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La Junta retrasa su posicionamiento sobre los CIE previsto para el Foro Andaluz de la Inmigración

La consejera de Justicia emplaza a Andalucía Acoge para una reunión específica sobre la materia pese a que el asunto estaba en el orden del día de un Pleno que llevaba casi dos años sin reunirse

La federación muestra su "malestar" por no abordar un informe de "más de un año de trabajo" junto a la Asociación Claver y la colaboración de la propia Junta

El documento expresa un contundente rechazo al internamiento de personas y alienta al uso de medidas alternativas como pisos tutelados o fianzas para migrantes

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Imagen de los miembros del Foro, este martes en la Casa de la Provincia, en Sevilla CONSEJERÍA DE JUSTICIA

Mientras el ministro del Interior justificaba en el Senado el gasto de 4,1 millones de euros en un CIE vacío desde 2012 en que hay que "tener las previsiones necesarias por si hay un repunte en inmigración", Andalucía desaprovechaba la oportunidad de posicionarse de forma clara contra este tipo de centros. El Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración, reunido este martes en Sevilla casi dos años después de su última sesión ordinaria, pasaba por alto un informe en el que se muestra un contundente rechazo a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En el documento, entre otras muchas cuestiones, se proponen alternativas como por ejemplo medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como habilitar pisos tutelados por ONG e instituciones, o la entrega de una fianza como coste económico en casos de incumplimiento. La Junta, según ha explicado el director general de Coordinación de Políticas Migratorias, se compromete a darle un último vistazo al documento para tratar de implicar a todas las administraciones, incluso económicamente, en las posibles alternativas a los CIE.

El  Foro Andaluz de la Inmigración es un órgano de consulta, representación y participación en el ámbito de la política social para inmigrantes y la diversidad cultural, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior y que preside la consejera Rosa Aguilar. Está compuesto por tres vicepresidencias (dos de la Junta y otra representada por las entidades sin fines lucrativos de inmigrantes) y 33 vocalías (16 de las administraciones públicas y 17 de organizaciones sociales que desarrollen actividades relacionadas con la inmigración en el ámbito regional).

Recordar su composición no es gratuito ya que la presencia de la Junta de Andalucía es mayoritaria en este órgano que, pese a que así estaba previsto, no se ha posicionado específicamente acerca de la existencia de estos centros. Ante la "disconformidad" y el "malestar" mostrado en el Foro por la federación Andalucía Acoge, coautora del informe junto a la Asociación Claver, respecto a que no se analizara su contenido como decía el orden del día aprobado por la comisión permanente del Foro del pasado 10 de enero, ha sido la propia consejera la que ha aplazado su cotejo y análisis a una reunión "en las próximas fechas", según aseguran fuentes de la Consejería.

El informe elaborado por Acoge y Claver en el marco de las comisiones de Acción Social y Normativa del Foro Andaluz fue presentado en noviembre pasado en Córdoba durane un encuentro organizado por Redes Interculturales, y en él también ha participado personas de la Dirección General de Políticas Migratorias en cuanto al contexto legal en el que se encuadran los CIE, según fuentes de Acoge, que mostraban su "desencanto" con la situación vivida en el encuentro de este martes entre asociaciones y administraciones en la Casa de la Provincia.

En declaraciones a este periódico, la presidenta de Andalucía Acoge, Elena Tajuelo, ha querido dar un "voto de confianza" a la consejera hasta que se produzca la mencionada reunión. Fuentes de la Consejería han añadido que la intención es "analizar con calma" el informe e incluso "elaborarlo de forma conjunta". Andalucía Acoge, en todo caso, ha querido mostrar su rechazo a los CIE recordando "el peligro de que el Gobierno Central abra nuevas instalaciones en Andalucía" y pidiendo "un posicionamiento claro del Gobierno Andaluz contra estos centros de vulneración de los derechos humanos".

Hasta ahora, quien más enérgicamente ha criticado desde la Junta la existencia de los CIE ha sido el director general de Coordinación de Políticas Migratorias, Luis Vargas, que lleva desde 2012 en el puesto. La administración andaluza sí que se ha mostrado muy contraria a la habilitación temporal del la cárcel de Archidona como CIE. Según las fuentes consultadas, del 'Manifiesto del Foro Andaluz' sobre los CIE tampoco se ha comentado nada al respecto pese a que igualmente estaba presente en el orden del día del Foro. Cabe recordar también que este Foro Andaluz de Inmigración llevaba más de un año sin convocarse por parte de la Junta. No hubo plenario en todo 2017 y el último que consta es de 9 de marzo de 2016 en Moguer -Huelva-.

El propio Luis Vargas señala a este periódico que el mencionado informe contra los CIE le parece "impecable" pero explica que se ha optado por no aprobarlo en el Foro para conseguir "reforzar el mensaje" y que las medidas que se plantean (que "debieran ser factibles y son deseables por parte de todos") se analicen más pormenorizadamente a fin de "conseguir la implicación" de las administraciones estatal, andaluza y municipal, incluso desde el punto de visto económico. Vargas ha comentado que en las próximas semanas se podría dar luz verde al informe y a otros relativos a la inmigración que se han quedado pendientes en el encuentro con las entidades. 

¿Qué dice el informe?

