El Gobierno andaluz de PP y Cs liderará un frente común de comunidades hostiles a Sánchez por el déficit en financiación
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, primer referente institucional de la alianza PP-Ciudadanos-Vox en España, quiere pilotar un frente común de comunidades hostiles con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, bien por deudas pendientes que reclaman al Estado, bien por discrepancias políticas respecto al modelo territorial. Será el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, quien inicie la ronda de contactos esta misma semana en el Palacio de San Telmo.
El mayor punto de fricción ahora mismo es el modelo de financiación autonómica: la Junta andaluza denuncia la “intervención” de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda por un desvío en el déficit del último año en el poder de Susana Díaz. Pero también la fricción entre el Ejecutivo central y el andaluz es de amplio espectro: se enmarca en la negociación para la investidura y el futuro Gobierno de Sánchez en coalición con Unidas Podemos, apoyado desde fuera por ERC. La posibilidad de que Moncloa abra una mesa de negociación bilateral con Cataluña fuera de los márgenes del Estatut es vista desde Andalucía como una afrenta al resto de regiones.
El Ejecutivo de Moreno, cómodamente estable tras la aprobación de los Presupuestos para 2020, quiere ejercer de contrapeso desde el sur para evitar que las “prebendas” al independentismo catalán “perjudique el interés general de los andaluces”. En los últimos días todos los diputados regionales de PP y Cs, con el Consejo de Gobierno al completo, lucen un lazo con la bandera andaluza en la solapa, en señal de protesta. Esta estrategia de andalucismo reivindicativo, amplificada por el inminente 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía andaluza (28 de febrero de 1980), ha sido patrimonializada por el PSOE andaluz durante años. Ahora es la nueva Junta quien calca sus postulados, incluso las consignas, palabra por palabra, que venía usando Susana Díaz: “Si a Andalucía le va bien, a España le va bien”, espetó el presidente Moreno a la líder de la oposición en su último duelo parlamentario, consciente de que la frase era y es uno de sus mantras más repetidos.
Andalucía quiere sumar fuerzas externas a su estrategia de confrontación con Moncloa, y para ello ha hecho suya la misma estrategia que usaban los barones socialistas autonómicos cuando el presidente del Gobierno era José María Aznar o Mariano Rajoy. En una entrevista con Europa Press, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado que será él personalmente quien impulse y dirija la ronda de contactos con otras comunidades con el objetivo de avanzar en aquellos asuntos en los que el “Gobierno de España no tiene voluntad de dialogar”, como la financiación autonómica. “No tenemos un gobierno de España que esté dispuesto a dialogar y a hablar”, dice.
Lo inusual de esta iniciativa es que el interlocutor con los barones autonómicos de otras comunidades sea el vicepresidente andaluz, en vez del presidente, como es habitual. En la pasada legislatura, de hecho, siete presidentes autonómicos, del PSOE y del PP, sellaron una alianza para exigir a Madrid una mejora en la financiación de sus territorios, que compartían los mismos déficit y condicionantes, principalmente la despoblación: Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha. Fuentes próximas a Marín matizan que tanto la estrategia como la ronda de contactos está plenamente consensuada con Moreno, que las reuniones al más alto nivel, por ejemplo con Núñez Feijóo, pueden “recaer en el presidente, en el vicepresidente o en los dos”.
Será una de las principales líneas de actuación política de la Junta para el inicio de 2020. Marín tratará de reunirse con el vicepresidente de la comunidad de Madrid y líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado; con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), o con la vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco (Cs), entre otros gobiernos con los que puedan “tener sintonía” para reclamar un sistema de financiación más justo, garantizar servicios o una tarjeta sanitaria única. Feijóo gobierna Galicia con mayoría absoluta y sus discrepancias con Vox, socio necesario de la Junta andaluza, son públicas y notorias.
Madrid y Murcia, pero no Castilla y León
En cambio, la fórmula andaluza sí sirvió de ejemplo en Madrid y Murcia, donde la alianza de las tres derechas es muy similar, aunque los equilibrios internos de poder son otros. En la primera ronda de contactos, Marín no ha incluido a Castilla y León, donde también cogobiernan PP y Ciudadanos. También aquí hay un presidente popular y un vicepresidente naranja, Francisco Igea, que sin embargo mantiene serias discrepancias con la dirección nacional de su partido. Igea era el candidato no oficial de Cs para Castilla y León, se resistió a mantener al PP en el poder, discrepó abiertamente con la estrategia dura de Albert Rivera, y ahora baraja disputar la presidencia a Inés Arrimadas, que cuenta con el apoyo del andaluz Juan Marín.
La ronda de contactos del vicepresidente de la Junta no tiene aún calendario ni fecha de inicio, pero la estrategia es clara. “Somos gobiernos que no somos del PSOE y estamos viendo como actúa el PSOE de la mano de Unidas Podemos con respecto a gobiernos que no son de su sintonía”, subraya Marín en la entrevista con Europa Press, para añadir que “hay muchos temas que ahora mismo son preocupantes”, como los trasvases de agua o el reparto de la Política Agraria Común (PAC), e “interesa hablar con otras comunidades”.
Marín traslada su preocupación por que a Andalucía y a otras regiones, de conformarse el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, “se les pueda tratar de una forma igualitaria respecto a esas comunidades que tienen un gobierno nacionalista y ese poder de influencia para que Pedro Sánchez pueda seguir con su sillón en la Moncloa, y que van a intentar tirar de intereses que beneficien a sus territorios”.
El objetivo de la Junta andaluza es estrechar contactos de carácter institucional para abordar estos asuntos porque “el Gobierno de España no lo va a hacer”. “Cuando se le suban los impuestos a los españoles, se le va a subir a todos y hay comunidades que no pueden ver aumentada su presión. Yo no sé que van a pensar en Extremadura y otras comunidades muy castigadas en el desempleo si en vez de recibir más ayudas y financiación, reciben más presión fiscal”, advierte Marín.
Por último, ha indicado que espera que “muchos estén de acuerdo para mantener este tipo de relaciones a nivel institucional” y poder “avanzar” porque, a su juicio, “no hay voluntad de avanzar en estas cuestiones desde el Gobierno de España”.
