Los retrasos diagnósticos provocaron el “agravamiento evitable” de la silicosis en empleados de la multinacional Cosentino

Los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo, de modo que estos siguieron cortando y puliendo encimeras para la multinacional almeriense cuando ya estaban desarrollando los nódulos pulmonares. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud. Todos esos trabajadores sufren hoy silicosis crónica, en varios casos del tipo “complicado”.

Esta es la conclusión a la que ha llegado una médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML). La jueza Adriana Álvarez, titular del juzgado de instrucción 2 de Huércal-Overa, había encargado a este organismo público (dependiente del Ministerio de Justicia) un informe que respondiera a dos cuestiones relativas a la silicosis que sufren varios extrabajadores de Cosentino. La primera: “La posibilidad de diagnóstico previo por parte de los mencionados médicos considerando las pruebas médicas que les realizaban”. La respuesta es sí: podían haberlo diagnosticado. La segunda: “Consecuencias en cuanto al posible agravamiento del estado de salud de los trabajadores afectados derivados del diagnóstico tardío”. La respuesta también es sí: el retraso tuvo consecuencias gravosas para su salud.

La jueza investiga si los médicos de los servicios de vigilancia de la salud contratados por Cosentino a mediados de la pasada década (Quirón Prevención, Aspy Prevención) y Mutua Universal, que cubría los riesgos, incurrieron en mala praxis al no diagnosticar o diagnosticar tardíamente la silicosis de al menos siete trabajadores de la fábrica de la multinacional en Cantoria (Almería). Están investigados tres doctores, la mutua y los servicios de prevención, no así Cosentino, por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Aspy discrepa frontalmente de las conclusiones del IML, a las que achaca un “claro sesgo cognitivo” consistente en evaluar la exposición al riesgo de hace diez años a la luz del conocimiento médico y la normativa de hoy. “Se basan en un estándar que no estuvo vigente mientras Aspy actuó para Cosentino [2012-2017] y aluden a una prueba, el TCAR, que el Protocolo de 2001 descartaba”, señalan desde sus servicios jurídicos, que subrayan que Aspy aplicó “todo el conocimiento y medios disponibles” en aquella época y rechazan que fuera “probable” diagnosticarles silicosis en aquel momento. “No es cierto que existieran indicios de la enfermedad”, aseguran, al tiempo que explican que los servicios de prevención de Cosentino trasladaban que el entorno laboral era seguro gracias al “uso estricto de EPIs”.  

Quirón Prevención ha rechazado comentar con este periódico los informes por estar en sede judicial. Cosentino, que no está investigada pero para la que trabajaban los siete querellantes, también ha declinado su participación en la información de este medio.

La silicosis se caracteriza por la aparición de nódulos fibróticos en los pulmones como consecuencia de la aspiración de pequeñas partículas, en este caso de sílice cristalina. Es una enfermedad progresiva e incurable. La silicosis desarrollada por cientos de trabajadores que trabajaron con los aglomerados de cuarzo, entre ellos decenas en Cosentino, es especialmente agresiva y rápida porque el polvo que desprende el aglomerado al cortar o pulir tiene una concentración de sílice que supera el 90%. Esas micropartículas se clavan en los alveolos pulmonares como cuchillos cuando son inhaladas.

El origen de la causa está en una querella presentada en 2021 por cinco de empleados de Cosentino, a la que luego se han sumado otros dos, en la que se responsabiliza a médicos y servicios de prevención de la empresa de un delito de lesiones por omisión imprudente. Los informes del IML, a los que este medio ha tenido acceso, son la clave a la que se supeditaba el avance de la investigación judicial.

“Exposición adicional e innecesaria”

La doctora del IML que firma los siete informes llega a la misma conclusión en todos los casos. “Se considera probable la posibilidad de diagnóstico previo, considerando los medios con los que se contaba” y “La dilación diagnóstica provocó un agravamiento evitable de su estado de salud al mantenerlo expuesto al agente causal”.

Los siete trabajadores tienen hoy entre 40 y 60 años. Llevaban en torno a 20 en la empresa en tareas de producción (operario de prensa, pulido, mezcladora, silos…) cuando fueron diagnosticados, entre 2019 y 2020. Las radiografías mostraban “repetidamente” anomalías en los pulmones desde 2014, cinco años antes, pero no fueron los servicios de prevención, que debían revisar su salud cada año, los que emitieron el diagnóstico. Por el contrario, minimizaron su relevancia (“algunos nodulillos sin significación patológica”), de modo que estos “hallazgos persistentes” no se interpretaban como sospechosos ni se solicitaba un TCAR (TC de alta resolución), como marca el protocolo de vigilancia aprobado en 2019 y recomendaba el documento médico de consenso de 2015.

Según expone la médica del IML, tampoco llevaban “rigurosamente” el control anual obligatorio mediante prueba de imagen, lo que ya sugiere una “posible dilación en el diagnóstico”. Según los protocolos, la aparición de un solo caso debe considerarse una “alerta de silicosis”, “obligando a intensificar el control sobre el resto de la plantilla”.

El resultado es que para estos trabajadores todo seguía igual, mientras la enfermedad crecía en sus pulmones. “Al emitir un ”APTO“ sin restricciones, se ignoró la necesidad de aplicar un criterio de mayor protección”, censura ahora la profesional del IML, quien concluye que el servicio de prevención, “falló en su misión” de prevenir.

