PP y Ciudadanos pugnan dentro del Gobierno andaluz por el control de la RTVA y la publicidad en los medios
En la primera planta del Palacio de San Telmo -sede del Gobierno de Andalucía- está el diáfano y luminoso despacho del vicepresidente de la Junta, hasta ayer, el socialista Manuel Jiménez Barrios. Tras la toma de posesión de los 11 consejeros del nuevo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla y la posterior foto de familia, Jiménez Barrios (“Chiqui” se hace llamar) subió por última vez a ese despacho para esperar a su sucesor y ejecutar el traspaso de poderes. Al poco aparecieron los dos hombres que concentran el mayor peso político del nuevo Gobierno andaluz: Juan Marín, líder de Ciudadanos, y Elías Bendodo, mano derecha de Moreno.
Jiménez Barrios recibió a sus dos sucesores juntos y bromeó ante una nube de fotógrafos: “Han necesitado a dos para echarme”. El socialista explicó que su cargo se lo reparten “a medias” Marín y Bendodo. La periodista Lourdes Lucio dijo: sí, pero quién se queda este despacho. Y Marín se apresuró a responder con amplia sonrisa: “Aquí me quedo yo”.
Las competencias que hasta ahora gestionaba el vicepresidente socialista se han dividido en dos macrocarteras, síntoma de un Gobierno de coalición en el que dos partidos -PP y Ciudadanos- han forcejeado por repartirse el poder ejecutivo a partes iguales. Marín es vicepresidente, por detrás de Moreno en orden de prelación; y Bendodo es el Consejero de la Presidencia. El PP quería dos vicepresidencias, pero sólo hay una. Ciudadanos quería la cartera de Hacienda o, en su defecto, el área de Administración Pública, pero se la han quedado los populares.
“Último gran escollo”
La gran batalla de la negociación entre PP y Cs se ha librado aquí, en este complejo sudoku para reestructurar las dos grandes consejerías donde más se concentra el poder político y la influencia del Gobierno. El múltiple trasvase de competencias de un departamento a otro ha dejado el rastro de una negociación “dura y difícil”. Pero lo llamativo es que en la foto final -publicada este martes en el BOJA, en el decreto de estructura de Gobierno- se puede comprobar que la negociación no terminó de resolverlo todo.
La influyente Dirección General de Comunicación social aparece “adscrita” a dos departamentos distintos: la Vicepresidencia de Marín y la Consejería de Presidencia de Bendodo. Este organismo, “uno de los más golosos de la Junta”, gestiona los convenios y subvenciones a los medios de comunicación, decide sobre el reparto de la publicidad institucional, la política del sector audiovisual, la concesión de licencias de radio y televisión, los contratos digitales y de producción, el desarrollo de las telecomunicaciones o la red digital de banda ancha. En 2018, gestionó un presupuesto de 149,1 millones de euros (el 90% en transferencias corrientes). “En este punto no hubo acuerdo porque ningún partido cedía las competencias y no se lo querían repartir a medias”, aseguran fuentes de la Junta.
La resolución de este conflicto se ha aplazado hasta que “se dispongan los decretos de estructura orgánica de cada consejería”. Pero desde la Junta avanzan que la solución no pasa por “repartir a medias las competencias de esta dirección general entre la Vicepresidencia y la Presidencia”. Ambos partidos de Gobierno admiten que aquí ha estado “el último gran escollo” de la negociación, porque se trata de “mucho dinero finalista y de mucha influencia”. En este debate irresuelto está en juego, no sólo quién gestionará la Dirección General de Comunicación Social, sino también quién va a mandar en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), organismo que depende presupuestariamente de Presidencia.
El presidente Moreno adelantó el lunes que se crearía “un ente público compartido” por ambos partidos para decidir sobre el futuro de Canal Sur, pero admitió dificultades “jurídicas” para dar forma a este organismo. Según fuentes consultadas, de lo que se trata es de crear “una estructura mixta, pero dentro del organigrama de las consejerías, una especie de secretaría general compartida, con una persona de consenso al frente, para decidir sobre todo lo que tenga que ver con la publicidad y la relación con los medios de comunicación”. Un órgano con el pie derecho en el despacho de Bendodo y el izquierdo en el de Marín, una fórmula inédita que evidencia el enorme interés tanto de PP como de Ciudadanos por evitar que el control del Gobierno sobre los medios de comunicación recaiga en un solo partido.
El futuro de la RTVA está descrito tanto en el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos como en el pacto de investidura que firmó el PP con el partido ultraderechista Vox. En el primer documento se hablaba de constituir “un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la RTVA, así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político”. En el acuerdo de los populares con Vox -que Ciudadanos no reconoce como agenda de Gobierno- también se plantea “reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la RTVA y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa”. En Canal Sur, hay quien entiende el concepto “redimensionamiento” como un eufemismo para camuflar un ERE en una plantilla con 1.462 trabajadores, y un presupuesto anual de 162,7 millones de euros en 2018, según datos de Canal Sur. Pero ni PP ni Cs han llegado a concretar tanto sus planes.
Antifraude y transparencia
El resto de competencias de Presidencia bifurcadas en dos direcciones también es de alto voltaje político: Marín le quita a la consejería de Bendodo las relaciones con el Parlamento andaluz -que preside una diputada de Cs, Marta Bosquet- y con los ayuntamientos (una oportunidad de expansión para la formación naranja en los municipios, donde menos arraigo tiene). Además de ser también el consejero de Turismo, Marín ostenta dos organismos clave para las políticas de regeneración democrática: la futura Oficina contra el Fraude y la Corrupción; y el Portal de la Transparencia. Asume competencias en Planificación y Evaluación de la Administración Pública (que hasta ahora llevaba Economía) y gestiona algunas atribuciones de Justicia, como la violencia de género y las políticas migratorias (dos áreas en el punto de mira de Vox).
Bendodo pierde la relación con la Administración Local, pero se queda con otra área de influencia territorial notable: él nombrará a los delegados del Gobierno de la Junta en las ocho provincias. Suya es la Oficina del Portavoz de la Junta, que asigna a periodistas en cada consejería, y él presidirá los llamados consejillos, la reunión semanal de coordinación entre viceconsejeros para perfilar la agenda política de la Junta y del presidente. El malagueño se queda con las competencias de Administración Pública -hasta ahora en Hacienda-, así como la gestión de Emergencias, Protección Civil y la Policía Autonómica, antes en Justicia. De la Consejería de Economía extrae una secretaría general muy influyente, la relativa a la internacionalización del tejido empresarial andaluz, y las embajadas comerciales en el extranjero (agencia Extenda).
El martes hubo traspaso de poderes en todas las consejerías, pero el verdadero relevo en el trono de San Telmo se hizo en este despacho. Con un tamaño de apenas un paquete de cigarrillos -en formato digital- Jiménez Barrios entregó a sus sucesores la cuenta general rendida a la Cámara de Cuentas de 2017; un avance de la cuenta general de la Junta de 2018, que se rinde este mes de enero del año vencido; una copia en pen drive del presupuesto andaluz de 2018, prorrogado en 2019 por acuerdo del Consejo de Gobierno; documentación interna de la Vicepresidencia y la Consejería de Presidencia y la orden que regula algunas competencias delegadas, entre otros documentos. También se adjuntó una explicación de la cuenta general de la Junta, con el número de entidades pertenecientes al sector público andaluz -los entes instrumentales- y el número de empleados en cada uno de ellos.
