El alquiler sigue sin cuajar en Andalucía
El Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA) puesto en marcha por la Consejería de Vivienda de la Junta para ocupar viviendas vacías ha comenzado a dar sus resultados pero son mucho más modestos de lo esperado. Sólo se ha conseguido ocupar por este sistema una veintena de viviendas de una promoción en La Rinconada (Sevilla) desde que hace meses entró en vigor el plan con una previsión de 6.000 inmuebles por año. La Consejería de Fomento y Vivienda considera que este primer paso debe servir para convencer a otros propietarios para que se sumen a la fórmula por la que contrata las pólizas de seguro para garantizar el cobro ante el impago de las rentas, ofrecer defensa jurídica y dar cobertura multirriesgo del hogar en los alquileres que se concierten dentro del programa. Dos condiciones: tienen que ser viviendas que estén vacías y los inquilinos sólo pagan una renta máxima de 7.200 euros por año.
Visto los resultados en estos seis meses, hay dos lecturas. La primera es que el caso de esta promoción de La Rinconada puede demostrar que el modelo funciona, porque unas viviendas que estaban vacías han pasado a estar habitadas en régimen de alquiler. Es decir, el programa ofrece con cada una de ellas la misma rentabilidad social que construyendo una vivienda protegida, “pero con un coste infinitamente inferior, sin depredar terreno y solucionando problemas existentes”, según apuntan desde la Consejería. De hecho, la Junta de Andalucía ha optado por limitar la construcción de VPO mientras haya viviendas desocupadas. Basta con ver que en 2013 no promovió ninguna.
La segunda lectura es que el programa necesita más promoción para que convenza a los propietarios de las miles de inmuebles vacíos que hay en la comunidad autónoma, si es que definitivamente se puede cambiar la mentalidad de un territorio donde el alquiler supera el 15% del parque de viviendas. Conseguir que se habiten las mismas por un precio razonable en lugar de seguir construyendo nuevas viviendas protegidas es la filosofía que está aplicando la Junta de Andalucía, pero lo cierto es que los planes de fomento del alquiler no terminan de cuajar.
En todo caso, la consejería espera que se vayan cumpliendo las expectativas. De hecho, la oferta se capta a través de una red de agentes colaboradores que actúan como intermediarios entre el propietario y el interesado, ofreciendo y mostrando las viviendas, registrándolas en el PIMA, proponiendo la asignación de demandantes, gestionando las pólizas de seguro dirigidas a los arrendadores y formalizando los contratos. Ya hay 28 agentes colaboradores registrados, 14 privados y otros tantas administraciones locales. Hay otras 43 solicitudes para obtener la condición de agente colaborador mediante el correspondiente convenio. Por el desempeño de estas funciones, el agente colaborador podrá recibir, como máximo, una mensualidad del alquiler correspondiente al contrato de la vivienda, que en cualquier caso, aportará el arrendador y nunca el inquilino.
Segundo intento
Segundo intento
De hecho, el PIMA nace para sustituir al plan que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2005, basado en agencias de fomento de alquiler que cobraban por la gestión mientras los propietarios recibían subvenciones -de hasta 6.000 euros en cinco años- para poner sus viviendas a punto y se les garantizará cobertura mediante seguros, siempre y cuando no pidieran más de 600 euros por mensualidad. En un principio despertó expectativas y registraron hasta 150 agencias de fomento del alquiler, pero fueron muriendo poco a poco víctimas de los impagos, ya que como ha denunciado reiteradamente la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), la Junta de Andalucía les pagaba con demasiado retraso lo contemplado en el programa.
El PIMA pretende invertir esta tendencia. de Fomento y Vivienda ha destinado 1,03 millones de euros a incentivar a propietarios de inmuebles deshabitados para que los incorporen a precios asequibles al mercado de arrendamiento. De esta dotación, 795.000 euros se emplearán para financiar las pólizas de seguro, con una vigencia de un año prorrogable a otro más. Los otros 240.000 euros son para sufragar la obtención de los certificados de eficiencia energética de aquellas viviendas que se acojan al PIMA y que no cuenten con este requisito exigido en el programa para cumplir con lo fijado en el Real Decreto 235/2013.
