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El reto de dar de comer a las ciudades

Valencia acogerá en octubre una cumbre de alcaldes para impulsar la alimentación sostenible en zonas urbanas

Casi 150 ciudades de todo el mundo, entre ellas 17 españolas, han firmado ya el Pacto de Milán

Erradicar la pobreza alimentaria, apoyar a los pequeños agricultores y reducir desperdicios, entre los objetivos

Una mujer compra en una frutería de Barcelona.

Una mujer compra en una frutería de Barcelona. Foto: ANDREA BOSCH

Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en las ciudades y se prevé que a mediados de siglo lo hagan dos de cada tres habitantes del planeta. Según Naciones Unidas, hay dos factores fundamentales detrás de estas cifras: el deseo de mucha gente de abandonar las zonas rurales para instalarse en la ciudad en busca de una vida mejor y el rápido crecimiento de la población previsto para los próximos 35 años.

Dar de comer a todas esas personas, y hacerlo de forma sostenible y saludable, es un reto de enormes dimensiones que grandes ciudades de todo el mundo han decidido afrontar juntas. Con ese objetivo en el punto de mira, alcaldes de todo el mundo firmaron en octubre de 2015 en Milán el Pacto de Política Alimentaria Urbana, que recibirá un nuevo impulso el próximo mes de octubre en Valencia

Las ciudades firmantes del acuerdo se comprometen a actuar en todas las etapas del proceso alimentario, desde la producción y la transformación hasta la distribución y el consumo, siguiendo unas directrices aceptadas por todas y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Al Pacto de Milán ya se han adherido 144 ciudades que suman 470 millones de habitantes, entre ellas 17 españolas: Alcalá de Henares (Madrid), Barcelona, Bilbao, Córdoba, Dénia (Alicante), Fuenlabrada (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mieres (Asturias), Oviedo, Pamplona, Rivas-Vaciamadrid, Valencia, Villanueva de la Cañada (Madrid), Vitoria-Gasteiz y Zaragoza, además del Consell Insular de Menorca.

La iniciativa, que está extendiéndose rápidamente, cuenta con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este respaldo institucional, subrayan los impulsores del proyecto, ayuda a eliminar posibles suspicacias sobre su orientación política y facilita la difusión a través de los medios de comunicación.

Fernando Fernández, asesor del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, que ha seguido muy de cerca la iniciativa desde su inicio, explica que si bien las grandes protagonistas del proceso son las ciudades, en su origen están movimientos sociales que desde hacía años venían subrayando la importancia de integrar en la vida urbana las políticas alimentarias con criterios de sostenibilidad y justicia. Las ciudades firmantes del acuerdo, señala Fernández, tratan de aprovechar una demanda social creciente en varios ámbitos de la alimentación sostenible: huertos urbanos, grupos de consumo, productos ecológicos, mercados campesinos...

El Pacto de Milán identifica una treintena de actuaciones, entre las que destaca la lucha contra la malnutrición y la pobreza alimentaria en las grandes ciudades. Un análisis de la FAO muestra que los pobres urbanos destinan el 80% de sus ingresos a garantizar su alimentación, mientras que los residentes en zonas rurales únicamente invierten el 40%.

Otro objetivo de las ciudades implicadas en el proyecto es reducir los desperdicios alimentarios. Según datos de la FAO, una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se tira, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año. La comida se desperdicia a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta el consumo en los hogares, lo que representa un gasto inútil de recursos (trabajo, agua y energía) que incrementa las emisiones de gases causantes del cambio del efecto invernadero.

Las ciudades signatarias del Pacto de Milán se comprometen a apoyar a los pequeños productores agrícolas y ganaderos de cercanía con el propósito de cohesionar el territorio y facilitar la transición entre los entornos rural y urbano. También se muestran dispuestas a mejorar el abastecimiento de alimentos en todos sus ámbitos: desde la logística y los circuitos de distribución hasta los mercados de barrio y los comedores escolares. Las ciudades españolas pueden aportar en este terreno su experiencia con la red de Mercas, los mercados mayoristas de alimentación de propiedad pública, que no existen en la mayoría de los países. Los Mercas manejan una gran cantidad de información que ayuda a hacer más transparente el funcionamiento de la cadena alimentaria a partir de la oferta, explica Fernando Fernández. El 70% de los alimentos que se consumen en Madrid, por ejemplo, pasan por Mercamadrid.

Unificar competencias

Lo primero que hacen las ciudades que se suman al Pacto de Milán es un diagnóstico de sus necesidades y sus políticas alimentarias. A partir de ahí, definen las actuaciones en las que eligen incidir para cumplir las directrices del acuerdo. Muchos ayuntamientos implicados, que solían tener las competencias de alimentación repartidas entre varios departamentos (sanidad, mercados, economía, educación...), han comenzado a unificarlas para trabajar de manera más eficiente. 

Una vez lanzado el proyecto, el esfuerzo ahora se centra en consolidarlo. Para ello debe servir la reunión de Valencia, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de octubre. Las ciudades firmantes del Pacto de Milán intercambiarán información sobre los progresos en la aplicación de políticas alimentarias en sus respectivos territorios. A ellas se unirán representantes de las urbes que se sumarán al Pacto durante el evento.

"Queremos que el encuentro de Valencia muestre al mundo la enorme capacidad de decisión de los alcaldes y alcaldesas", se afirma en el Ayuntamiento valenciano. "Las ciudades del Pacto de Milán y las que se incorporen están creando territorios más justos, coherentes y mejor alimentados, y en el encuentro de Valencia deberán conseguir que este avance trascendente en la Administración local genere entornos habitables y de responsabilidad global para las generaciones futuras".

Durante las jornadas se hará un llamamiento a la Asamblea General de la ONU para que se reconozca como derecho universal el acceso a la alimentación sostenible y saludable al mismo nivel que el del acceso al agua, la salud y la educación. 

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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