“Vitoria no sería hoy lo que es sin la participación ciudadana”

Martin Gartziandia lleva sólo medio año como Defensor del Vecino de Vitoria pero ya se ha atrevido durante la presentación de la Memoria de la Sindicatura correspondiente al año 2012 a repartir consejos a la corporación municipal. Al repasar sus primeros meses de estreno en su cargo, el síndico considera imprescindible que las instituciones y en concreto el Ayuntamiento, “adapte su normativa a las nuevas realidades sociales”. Solicita al Gobierno municipal “amplitud de miras y flexibilidad” con cada caso particular para no dejar a ningún ciudadano necesitado desatendido y asegura que hay sensibilidad por parte de la Administración hacia estos casos, pero les falta agilidad a la hora de tratarlos. Gartziandia reclama también una mayor transparencia a los organismos públicos en general que “hoy en día tienen que ser de cristal”.

Pregunta. Advirtió a la corporación municipal de la perdida de credibilidad de las instituciones y del aumento de la desconfianza del ciudadano hacia el Ayuntamiento. ¿Se dejó sentir un cierto tono de reproche en el aviso?

Respuesta. Sí. No podemos dar simplemente una cuenta fría de lo que vemos y tratamos sino que es parte de nuestra obligación trasladar a la institución además de la queja el sentir ciudadano que nosotros percibimos en la oficina en el día a día. En el caso de las sobretasas de basuras, un asunto que acaparó el mayor número de quejas, había un malestar generalizado entre los afectados porque consideraban abusiva la medida y que tan sólo perseguía un afán recaudatorio.

P. ¿Podría el Ayuntamiento haber evitado esa polémica?

R. El primer paso que debe dar la administración en esos asuntos es explicar siempre el porqué de las políticas públicas. Igual determinados servicios no son sostenibles con las tasas empleadas y en ciertos casos es necesario ajustar esos precios desfasados. En el caso de los centros cívicos, por ejemplo, la ciudadanía lo aceptó con cierta naturalidad. Por ejemplo, si la gente supiera lo que supone de ahorro bajar un grado la temperatura del agua en las piscinas públicas, unos 200.000 euros al año, modificarían su reacciones. Pero es esencial hablarles con claridad y con datos porque la gente es sensata y lo puede entender. Y segundo, al decretar los aumentos de tasas y contribuciones el Ayuntamiento ha de ser muy exquisito. Debe analizar muy bien la situación, procurar adelantarse a las variables para evitar las situaciones de injusticia social. Y a partir de ahí debe aplicar los principios de justicia contributiva, de capacidad económica, es decir, que pague más quien más tiene. Esa es la clave, no es fácil pero esa es la labor de un óptimo servicio.

P. Usted ha apuntado los obstáculos que suponen para ciertos sectores las tasas judiciales. ¿Resulta tan difícil acceder a la justicia si no se tiene dinero?

R. Indudablemente. Las tasas constituyen un obstáculo muy importante y muy discutible. Se fijan unos precios determinados sin tener en cuenta los recursos del ciudadano. Es cierto que existe la justicia gratuita para los supuestos más acuciantes pero a la ciudadanía en general no le compensa recurrir, es anti-económico. Además, ahora con el pronto pago, pagué y callé, casi nadie interpone recursos.

P. La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con sanciones, multas y tasas. La vulneración de derechos de otra índole, como sociales, ¿no mueven a los ciudadanos?

R. Sí vienen y tenemos casos realmente graves y preocupantes como los generados por las malas condiciones de habitabilidad de viviendas en el casco antiguo. Muchos edificios se están viviendo abajo y los vecinos no pueden pagar las rehabilitaciones de esos pisos y merecen un lugar digno donde vivir como todo ciudadano.

P. Las organizaciones humanitarias que trabajan en Vitoria consideran que las instituciones no responden de forma adecuada a los nuevos sectores desfavorecidos. ¿Está de acuerdo?

R. Sí. Tenemos constancia del surgimiento de una tipología nueva de personas en riesgo de exclusión. Personas y familias que pertenecían a la clase media y que pasan momentos muy duros e inimaginables para ellos. Es cierto que hay realidades nuevas a las que se tiene que adaptar la normativa. Los organismos públicos no debemos quedarnos en los formalismos, sino ir más allá, tener amplitud de miras y ser flexible con cada caso particular. Las trabajadoras sociales con las que estamos en contacto nos han manifestado que esas familias lo pasan mal pero no lo exteriorizan, aparentemente siguen manteniéndose en ese estatus de la clase media, ocultan su situación y no se visibiliza su situación de urgencia. La pobreza está en sitios insospechados. Pasa parecido con los desahucios encubiertos, situaciones que no son formalmente desahucios pero que se parecen muchísimo. Hay gente que está vendiendo su vivienda a precio muy barato porque no puede mantenerla, y lo hacen alentados por las entidades financieras que ya son reacias a practicar desahucios. Se deshacen de sus casas, su única inversión, empujados por los bancos.

