Tres condenados a prisión por los ERE, excluidos de dos piezas separadas por ayudas a varias empresas

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar como procedimientos abreviados las causas contra seis personas investigadas en dos piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las ayudas por un valor total de 2,4 millones de euros concedidas por la Junta a las empresas Novomag Manufacturas Metálicas, Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, y excluye de la misma al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, ya condenados a prisión en la pieza política del caso ERE.

Al respecto, el instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra estas tres personas pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas”.

El juez sigue así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 19 y 25 de marzo de 2019, los cuales “confirman expresamente la exclusión” en esta causa de los tres exaltos cargos de la Junta aludidos, según señala el instructor en dos autos dictados distintos fechados el día 18 de noviembre, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y consultados por Europa Press.

En concreto, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla a penas de siete años y 11 meses de prisión por un delito continuado de malversación y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras que Serrano ha sido condenado a seis años y seis meses de cárcel y a 17 años inhabilitación absoluta por los mismos delitos.

A Guerreno lo condena por el elevado número de convenios particulares que firmó y de ayudas que concedió, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, y el déficit que originó agravado por los pagos cruzados, y por disponer de los fondos vinculados al programa 31L “con fines ajenos al fin público al que estaban destinados y el déficit que originó”, mientras que a Fernández por su “papel relevante” en la Consejería y por firmar como presidente del IFA convenios y adoptar criterios a la hora de conceder las ayudas y permitir que Guerrero dispusiera de estos fondos con “fines ajenos”.

Por su parte, a Serrano lo condena por la firma de más de 40 convenios de ayudas sociolaborales y a empresas con la Dirección General de Trabajo, teniendo en cuenta el problema del déficit presupuestario que se mantuvo en los años siguientes, y por asumir la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con otros fines.

SOBRE LAS DOS PIEZAS SEPARADAS

En cuanto a estas dos piezas separadas, el magistrado decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental contra el dueño de las empresas Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, en la primera de ellas, y contra los cinco gestores de Novomag Manufacturas Metálicas por delitos de prevaricación y malversación, en la segunda.

El juez ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, en la pieza separada relativa a Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces se investigan las ayudas por valor de dos millones de euros que habrían recibido estas empresas “de manera arbitraria y fraudulenta” por parte de la Dirección General de Trabajo a través de la agencia IDEA y con cargo a la partida presupuestaria 31-L, mientras que en la segunda pieza separada se investiga “la presunta ilicitud” de las ayudas que recibió la empresa Novomag Manufacturas Metálicas por valor de 420.708,47 euros.