Colectivos sociales piden que “se paralice” la decisión de relevar a Chamizo y se cambie la forma de elegir al Defensor

Este martes se ha constituido en Sevilla la Plataforma Ciudadana, formada por colectivos sociales que han vivido con “sorpresa e indignación” la destitución de José Chamizo al frente del Defensor del Pueblo Andaluz y no comparten la decisión de los partidos políticos parlamentarios de destituirle. Por ello, solicitan que se paralice esta decisión, que se abra un debate público sobre su gestión y se proceda a la modificación del procedimiento de nombramiento y renovación del DPA.

Dicha Plataforma se presentará a la opinión pública el próximo 3 de junio en un acto en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla, en el que anunciará la próxima acción pública a realizar. Asimismo, ha hecho público un manifiesto al que llama a adherirse a colectivos y movimientos sociales a través del correo electrónico proreconocimientojosechamizo@gmail.com. En el citado manifiesto, reconocen el “ingente” trabajo llevado a cabo por Chamizo durante estos años, su “disponibilidad” para atender a los colectivos más desfavorecidos, “su capacidad de escucha” a las organizaciones sociales y su “implicación” en multitud de denuncias para las que, en ocasiones, se ha encontrado solución.

“Entendemos que ha ejercido su cargo con independencia y responsabilidad hacia la ciudadanía, defendiendo los derechos de los colectivos más vulnerables y sacando a la luz una realidad a menudo invisibilizada”, destaca la Plataforma, según la cual el todavía Defensor “ha dignificado la institución y la ha convertido en la mejor valorada por los andaluces”. “En estos momentos de crisis extrema, donde el sufrimiento de las víctimas es tan evidente, no ha dudado y se ha puesto al lado de las personas más débiles. Ha denunciado los abusos del poder establecido y la pérdida de derechos, ha escuchado a 'los sin voz' y también ha apostado por la democracia y la justicia social”, subrayan.

Además, destacan su implicación en la “defensa” del reconocimiento de la participación política de personas residentes extracomunitarias y en un concepto de “ciudadanía inclusiva” en el que tengan cabida las personas extranjeras; en el apoyo a las personas en situación documental irregular; o en el intento de resolución de casos como el de la Corrala Utopía (aún en proceso). También, su apoyo a la ocupación de fincas infrautilizadas con su presencia en Somonte; su solidaridad con el pueblo saharaui y palestino; su compromiso con la defensa del medio ambiente y de la igualdad en la asistencia sanitaria de las personas presas o asistencia de los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico Penitenciaria (Soajp), entre otros.

“UNA DECISIÓN AJENA AL SENTIR DE LA CIUDADANÍA”

Por todo ello, denuncian el cese de Chamizo acordado por los partidos parlamentarios. “Una decisión tomada cupularmente, ajena totalmente al sentir de la ciudadanía”, afirman, toda vez que señalan que “tras este cese se esconde un intento de descrédito a su persona y a la Institución que representa por motivos que nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses puramente políticos”. “La Oficina del Defensor ha actuado con independencia política denunciando las situaciones injustas que tienen lugar en Andalucía y a las que la Administración no está dando respuesta y eso ha molestado al poder”, añaden.

“Ha sido el mejor Defensor del Pueblo que ha tenido la democracia y su destitución un auténtico insulto a la inteligencia y al pueblo que ha valorado la institución del DPA por encima de cualquier otra”, apuntan desde la Plataforma Ciudadana, que “exige un cambio en el procedimiento de nombramiento y renovación del DPA de forma que se dé participación a los movimientos sociales y entidades civiles”. “Una Institución que debe defender los derechos del pueblo frente a los abusos del poder no puede estar sometida a la presión del Gobierno de turno pues pierde la necesaria independencia a la hora de realizar su función”, lamentan.

Por tanto, dicha Plataforma insiste en que se paralice esta decisión, que se abra un debate público sobre su gestión y mientras tanto se proceda a la modificación del procedimiento de nombramiento y renovación del DPA.