P. Estas mismas entidades declaran estar haciendo una labor social que le compete al Ayuntamiento.

R. Pues sí, en cierta medida, Es un labor de todos pero la administración tiene que hacer un esfuerzo añadido en estas circunstancias. Si me parece que por parte de las instituciones hay sensibilidad pero les falta agilidad. Hay unas líneas rojas que no se pueden pasar, una puede ser que la gente se quede en la calle, no deberíamos llegar a eso nunca en Vitoria. Sería inasumible y no estamos en ese punto. Se está respondiendo aunque no de forma demasiado coordinada. Quizás hace falta una buena orientación, un itinerario de asistencia. Cuando los ciudadanos detectan que van a tener problemas y necesitar ayuda, deben saber desde esos primeros momentos a qué ventanilla acudir, cómo reaccionar. En esas circunstancias no podemos tenerles dando vueltas, de puerta en puerta y que de una te manden a la otra. Prestaciones y servicios hay muchos pero tiene que haber coordinación. Lo acertado sería que todos pongan sobre la mesa, ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco los recursos y medios existentes. Conocido y controlado eso por todos deben diseñar un itinerario para coordinar esas políticas y que la ciudadanía sepa dónde tiene que acudir y en qué orden en función de su situación.

P. Han sido varias las quejas lanzadas desde diferentes ámbitos sobre el gasto del Ayuntamiento en campañas publicitarias al servicio, según denunciaban desde varios colectivos y partidos políticos, de unas siglas, las del PP. ¿Usted como letrado tiene una opinión formada al respecto?.

R. Difundir los servicios que presta más que los logros determinados porque siempre se pueden ligar a un determinado partido político y además se hace con dinero público. El Ayuntamiento debería ser muy objetivo y riguroso en ese aspecto. Yo también he sido consciente de eso pero es un mal aplicable a todos los partidos, en mayor o menor medida eso sí.

P. Usted se posicionó sobre la carrera de burros. Dijo que el Alcalde no debería autorizarla pero Javier Maroto no le da la razón. ¿Ha cambiado de parecer?

R. Yo me pronuncie pero no creo que esa cuestión sea crucial en la ciudad. Se le ha dado mucha trascendencia y mucho eco pero hay asuntos mucho más acuciantes en Vitoria. Yo entiendo que el Alcalde no debería autorizarla. Las tradiciones no son algo inamovible, son cambiantes. Debemos ser conscientes de que, algunas de ellas, como los burros y los toros, tienen una vida limitada.

P. Los ciudadanos reclaman más transparencia institucional. ¿Comparte la petición?

R. En general, una de las conclusiones que podemos extraer de esta crisis es que las administraciones tienen que ser de cristal, mucho más transparentes. Sí me crea cierta duda el momento de establecer límites. Hasta qué punto los datos de los funcionarios tiene que ser públicos, por ejemplo. ¿Qué aporta esa información? Pero todo lo que tiene que ver con el uso del dinero público tiene que ser material accesible y abierto al ciudadano. Hay que proporcionarle a la gente la información que solicite por intrascendental que pueda parecer.

P. Desde diferentes órganos participativos han denunciado que el Gobierno de Javier Maroto no tiene en cuenta sus aportaciones. ¿Le han trasladado a usted estas quejas?

R. Lo primero que destacaría sobre este asunto es el nivel de formación de las personas que integran esos órganos participativos. He oído muy pocas tonterías salir de sus bocas, no más que las que escucho a los políticos en los consejos a los que he asistido. Son gente sensata, que sabe mucho, que dedica su tiempo y su esfuerzo a procurar mejorar la ciudad. Sinceramente creo que Vitoria hoy no sería lo que es si no hubiera contado con esa participación ciudadana. En materia de movilidad, espacio público, accesibilidad, no han logrado todo lo que pedían pero se ha avanzado mucho gracias a ellos y sus aportaciones. A veces es muy difícil ponerse en el lugar de un ciego, si tú no eres ciego. Su colaboración nos permite tener estos enfoques a los que nos sería imposible acceder sin su ayuda.

P. La tramitación de la nueva ordenanza municipal de tráfico está resultando muy laboriosa. ¿Será difícil contentar a todos?

R. Es difícil conjugar diferentes intereses. Pero debemos tener muy claro el rango de prioridades: el primero es el peatón, porque peatones somos todos, luego el ciclista, después el transporte público y por último los coches. Esto deberíamos aceptarlo con normalidad todos.