Varios enfermos insistieron a los médicos de la mutua para que revisaran sus radiografías, pero ante el rechazo en diagnosticarles silicosis tuvieron que desplazarse cientos de kilómetros para que otro profesional lo hiciese, tal y como informó este medio en su día. Algunos fueron al Hospital de Baza (Granada), otros al Hospital La Inmaculada o al Virgen de las Nieves (Granada), algunos al Puerta del Mar (Cádiz) y otros incluso al Instituto Nacional de la Seguridad Social (–INS– Oviedo).

“Esta exposición adicional e innecesaria es el principal factor que contribuye a la progresión de la fibrosis pulmonar, pudiendo acelerar el paso de una silicosis simple a una complicada”, concluye la doctora, quien se ha basado en entrevistas con los afectados, la documentación clínica y los protocolos médicos, tanto el de vigilancia de silicosis (aprobado por el Ministerio de Sanidad, 2020) como el Programa Integral de Silicosis de Andalucía (el llamado PISA, 2017-2021).

En uno de los casos, la médico del IML recoge “el envío de la información sesgada” al INS, que llevó a este a descartar inicialmente la silicosis. En otro, señala: “Impresiona que se trate de un error en la 'sospecha diagnóstica'”. Como se ahogaba, el hombre tuvo que acudir a Urgencias, aportar informes y diagnósticos de otros especialistas, que confirmaron que ya sufría silicosis crónica complicada. Hoy tiene la incapacidad permanente absoluta.

Investigación condicionada a los informes

Desde que se abriera en diciembre de 2021, la investigación ante el juzgado de Huércal-Overa ha discurrido con parsimonia, condicionada por la rotación de jueces. El juzgado solicitó al IML un informe de cada trabajador en febrero de 2023, acordó la prórroga de la instrucción en varias ocasiones a la espera de recibirlos, y el 1 de abril de 2025 reiteró la petición urgente al IML. Nueve días después la jueza dio por zanjada la investigación sin haber tenido noticias del IML ni explicar por qué cambiaba abruptamente de criterio.

Los trabajadores recurrieron, alegando que no entendían que se archivara sin esperar las conclusiones de unos informes a las que la propia jueza había calificado como “de suma importancia”, y a cuya recepción había condicionado la práctica de otras diligencias. La Audiencia Provincial obligó a reabrir al menos hasta tener los dictámenes del IML, algo que ocurrió a principios de noviembre.

Ahora, con esos informes en la mano, la jueza ha acordado citar como testigos a un médico de familia de Tíjola que sí diagnosticó silicosis cuando los de la Mutua no lo hacían, tres radiólogos y un sindicalista que facilitó que varios trabajadores se desplazaran a Oviedo, al INS, donde sí les diagnosticaron lo que los médicos de prevención no.

La silicosis en Cosentino

La instalación de encimeras de aglomerados de cuarzo vivió un boom en la primera década del siglo del que se benefició singularmente Cosentino, fabricante del popular Silestone. En apenas unos años la empresa pasó de ser una marmolería casi familiar a una multinacional que se anunciaba en la Superbowl. En 2023 facturó más de 1.460 millones de euros y contaba más de 6.000 empleados.

El material de sus encimeras fue durante muchos años un aglomerado de cuarzo o sílice cristalina llamado Silestone. Una masa compactada con resina resistente, dura, poco porosa, que se limpia fácil y luce vistosa en una amplia gama de colores. Ideal para las cocinas de media España.

El problema es que al cortarse o pulirse desprendía un polvo mortal, porque más del 92% era sílice libre cristalina. Cosentino entregaba las tablas a marmolerías, muchas de las cuales no adaptaron medidas preventivas suficientes (humidificación, extracción, protección individual) para evitar que sus trabajadores inhalaran el polvo en suspensión.

La epidemia de silicosis empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo la enfermedad de un día para otro en la principal de carácter profesional en Andalucía. Chiclana (Cádiz) o Montemayor (Córdoba) concentraban gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el Silestone o el Ceasarstone (de Levantina).

En febrero de 2023, Francisco Martínez-Cosentino llegó a un acuerdo para reconocer en juicio que no informó a suficientemente a una marmolería de los riesgos de tratar el material. Fue condenado a seis meses de prisión. Hoy, la empresa ha reducido el contenido de sílice libre cristalina en sus encimeras por debajo del 10%. Australia se convirtió hace dos años en el primer país en prohibir este tipo de encimeras. Sanidad es partidaria de abrir el debate en España.

Cosentino asegura que en sus fábricas siempre se cumplió la ley y que contaban con mecanismos de prevención que se han ido perfeccionando. En febrero de 2019 respondió a este medio que los “registros oficiales” recogían “un número inferior a 25 casos de silicosis” en sus instalaciones durante 30 años. Por entonces ya habían fallecido al menos dos extrabajadores y la empresa superaba los 4.000 empleados.

Apenas dos años después, el informe de ejecución del Programa Integral de Silicosis de Andalucía recogía 95 casos de silicosis comunicados en el “corte, tallado y acabado de la piedra” en Andalucía entre 2019 y el 30 de noviembre de 2021 en Cosentino.

La investigación judicial abierta ahora apunta a que el impacto de la enfermedad en la empresa pudo minimizarse por la mala praxis médica, retrasando o evitando diagnósticos “probables” de silicosis. Por aquellos años, la empresa llegaba a acuerdos con trabajadores a los que pagaba cuantiosas indemnizaciones a cambio de confidencialidad, lo que también rebajaba los “registros oficiales”.