Andalucía gastó 150 millones de euros en derivar a 618.652 pacientes a hospitales privados en la primera y la segunda ola, pero sólo 70 tenían Covid

Entre enero y noviembre de 2020, periodo que incluye la primera y la segunda ola de contagios por Covid-19, el Gobierno de Andalucía gastó 150,3 millones de euros en “derivación de pacientes de centros sanitarios públicos a hospitales privados”, 42 millones más que en el mismo periodo del año anterior (108,7 millones). En esos once meses, el número de pacientes derivados a la privada ascendió a 627.202, de los cuales el 89,2% (552.402 pacientes) requerían “estudios diagnósticos y pruebas funcionales”. El resto -66.250 enfermos- fueron “ingresos hospitalarios de pacientes pluripatológicos y pacientes derivados para una intervención quirúrgica”.

Dentro de este último grupo de enfermos, la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud incluye dos subgrupos de derivaciones relacionadas directamente con la pandemia y la saturación que ésta provocó en los hospitales públicos: “Sin enfermedad Covid-19 han sido derivados 4.263 pacientes” y “con enfermedad Covid-19 han sido derivados 70 personas” a clínicas privadas, según datos aportado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico.

En la actual tercera ola de la pandemia, la más fuerte de todas, Andalucía ha rebasado el pico máximo de contagios e ingresos hospitalarios de las dos anteriores -4.359 camas ocupadas, 735 en UCI-, y la Junta ha negociado con los hospitales privados un justiprecio por cama y UCI a la baja, porque prevé derivar a entre el 10 y el 15% de los pacientes con Covid o pluripatológicos con diagnóstico favorable, para evitar el colapso de los hospitales públicos más saturados.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de negociar con el sector de la sanidad privada el coste que abonará el SAS por cada paciente que derive a sus hospitales: 177,96 euros por día en planta convencional y 550 euros diarios si ingresa en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), que se eleva a 750 euros en caso de ser un enfermo de Covid. La Junta ha pactado un justiprecio en la horquilla baja, según las tarifas que publicó hace un año la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que cifraba en 250 euros al día el precio de hospitalización de un paciente con Covid-19, y entre 650 y 700 euros por ingreso en UCI. 

El gasto está muy por debajo de lo que están abonando otras comunidades con más presión hospitalaria y con mayor margen de privatización de su sanidad, como Cataluña (hasta 5.000 euros por ingreso total de paciente) o Madrid (748 euros al día por hospitalización convencional, y 2.048 euros). La Junta ha diseñado un protocolo de derivación de pacientes pensado para abaratar costes: la idea es trasladar a los hospitales privados a los pacientes Covid que ya hayan pasado un tiempo ingresados en un centro público desde su contagio (mínimo una semana) y que estén “próximos a recibir el alta”; y a pacientes pluripatológicos de medicina interna, personas mayores sin un cuadro demasiado complicado, que dejarían espacio libre en la pública.

La saturación de los hospitales públicos andaluces en esta tercera ola -4.359 ingresados, 735 en UCI a día de hoy- ya ha obligado a derivar a pacientes a clínicas privadas en todas las provincias, pero por ahora ninguna en UCI, según fuentes del Ejecutivo andaluz. Es algo que ya se hizo durante la primera y la segunda ola de contagios, aunque según los datos aportados por el SAS a este periódico, el coste fue mayor por la derivación de pacientes convencionales (66.250 enfermos) que por los infectados de Covid (sólo 70). El pico máximo de ingresos durante la primera ola de contagios se registró el 30 de marzo (2.708 hospitalizados) y el pico máximo de la segunda ola se produjo el 10 de noviembre (3.478 camas ocupadas).

Ahora mismo, la presión asistencial en Andalucía está en su peor momento de la pandemia, lleva escalando cifras negativas desde hace semanas, y ni siquiera las restricciones a la movilidad, los cierres perimetrales y la limitación y clausura de la hostelería y los comercios, ordenada por el presidente de la Junta tras el parón navideño, han frenado la tendencia al alza. El 26,26% de las camas en hospitales públicos están ocupadas por pacientes con Covid-19, un 36% en las UCI, ambas cifras están algo por encima de la media nacional. La saturación, sin embargo, se produce en el resto de camas para otro tipo de pacientes convencionales, que ha obligado a la Consejería de Salud tanto a suspender operaciones no esenciales que estaban programadas, a atender a enfermos crónicos y pluripatológicos en sus casas (hospitalización domiciliaria), a trasladar en ambulancia a pacientes de una provincia a otra, y a derivar a otros a clínicas privadas.

Andalucía es de las comunidades autónomas que menos conciertos suscribe con la sanidad privada. En el último año del Gobierno socialista, el presupuesto para conciertos representaba algo más del 4% del gasto total sanitario: 419 millones de euros de los 9.735,4 millones de euros para la Consejería de Salud. La Junta deriva regularmente a pacientes de la pública a la privada, sobre todo, para descargar las listas de espera para una prueba diagnóstica o para una operación quirúrgica, para cumplir con la ley de plazos máximos para ser atendido por el SAS.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que se constituyó a principios de 2019, ha continuado e incrementado esa política de colaboración con la sanidad privada: el primer año aumentó en 15,5 millones de euros esta partida de gasto para agilizar las listas de espera (tras denunciar que el PSOE había camuflado a una parte importante de los pacientes) y anunció que estaba dispuesto a “externalizar” este servicio “en beneficio de los pacientes”.

Entre enero y noviembre de 2019, antes de la pandemia, el SAS gastó 108 millones de euros en derivar a 627.202 pacientes a hospitales privados, de los que 568.995 eran para estudios diagnósticos y pruebas funcionales (el 90,7%). El resto -58.207- eran pacientes pluripatológicos o ingresos por operación quirúrgica. Si se compara estos datos con el mismo periodo de 2020 -ya bajo el signo de la pandemia-, se observa cómo el SAS derivó un número menor de pacientes a clínicas privadas -8.550 menos-, sin embargo, el coste total de dichas derivaciones se incrementó en 42 millones de euros. Esto depende del tipo de pruebas que se encargan, el tipo de tratamiento y de ingresos y la duración de los pacientes en planta o en UCI.

El SAS no sólo usa recursos de la privada para agilizar sus listas de espera en tratamientos comunes. El presupuesto de sanidad para los conciertos con clínicas privadas también incluye el encargo de pruebas u operaciones con una tecnología que no existe en hospitales públicos -en estos casos, la Junta suele encargar tres presupuestos y se queda con el más barato-, pero también todas las interrupciones voluntarias del embarazo, un derecho que la sanidad pública cubre a través de clínicas abortistas privadas con las que tiene suscrito un convenio.

En Andalucía, según datos de la Junta, hay 50 hospitales públicos, con 15.277 camas disponibles, y 58 privados con 5.069 camas.