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La Junta prorrogará nueve meses el concierto de residencias y centros de menores para evitar el vacío entre contratos

La Junta prorrogará nueve meses el concierto de residencias y centros de menores para evitar el vacío entre contratos

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación trabaja en un decreto para la prórroga durante nueve meses de contratos concertados como los Centros de Atención Residencial o centros de menores tutelados, cuya vigencia vence el 20 de febrero, "circunstancia que pone en riesgo la continuidad asistencial de estas personas que actualmente están ocupando plazas en los centros de titularidad", según describe la Memoria Justificativa del proyecto de decreto, mientras trabaja en una nueva adjudicación, que deberá estar seleccionada antes del 24 de noviembre.

El decreto que prepara la Consejería de Igualdad modificará la Disposición Transitoria Primera del Decreto 41/2018, que regula el concierto social para la prestación de servicios sociales y que acota la vigencia de estos contratos por un periodo de dos años, que acaba el 20 de febrero. El Gobierno andaluz explica la iniciativa que adopta por "una razón de interés general: impedir que haya periodos sin cobertura contractual".

En la Memoria Justificativa que acompaña al borrador de decreto se apunta que "sería imposible financiar estas plazas a los centros al quedarse sin efecto el contrato vigente" y ha sostenido que "por la naturaleza y las características de los servicios no sólo es inviable dejar de prestarlos temporalmente sino que se incurriría en una grave omisión de responsabilidad".

La Junta de Andalucía describe en el borrador de decreto que "el plazo inicialmente concedido para su entrada en vigor se presenta insuficiente para las exigencias de adaptación que la norma requiere".

El decreto 41/2018 desarrolla la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que concibe el concierto social como un contrato administrativo especial que prevé su prestación por "entidades privadas con ánimo de lucro en ausencia de entidades de iniciativa social".

En esta norma se establece la vigencia de los contratos de las entidades adjudicatarias del concierto social "por un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del presente decreto", que lo hizo un 20 de febrero. El borrador de decreto establece que los contratos que se prorrogan expirarán en cualquier caso el 24 de noviembre de este año.

El concierto social regula "la reserva y ocupación de plazas por las personas usuarias del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía", así como la gestión de "las prestaciones, programas, servicios o centros, a excepción de las de gestión pública directa".

En la Memoria Justificativa asociada al borrador de decreto se explica que "entre los meses de noviembre y diciembre se han adjudicado la mayor parte de los conciertos sociales convocados", pero indica que "aún quedan pendientes de resolver expedientes de concierto en algunas delegaciones territoriales".

Entre los conciertos pendientes de tramitación identifica la memoria justificativa los servicios para menores tutelados y los de orientación, asesoramiento e inserción laboral modalidad alta intensidad, que en ambos casos implican atención residencial.

Los primeros son centros de protección para menores declarados en desamparo, mientras que los segundos son para jóvenes que han sido tutelados y alcanzar la mayoría de edad carecen de apoyo familiar.

En el caso de los centros de menores, la Memoria Justificativa señala que "los profesionales de estos centros se convierten en los referentes educativos y afectivos de estos menores", por lo que concluye sobre la necesidad de "facilitar la prestación de estos servicios en el mismo entorno y con los mismos referentes".

Sobre los conciertos de plazas para la prestación de Atención Residencial, Centros de Día y de Noche, Centros de Día con terapia ocupacional para personas de mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia avisa que "entidades con contratos pueden quedar excluidas del procedimiento de adjudicación concertada".

El Gobierno andaluz sostiene que con esta reforma "se garantiza el principio de seguridad jurídica" porque estima que "ayuda a establecer un marco normativo estable y predecible", así como proclama que "no se ve afectado el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" por cuanto el futuro decreto "no implica un incremento de los gastos o ingresos públicos".

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