La fiscal rebaja de cinco a dos años y medio su petición de pena para los 11 activistas de Greenpeace juzgados

El Ministerio Fiscal ha rebajado “por imperativo legal” de los cinco años que solicitaba inicialmente a dos años y seis meses la petición de pena para cada uno de los 11 activistas de Greenpeace —de ocho nacionalidades diferentes, entre ellos cuatro españoles— por un presunto delito de desórdenes públicos agravados por la acción de protesta que protagonizaron el 26 de octubre de 2021 en el Puerto de Sagunt contra los combustibles fósiles. Todo ello para ajustarse a la regulación vigente en el momento de comisión de los hechos, según ha manifestado la representante del Ministerio Público tras la declaración de los 11 acusados.

Fuentes de Greenpeace explican que se había aplicado por parte de la acusación pública un tipo agravado del delito de desórdenes públicos que se introdujo en enero de 2023 en el Código Penal, a pesar de que los hechos habían sucedido en 2021.

Por su parte, las defensas mantienen la petición de la libre absolución de los acusados y subsidiariamente, en caso de condena, que se aplique la atenuante de dilación indebida al haber pasado cinco años desde la comisión de los hechos al juicio.

En la primera tanda de declaraciones de los testigos tanto el jefe del Grupo de Información de la Guardia Civil como el representante legal de la planta de regasificación han reconocido que la protesta fue pacífica y que no hubo daños. Ambos testigos han asegurado que se produjo un incremento del riesgo, en términos genéricos, a consecuencia de las maniobras del buque Esperanza de Greenpeace y del zigzag de las zodiacs de los activistas.

Por otro lado, los 11 acusados han manifestado que se trataba de una protesta pacífica, en la línea habitual de las campañas de la organización ecologista. “Estábamos dentro de la manera de Greenpeace de hacer acciones, con la idea de poner en riesgo lo mínimo posible a otras embarcaciones. No se sale de la norma y del estándar de protesta pacífica”, según ha resumido uno de los activistas.

El mismo acusado ha asegurado que, mientras que Greenpeace entorpecía la entrada al puerto del buque gasero, y retransmitía la acción, “pasaron embarcaciones industriales y barcos pesqueros”. Las defensas cuestionan que la acción de protesta paralizara la actividad portuaria.

La acción “fue una decisión colectiva”, ha indicado otro acusado. “Para ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica”, ha apostillado.