¿Quién vigila a los vigilantes cuando están a las órdenes de Marlaska?

Llega la borrasca Pedro al norte de España en un gesto de evidente complicidad con la política española. Todo es una borrasca sobre el Gobierno al que se le acumulan dos tipos de noticias: las malas y las malísimas. La última de estas es la denuncia de violación contra el jefe operativo de la Policía, José Ángel González, y el cese posterior de su número dos por la acusación de haber intentado coaccionar a la víctima.

La relación de los dos altos cargos profesionales más importantes de la Policía con hechos tan graves coloca al ministro de Interior en una posición inaudita. Incluso si solo se enteró de los hechos el martes, y de ahí la dimisión inmediata de González, no puede afirmar que carece de responsabilidad política. La persona elegida por Fernando Grande-Marlaska como máximo responsable policial a la hora de hacer cumplir la ley está acusada de violarla de forma repugnante. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No debería ser el ministro?

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, dijo a Marlaska en la sesión de control que González era “su hombre de confianza, su protegido”. La definición es correcta. Fue nombrado director adjunto operativo (DAO) de la Policía en 2018 al producirse el cambio de Gobierno. Era tan esencial para Marlaska que le regaló una prórroga cuando estaba a punto de cumplir la edad de jubilación a finales de 2024. Ese límite no admite excepciones, excepto cuando alguien utiliza todo el poder del Gobierno para crearlas. Marlaska confiaba tanto en el comisario que consiguió que se incluyera un artículo en un decreto sobre medidas urgentes por la dana con el que mantenerle en el cargo sine die, hasta su cese o dimisión.

Fue un regalo inesperado para el Partido Popular en la sesión de control. Sus diputados convirtieron el hemiciclo en una despedida de soltero de británicos en Benidorm después de dejar para los restos el avión de Ryanair en el que llegaron. Gritos de “dimisión”, pateos, y golpes en los escaños, no sólo por los que están ahí arriba escondidos en el gallinero, sino también por la dirección del grupo en la primera fila. “Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución”, les dijo Francina Armengol. Los socialistas aplaudieron a Marlaska como si fuera un héroe. También era la forma de intentar acallar el ruido de los enemigos.

Antes de la sesión, Alberto Núñez Feijóo había marcado el tono de los ataques. Dio por hecho sin pruebas que el Ministerio lo sabía todo “como mínimo” desde hace un mes y repitió la frase que utiliza como un estribillo. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. Tres diputados, entre los que estaba Cayetana Álvarez de Toledo, lo repitieron. “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul”, dijo Miguel Tellado.

Marlaska amenazó con querellas si se atrevían a repetir la acusación fuera del Congreso, esa sede sagrada de la democracia constitucional donde el Código Penal no parece estar en vigor: “Digan fuera del hemiciclo que el ministro lo sabía y que no actuó y nos veremos en otra instancia (por la judicial). No voy a asumir esa injuria”.

El ministro de Interior reconoció la gravedad de los hechos y adelantó que se ha relevado al número dos del comisario, Óscar San Juan, al que la víctima –miembro del cuerpo policial– acusa de haberla intentado coaccionar para que no presentara la denuncia con la promesa de un traslado al lugar que eligiera. Dijo que actuó al conocer los hechos el mismo martes y puso además su destino político en manos de la mujer: “Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí renunciaré”.

El abogado de la policía confirmó la versión de Marlaska sobre el momento en que se enteró de la querella. Fue el martes, al confirmarse que el tribunal la admitía, cuando se informó al Ministerio por primera vez. Ese día la denunciante habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”. “Se quedó literalmente de piedra”, contó el letrado.

Desde India, donde está en visita oficial, Pedro Sánchez respaldó las decisiones de su ministro. “Se ha actuado con empatía, con contundencia y se ha actuado con coherencia. Se le ha dado credibilidad a la denuncia”. Los hechos que aparecen reflejados en la querella no dejaban otra opción. El presidente exigió al PP que reaccione con la misma fuerza con la denuncia de una exconcejal contra el alcalde de Móstoles. Sobre ese caso, “no hacen absolutamente nada, al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima”.

El PP ha dado por cerrado el escándalo de Móstoles. Esa fue su intención desde el primer momento y con ese objetivo se movilizó. Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Díaz Ayuso, no ofreció más opciones a la denunciante que el silencio. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”. Finalmente, la concejal denunció a Manuel Bautista por acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y un delito contra la integridad moral.

El PP cuenta ahora con otra oportunidad de ponerse del lado del presunto agresor con la investigación judicial del jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares. Una policía local de Torrejón de Ardoz, donde el comisario Luis Antonio Moreno fue el máximo responsable de la seguridad de la ciudad, le ha denunciado por los delitos de violencia de género, agresión sexual, acoso laboral, vejaciones, calumnias e injurias. El atestado policial fue enviado al juzgado a finales de 2025.

En aplicación estricta de lo que podríamos llamar la doctrina Móstoles, la alcaldesa Judith Piquet no ha hecho nada y no ha suspendido al denunciado en sus funciones, como le reclama la oposición. En esa línea, Piquet siempre podrá decir que está protegiendo a la presunta víctima. No hay muchas posibilidades de que Feijóo diga que lo sabía y lo tapó. Seguro que Tellado no siente náuseas al ver lo que ocurre en Alcalá. Con las instituciones gobernadas por su partido, nunca hay prisa para mostrar la indignación por un caso de violencia de género.