locales y violando la autonomía de las CCAA. La reforma del régimen local (Ley 27/2013, de 27 de Diciembre) reduce drásticamente las competencias de los municipios (especialmente, las de los más pequeños) impidiendo su ampliación por medio de leyes autonómicas o trasladándolas a las Diputaciones Provinciales (o similares) que carecen de legitimidad democrática. La ley viola abiertamente la garantía institucional de la autonomía local por la que vela, por ejemplo, la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), y en la que se deja claro que las políticas públicas han de gestionarse en el espacio más cercano posible a la gente dado que esta cercanía garantiza la participación democrática y el control ciudadano (principio de subsidiariedad – artículo 4.3 CEAL).

Vaya, ni descentralización, ni municipalismo, ni soberanía, ni identidad. Esta ley (de tintes preconstitucionales) ha sido objeto de nueve recursos de inconstitucionalidad, y se ha saldado con el absoluto rechazo de casi 3000 municipios (unas 17 millones de personas). Pero al PP le ha importado bien poco.

Controlar y encarecer el proceso educativo para expulsar del sistema a los que no puedan pagarlo. La ley de educación del ministro Wert, con sus recortes, sus eslóganes patrióticos y su tufo a botafumeiro, ha sido tan feroz como inútilmente contestada pero va a ser completada con la reforma universitaria que se está fraguando desde hace años.

El PP viene limitando el gasto universitario desde el 2012, disminuyendo la cuantía de las becas y recortando aún más los fondos destinados a las ayudas al estudio y a las transferencias a las Universidades. Ahora, con el 3 + 2 (3 años de grado y 2 de postgrado) tendrá el dudoso honor de dejar fuera de la Universidad a los alumnos con menos recursos o a los que no puedan endeudarse a base de créditos para estudiar, porque los postgrados son muy caros y el acceso a las becas es cada vez más difícil. La auténtica “madre del cordero” está en crear una nueva burbuja crediticia que favorezca a la banca y que, de paso, alumbre una Universidad más cara y elitista.

En fin, ya lo ven, los problemas de (in)comunicación del PP se llaman “recortes, pobreza y represión”, pero, no se preocupen, porque no hay mal que cien años dure. Ni siquiera el más sofisticado de los sociópatas puede engañar a mucha gente por mucho tiempo.

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