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El Ejecutivo andaluz registra otras siete consultas ciudadanas sobre datos de sus trabajadores de violencia de género

Tres de las peticiones son de Sevilla, cuatro de otras provincias, y algunas copian la solicitud que hizo Voz al Parlamento andaluz y que fue tumbada por los servicios jurídicos

Los trabajadores señalados ya han rechazado en el plazo de alegaciones ofrecer sus datos personales, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos y por sugerencia de la Consejería de Justicia

El presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, denunció este asunto durante el debate electoral en Atresmedia, acusando al Ejecutivo andaluz de PP y Cs de fomentar "listas negras" de trabajadores públicos que luchan contra la violencia machista

El diputado de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, será nuevo portavoz del grupo, con Serrano de presidente

Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario Vox.

La Junta de Andalucía ha recibido siete peticiones de particulares que solicitan datos personales de los trabajadores de las unidades contra la violencia de género, alguna de las cuales está "copiada" de la iniciativa presentada por Vox en el Parlamento andaluz, y que fue rechazada como tal por los letrados de la Cámara porque infringía la Ley de Protección de Datos. Todas las peticiones son de Sevilla, según explican responsables de la Consejería de Justicia, corroborados luego por el sindicato USTEA, que representa a algunos de los funcionarios afectados, informa Efe.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, denunció este asunto durante el debate electoral del martes noche en Atresmedia, acusando al Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos de fomentar "listas negras" de trabajadores públicos que luchan contra la violencia machista. Sánchez enseñó a la cámara la copia de un oficio que la Junta ha dirigido a los médicos, psicólogos y trabajadores sociales del Instituto de Medicina Legal informándoles del requerimiento de sus datos personales a través de Transparencia, y del plazo preceptivo de 15 días para que presenten alegaciones, como establece la Ley de Transparencia.

Ese periodo ya ha concluido y los trabajadores han coincidido en rechazar dar sus datos a ningún particular, según el sindicato, que ha recordado que la Consejería dispone de la información de los empleados "desde el minuto uno", cuando fueron contratados. De las siete solicitudes particulares de información, cuatro corresponden a las dos mismas personas,otra calca la consulta ya rechazada que hizo Vox al Parlamento, y el resto son peticiones de información genérica, no de datos personales (sobre colegiación y titulación de la plantilla de las Unidades contra la Violencia de Género), y por tanto la Junta no tenía la obligación de pedir permiso a los trabajadores.

En la reunión con los representantes de los empleados, desde la Consejería de Justicia le han asegurado que no van a ofrecer información de los trabajadores a los siete ciudadanos que han hecho sus peticiones porque así se recoge en la Ley de Protección de Datos. También han afirmado que desde la Consejería están pendientes de un informe jurídico que han solicitado para saber cómo dar respuesta a las siete peticiones de ciudadanos, cuatro de las cuales son de provincias que la Junta no ha querido precisarle a USTEA.

El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, argumentó su petición en que hay profesionales "no cualificados e ideologizados que influyen" en la decisiones judiciales relacionadas con la violencia machista y los menores, aunque la solicitud de este grupo parlamentario fue rechazada por la Mesa del Parlamento el 27 de febrero.

El consejero de Justicia y vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), por su parte, explicó en marzo pasado en el Parlamento que la solicitud de Vox no se podía atender porque suponía incumplir la Ley de Protección de Datos.

Marín también añadió que pretendía convocar un concurso único para toda Andalucía para los servicios que tiene subcontratados, y explicó que la empresa ganadora tendría la obligación de disponer de trabajadores colegiados, algo que ya es obligatorio según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, pero que en el 44% de los casos -psicólogos y trabajadores sociales de la Junta- no se cumplía.

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