La fiscalía pide sobreseer una de las causas por el fraude de formación en Almería

La fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa seguida contra una de las empresas investigadas por presunto fraude de subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación al considerar que, de lo actuado, no se desprende ilícito penal. En su escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, indica que las posibles irregularidades detectadas en Sicma Andalucía, en concreto, que la retribución percibida por profesor “no corresponde” con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito “administrativo”.

Cabe recordar que el conocido como caso Edu se instruye de forma paralela en los seis juzgados de instrucción de Almería. El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, por su parte, resolvió en abril que procedía dividir la causa en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado de 15, sólo asumió una de ellas, al decanato para su reparto.

La decisión de la jueza María del Mar Cruz está pendiente de que se sustancie en la Audiencia de Almería el recurso de reforma y subsidiario de apelación que presentó la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, contra ese auto aunque el ministerio público se ha opuesto al citado recurso.

Los cinco juzgados de instrucción sobre los que recayeron los procedimientos plantearon cuestión de competencia ya que consideraban que las “irregularidades constatadas” tenían todas “un mismo origen en el SAE” y, por tanto, existía una “conexidad procesal”. De hecho, fuentes del caso han expuesto que era “difícil de imaginar” que 16 empresas de Almería, “que no tienen relación entre sí ya que no pertenecen al mismo grupo”, hayan obtenido “subvenciones de forma irregular del mismo organismo sin que exista un elemento aglutinador”.

Las empresas investigadas hasta ahora, además de la mercantil sobre la que se ha solicitado el sobreseimiento, son Centro de Estudios Andarax; Granaforma; Aplinfo Almería; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos; Quintaeventos; Hostelería y Formación Indalo; Indalo Formación y Empleo; Inmecamar; Academia Infosol; Abakan Formación; Centro de Formación Indalo; Naos Consultoría e Información; Formación Hostelería del Sur; y Profesional de Salvamento y Socorrismo.

Las pesquisas explotaron en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones Edu, que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta y se dio también de baja del partido.