El informe sobre los CIE elaborado por los citados colectivos considera que, al ser centros de detención cerrados, "se configuran como un sistema excesivamente estricto de detención, más próximo a un sistema penitenciario, contrario al espíritu de la propia Ley de Extranjería, con unas condiciones de higiene y salubridad deplorables como ya está sobradamente constatado en informes oficiales y autos judiciales y unos servicios médicos deficientes". En lo que respecta a Andalucía, "resulta patente que la situación en que se encuentran el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa es jurídica, social y moralmente insostenible", lamenta el informe, que ofrece un completo contexto nacional y europeo en relación a estos centros.

También se denuncia en el documento "la falta de transparencia de las actividades en estos centros por parte de la dirección de los mismos, con limitación de la presencia de ONG, de sus actuaciones con los internos y con deficiencias en la información a los internos sobre sus derechos, su adecuado asesoramiento jurídico o la presencia de traductores". Entre los aspectos que se denuncian también se encuentra "la ausencia de servicios psicológicos que permitan atender a personas que llegan a los CIE con vivencias ocurridas en su país de origen o durante el viaje hasta nuestro país, rodeadas de circunstancias traumáticas, en especial las vividas por mujeres y menores".

Es conocido el amplio consenso entre las organizaciones sociales en pedir el cierre de los CIE al lamentar que "el modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser completamente respetuoso con los derechos de las personas migrantes", recoge el informe, donde se reconoce que, mientras se alcanza ese objetivo final, "habría que avanzar en otras medidas que mejoren la realidad actual de los CIE y que promuevan alternativas existentes al internamiento". Al margen de ello.

Entre las propuestas del Foro Andaluz está la regulación, desarrollo e implementación de medidas no privativas de la libertad como sistema de actuación principal y protagonista en España en materia de control de la inmigración irregular, "dejando, en su caso, a los CIE un papel subsidario, bajo decisión y control judicial, por el menor tiempo tiempo posible y en condiciones jurídicas, asistenciales y materiales dignas".

El documento expone que, ante todo, "resulta imprescindible reducir el número de personas sometidas a internamiento". Para ello, se apuesta por priorizar el retorno voluntario, no internar a personas por mera estancia irregular, no internar a personas en situaciones de vulnerabilización ni a aquellas cuyo internamiento vulnerabiliza a sus familias, no internar personas con perspectivas razonables de obtener la regularización de su situación y/o con perspectivas razonables de estimación de los recursos contrarios a su reclusión, y no internar a personas con bajas o nulas perspectivas de ser expulsadas.

También se propone la aplicación "más frecuente" de medidas recogidas en la ley pero que no son tenidas en cuenta por la Policía ni solicitadas a los juzgados de Instrucción, que autorizan los internamientos. Entre ellas están la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica en comisaría, la residencia obligatoria en determinado lugar o cualquier otra medida que el juez estime adecuada y suficiente.

Asimismo se proponen "medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como lo pisos tutelados por ONG e instituciones". "Serían recursos conocidos por la Policía y donde el juez debería otorgar el permiso de entrada. Mientras durase la situación irregular de la persona, el pasaporte estaría en Extranjería, pero sus condiciones serían muy distintas a las de la reclusión en un CIE. Estas personas no estarían privadas de libertad ambulatoria y mantendrían los derechos que muchas veces no se hacen efectivos en los CIE: acceso fácil a abogado, familiares y amigos, asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, vida más normalizada, que incluye, por ejemplo, no interrumpir los estudios...", explica el documento en ese sentido.

Trata y menores

También se apuntan "diferentes sistemas de garantía, bien mediante la entrega de una suma de dinero (fianza), como coste económico en casos de incumplimiento o bien mediante la figura garante, es decir, la posibilidad de que una persona contraiga responsabilidades económicas en el caso de incumplimiento de la persona en situación irregular.

A expensas de que se pueda lograr en un futuro el cierre de los CIE, el informe destaca que estos deben sufrir una serie de reformas como promover la celebración de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para su gestión en Andalucía de los aspectos asistenciales. También se hace hincapié en la necesidad de srvicios médicos permanentes o, al menos, de enfermería, promoción de formación del personal de los CIE en materia migratoria, apoyo psicológico y recordatorio de libre acceso del titular al propio expediente administrativo.

Asimismo, se sugiere que el Foro Andaluz de la Inmigración exprese el rechazo al internamiento de extranjeros como medida cautelar en procedimientos de expulsión y devolución, aliente el uso de medidas cautelares alternativas al internamiento y aliente al Gobierno de España a destinar más recursos económicos al dispositivo de acogida humanitaria.

En un sentido más concreto, el Foro apuesta por oponerse a la apertura de nuevos CIE y, en ese sentido, trabajar con los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga para que mantengan su rechazo a los planes de construcción anunciados. También se sugiere requerir insistentemente en el cierre de los CIE de Algeciras y Tarifa "dado que no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad".

El documento incide también en que "los CIE constituyen un espacio de gran trascendencia para la detección de víctimas de trata de seres humanos, especialmente en el caso de menores y mujeres ingresados en los mismos". En ese sentido, ven necesario que en aquellos supuestos en que se plantee una duda sobre la presunción de minoría de edad de personas ingresadas en CIE, "se establezca un protocolo de actuación" en el que se realicen todas aquellas pruebas y comprobaciones para adquirir la certeza sobre la edad, tanto médicas como documentales, para que los trámites se agilicen el máximo y para evitar que el presumible menor de edad ya se encuentre en situación de calle cuando se obtengan los resultados de las pruebas.

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