Un juzgado investiga a la Diputación de Almería por la faraónica obra del polideportivo de Carboneras

El juzgado de instrucción 3 de Almería está investigando a la Diputación Provincial por su participación en el mastodóntico polideportivo de Carboneras. En un auto fechado el pasado 24 de marzo, al que este diario ha tenido acceso, le requiere para que envíe los expedientes de las cuatro primeras fases en las que se trocearon las obras, que se prolongaron durante más de una década con un coste que rebasó “los límites de lo razonable”, según la Policía.

El requerimiento judicial forma parte de la amplia investigación por el presunto pago de comisiones ilegales a técnicos, políticos y campañas electorales del PP de Almería por parte de la constructora Hispano Almería en el periodo 2000-2010. Llega después de que la jueza Ana María Vico haya incorporado a su investigación un informe de la UDEF: los investigadores tienen un recibí que constataría “pagos irregulares al Partido Popular, en el seno de la Diputación de Almería”, vinculado a la alteración del concurso público para construir el pabellón. La constructora Hispano Almería habría abonado 8.500 euros al “PP de Almería (Diputación)”, según refleja el documento.

La Diputación Provincial de Almería adjudicó las cuatro primeras fases de la obra del pabellón por procedimiento negociado (es decir, sin concurso público) y cometiendo “irregularidades graves”, según la Policía. Para las siguientes fases, adjudicadas por el Ayuntamiento de Carboneras (en manos del PSOE), sí se celebró concurso, pero ni se justificó la solvencia económica de los candidatos, ni su valoración técnica ni se ponderaron los criterios de adjudicación. Además, a mitad de obra se revisaron los precios en su beneficio, algo prohibido por el contrato.

Ahora, la jueza da un paso más, al pedir al ente provincial que le remita “los expedientes de las fases 1, 2, 3 y 4 de adjudicación de los contratos del Polideportivo de Carboneras relativo al Expediente de obra 336”. Además, el auto señala en su encabezamiento que la investigación se dirige “contra” el ayuntamiento de Carboneras, Hispano Almería, S.A., Miguel Ángel Morales Carrillo y la Diputación de Almería. De momento, esta es la única a la que se le requiere que aporte más información.

El caso de Níjar: expedientes casi vacíos

La jueza ha decidido abrir una pieza separada (es decir, un procedimiento específico) para investigar la adjudicación del polideportivo, otra para los presuntos delitos cometidos en Níjar y otra para Vícar. Esta decisión, que ha tomado a petición de la Fiscalía, podría aligerar y ordenar una investigación que encara ya su noveno año, con decenas de investigados y decenas de miles de documentos. Su final no se ve cercano. La causa ha sido declarada de gran complejidad y el juzgado cuenta con un magistrado y dos funcionarios de refuerzo. También hay un equipo de apoyo de la Agencia Tributaria.

Hasta ahora, había una pieza principal (que afectaba a las obras de Diputación Provincial, Níjar, Félix, Carboneras y Vícar), otra para La Mojonera y otra de Roquetas. En todas se investiga el presunto cobro de mordidas por parte de técnicos municipales y políticos, así como agrupaciones locales del PP. Estas mordidas se habrían pagado a cambio de la adjudicación de obras a Hispano Almería. Un informe de la UDEF concluye que la constructora sufragó parte de las campañas de los populares en Almería. Los presuntos delitos son de blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros.

Los nuevos informes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, referidos a los hechos en municipios concretos, justifican ahora el nuevo troceamiento de la investigación. La jueza había pedido informes similares al de Carboneras centrados en las obras adjudicadas a Hispano Almería en Níjar y en Vícar. Sin embargo, la Policía se encontró con que los expedientes del Ayuntamiento de Níjar estaban casi vacíos. Particularmente, no encontraron los documentos que demostraran que la oferta de Hispano Almería era mejor que las que fueron descartadas.

“En los expedientes de contratación analizados no se encuentran los documentos que sustentan la puntuación en esos criterios evaluados como son: solvencia técnica de los candidatos, las propuestas de mejora redactadas por cada uno de los candidatos, análisis del proyecto y estudio de la obra y técnicos adscritos a la obra entre otros”, señala el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Esto “impide valorar si la adjudicación de los contratos de obra se realizó conforme a lo dispuesto en las normas de contratación o se realizó de forma irregular”, dice la Policía.

Respecto a Vícar, la jueza no ha recibido aún informe.

El papel de la Diputación de Almería

La Asociación Mediterránea por la Transparencia y contra la Corrupción (AMAyT), denunciante del caso, sostiene que, más allá de las particularidades municipales, todo el entramado tiene como clave de bóveda la adjudicación de obras en los municipios almerienses por parte de la Diputación Provincial. Muchas de ellas se adjudicaron a través de los llamados “planes operativos locales”, cuya abreviatura (POL) aparece en gran parte de la documentación. Por ello, ha pedido que se abran piezas específicas para investigar las obras adjudicadas por la Diputación de Almería y el ayuntamiento de la capital, pero esta petición no ha sido atendida hasta ahora por la jueza.

AMAyT también sostiene que las prácticas irregulares se prolongaron al menos hasta el periodo 2011-2014, fechas en las que Gabriel Amat era presidente de Diputación y alcalde de Roquetas, y había nombrado interventor de Diputación a su mano derecha en el pueblo, Luis Ortega, hoy investigado. Las adjudicaciones se mantuvieron incluso cuando la constructora tenía deudas con la Diputación, según AMAyT. Pero por el momento, la investigación sigue centrada en el periodo 2000-2010.

A Amat le antecedió en la presidencia del ente provincial Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. La reforma de su ático fue pagada parcialmente por Hispano Almería, que abonó 1.437 euros a un cerrajero de la obra en el año 2000. El resto (hasta 4.159 euros), Rodríguez Comendador lo habría abonado en metálico, según alegó entonces. En esa época era presidente de la Diputación y contrató, entre otras obras, la del polideportivo de Carboneras. El político almeriense se excusó en su momento en El País: “Estéticamente está feo que una constructora pague parte de mi obra, no se me ha ocurrido nunca más hacerlo. Puede ser inconveniente, no sé si es un delito. Creo que no. No sé qué más argumentar”.