Laia y Alane, acusadas por parar un desahucio y absueltas: “Los Mossos nos han perseguido políticamente”

“Cuando salió la sentencia, fue un respiro, pero piensas en todo lo que ha pasado”. Laia y Alane, dos activistas de sindicatos de barrio de Barcelona, saborean una victoria: el juez ha absuelto a 19 acusados por parar en 2021 el desahucio del Bloc Llavors de Barcelona, que se convirtió en un símbolo. Pero ambas militantes no olvidan lo que tildan de “persecución política en toda regla” por parte de los Mossos d'Esquadra. No contra ellas personalmente, sino contra el conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda.

El caso del Bloc Llavors condensa todos los problemas que afectan a la vivienda en Barcelona y sus derivadas judiciales. Comprado por un fondo buitre, Vauras, en un barrio, el Poble-sec, cada vez más carne de la gentrificación, la resistencia vecinal y de sindicatos ante su desahucio derivó en una macrocausa con una veintena de encausados. La propiedad también se querelló contra la exalcaldesa Ada Colau, en un caso que la Justicia tumbó con duros reproches al fondo.

Los 21 activistas, por su lado, han tenido que pasar por un procedimiento que se ha alargado cuatro años y un juicio de seis días por una amalgama de delitos (atentado a los agentes, coacciones, desobediencia, daños y lesiones) que se han diluido como un azucarillo: al final, solo dos condenados a penas de multa de 1.080 por resistirse al desalojo. La Fiscalía había llegado a pedir altas penas de cárcel y multas por valor de 187.000 euros, pero al final del juicio no tuvo más remedio que rebajarlas o directamente retirarlas.

Los atestados de los Mossos d'Esquadra del caso dibujaban un grado superior de violencia por parte de los encausados. La protesta del Bloc Llavors, aunque más numerosa, fue como tantos otros desahucios que vecinos y activistas intentan parar con su cuerpo. “Nos sacaron a rastras, es habitual”, constata Laia. El juzgado de instrucción llegó a archivar provisionalmente el caso a finales de 2021.

Todo cambió a principios de 2022 con un atestado de la unidad central de investigación de extremismos violentos de los Mossos d'Esquadra, una división del cuerpo pensada para combatir grupos radicales peligrosos, entre ellos los vinculados a la extrema derecha, pero que (sin que las activistas sepan todavía la razón) decidió enfocarse hacia los sindicatos de vivienda.

“El día que me detuvieron fue una locura, me vinieron a buscar a mi casa. No entendía nada de lo que me decían los agentes y al preguntar dónde estaba la orden judicial solo me enseñaron un papel de esta unidad de extremismos violentos”, rememora Laia. Su arresto quedó sin efecto a las 24 horas.

Alane recuerda lo que pasó por su cabeza al ver “un montón de papeles entrar en el juzgado en un carrito”, que resultaron ser los atestados de los Mossos sobre los que se construyó su causa. “No había oído en mi vida hablar del grupo contra los extremismos violentos. ¿Qué se pretendía poniendo a investigar al movimiento por la vivienda a la misma unidad que investiga a la extrema derecha?”, se preguntan.

Ambas activistas tienen clara la respuesta. “La vivienda es el movimiento social más fuerte y eso lo convierte en un objetivo de persecución política por parte de los Mossos”, afirma Laia. “Como ahora la vivienda es el tema, los políticos dan zanahorias, prometiendo pisos, y palos, con causas como esta”, apostilla Alane.

Las dos jóvenes tienen claro que no sufrieron una persecución “personal”, sino como parte del movimiento en favor del derecho a la vivienda, si bien han sido ellas y su militancia las que han sufrido las consecuencias. “Durante los cuatro años con la causa abierta no hemos podido desarrollar nuestra militancia libremente”, admite Alane.

“La organización te sostiene”

“No solo es el miedo, o el pensar en el dinero que cuestan los abogados o lo que pueda pasar con la sentencia, también te lo piensas dos veces cuando toca ir a una manifestación”, explica Laia, que recientemente también ha sido exculpada de otra causa similar.

Sin embargo, Alane muestra la parte positiva del caso: “En términos colectivos, esta causa y la persecución de los sindicatos de vivienda de los barrios ha fortalecido al movimiento. Cuando uno ve que le toca parar por la persecución que sufre, hay diez que se suman a la lucha. La organización te sostiene. Y vamos a continuar, porque parar un desahucio es un derecho que tenemos”.

En otro tipo de lenguaje, la sentencia del caso también acoge esta última idea al absolver al grueso de los acusados con la eximente de que estaban ejerciendo su derecho fundamental de reunión mientras paraban el desahucio del Bloc Llavors.

“Es ocioso señalar que los derechos son herramientas idóneas a fin de expresar opiniones políticas y sociales de forma colectiva”, indica el magistrado. La resolución recuerda que las concentraciones para parar desahucios “donde la ejemplificación o corporeización son el núcleo fundamental de la acción de protesta” son “frecuentes”, en especial ante “un problema público evidente como son las políticas de vivienda”.

Durante el juicio no comparecieron los agentes del grupo de extremismos violentos de los Mossos que confeccionaron los atestados que hicieron escalar el caos, sino los investigadores del grupo de desórdenes públicos que, como es habitual, identificaron a los encausados a partir de las grabaciones realizadas en la protesta.

“Todo el caso ha sido un absurdo jurídico para mantener la represión contra el movimiento por la vivienda”, zanja el abogado Xavier Monge, de Alerta Solidària, que ha representado a varios encausados. El portavoz de la organización antirrepresiva, Martí Majoral, reclama a la conselleria de Interior “transparencia” sobre cuántas causas sobre activistas del movimiento por la vivienda ha investigado la unidad contra los extremismos violentos. “Este bluf represivo muestra que es intolerable que un grupo policial se enfoque hacia activistas que ejercen derechos”, concluye.