Exaltos cargos de la Consejería de Empleo declaran que no recibieron “alertas” o indicios“ de ilegalidad de los ERE

El que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo desde 2004 hasta 2008, Javier Aguado, y su sucesora en el cargo hasta 2012, Lourdes Medina, han declarado este miércoles durante la vigésimo cuarta sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que no recibieron “alertas” o “indicios” de ilegalidad en relación con la tramitación y concesión de estas ayudas.

En concreto, Aguado, a preguntas de su abogado, Adolfo Cuéllar, ha manifestado que no tuvo conciencia “ninguna” cuando estuvo al frente de su cargo --secretario general técnico de la Consejería de Trabajo desde 1994 hasta el año 2000 y de la Consejería de Empleo desde mayo de 2004 hasta mayo de 2008-- de que se hubiera cometido ilegalidad en los hechos objeto de este procedimiento.

Aguado, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha insistido en que “ni él ni su equipo tuvieron señal de alerta de ilegalidad”. En este sentido, ha reiterado que “no teníamos noción, aviso o indicio de que se estuviera cometiendo ilegalidad”, pues, según ha añadido, “actuábamos con las premisas establecidas en la Ley de Hacienda y de las leyes de presupuestos” de Andalucía.

Además, ha indicado que cuando fue sustituido en el cargo por Lourdes Medina no trasladó a ésta aspecto relacionado con esto porque “no existía alarma, por lo más mínima que fuera, de irregularidad”.

En este sentido, Medina, para quien el Ministerio Fiscal solicita también ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los mismos delitos, ha afirmado en su declaración que “nadie” le trasladó desde la Dirección General de Trabajo o desde Presupuestos alguna “duda o indicio” de ilegalidad. “Nadie de ningún lado”, ha insistido.

Anteriormente, también quiso dejar claro que “toda su actuación o participación” al frente de la Secretaría General Técnica fue “conforme a la ley”. “No he sido consciente de colaborar en actividad irregular, y mucho menos ilegal”, ha asegurado, expresando su “confianza” en sus superiores y en los que trabajaron con ella.

Aguado, cuya declaración comenzó este martes, ha aclarado que la Secretaría General Técnica no tiene competencias de control presupuestario, que recaen en cada dirección general, sino sobre la gestión y también sobre la ejecución de los distintos programas y partidas presupuestarias, incluidos el 31L, a cuyo cargo se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en virtud del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)en 2001.

De otro lado, ha señalado que las modificaciones presupuestarias, “en contra de lo que dicen los peritos de la Intervención General de la Administración el Estado (IGAE)”, eran “ajustadas a la legalidad”, añadiendo que las modificaciones y las transferencias de financiación al IFA aparecen expresamente en los presupuestos de la Junta “aprobados por el Parlamento, esto es, aprobados por ley”. “Los parlamentarios no presentaron salvedad a éstas, sino que también planteaban modificaciones”, ha afirmado.

Igualmente, Medina, en su declaración y preguntada por si conocía el informe de 2001-2010 de la Cámara de Cuentas de fiscalización de las ayudas de la Dirección General de Trabajo para las ayudas, ha manifestado que “conocía lo mismo que el Parlamento”, matizando que no podía conocer los procedimientos de gestión de una dirección general.

Además, ha añadido que las modificaciones presupuestarias las autoriza la Junta y las aprueba el Parlamento. Sobre las transferencias de financiación ha indicado que sólo consignó una en el anteproyecto de presupuestos de 2009 y que éstas están recogidas en el ordenamiento jurídico en siete leyes. Igualmente, defiende que una aplicación presupuestaria “no puede ser irregular o ilegal porque es aprobada por la Ley de Presupuestos”.

SI NO SE AYUDA A LA FAJA PIRÍTICA, “CERRAMOS EL CONDADO”

Javier Aguado, de otro lado, ha apuntado que las ayudas sociolaborales no eran para las empresas, sino “para las personas y las comarcas”, poniendo como ejemplo que de no haberse concedido las ayudas para la Faja Pirítica de Huelva, “hubiéramos tenido que cerrar el Condado”.

Por último y a preguntas del presidente del tribunal de la Sección Primera que juzga esta causa, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, Aguado ha precisado que el proceso de elaboración de los presupuestos es “largo” y, aunque en alguna reunión participara el consejero de Hacienda, entonces José Antonio Griñán, no era lo sistemático, sino que a las reuniones técnicas iban los viceconsejeros.

Lourdes Medina no ha ratificado su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en enero de 2014 pues el proceso de declaración fue “largo y dificultoso”, y el acta de la misma “no recoge fielmente lo que dije”.

Medina, licenciada en Derecho, ha trabajado como funcionaria en diferentes consorcios públicos y en la Faffe entre 2005 y 2008, antes de asumir a “propuesta” del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, la Secretaría General Técnica, dependiendo orgánicamente directamente de la Viceconsejería.

Ha asegurado que todos los gastos públicos tiene que estar sometidos a fiscalización, así como que las únicas transferencias de financiación en materia sociolaboral con cargo a la partida 31L son para IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A este respecto, ha resaltado que “no ha tenido discusión con nadie sobre las transferencias de financiación a entes instrumentales”.

Al respecto de las cuatro modificaciones presupuestarias de las que hace responsable a Medina en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal, la ex secretaria general técnica ha explicado que las mismas están motivadas por la financiación de la parte correspondiente a la Junta del convenio firmado con el Ministerio de Empleo para el Plan especial de empleo de la Bahía de Cádiz, siendo la primera de ellas de diciembre de 2008 y todas “justificadas” ante el Gobierno.

Cuestionada por las ayudas recibidas por Francisco Trujillo, el exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y por su expediente disciplinario, Medina ha afirmado que no conocía que era representante de una empresa que recibió ayudas.

Lourdes Medina, para concluir, ha explicado que ella participó a principios de 2011 en el equipo de gestión que puso en marcha el consejero de Empleo Manuel Recio para revisar de oficio los expedientes de las ayudas sociolaborales, comprobando, a través de la Inspección General de Trabajo, que existían beneficiarios que no reunían los requisitos.

En este sentido, reprocha que la Fiscalía diga que no actuó para recuperar el dinero. Ha finalizando asegurando que ninguna persona de su familia o entorno ha recibido ayuda alguna con cargo a la partida 31L.

LA PRÓXIMA, MARTÍNEZ AGUAYO

La sesión de este miércoles ha finalizado pasadas las 15,00 horas sin que se haya celebrado la sesión de tarde. Aunque previamente el presidente del tribunal la diera por concluida, las partes han preferido continuar con el interrogatorio por parte del abogado de Medina, Manuel Salinero y, posteriormente, reestructurar el orden de los investigados que aún quedan por declarar.

Así, el próximo lunes será el turno de la exviceconsejera de Hacienda (2004-2009) y exconsejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, y el turno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, previsiblemente, será a partir de la sesión fijada para el Lunes Santo, a pesar de que algunas defensas pidieran sustituir las sesiones de Semana Santa y Feria de Abril por cuatro tardes de lunes.