Andalucía pide a los bancos suspender los desahucios hasta la decisión del Constitucional
La Junta de Andalucía escenificó este martes la propuesta que el día anterior hacía su vicepresidente, Diego Valderas. Y lo ha hecho en forma de “iniciativa política”, en palabras de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del Gobierno central contra el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, suspendido temporalmente, el Consejo de Gobierno ha decidido que la Consejería de Fomento y Vivienda se dirija por escrito a las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma. El objetivo es tan claro como directo: que establezcan una moratoria en la ejecución de hipotecas en tanto en cuanto no se conozca la decisión definitiva del alto tribunal.
Es un nuevo intento por parte del Gobierno andaluz para que se dejen de ejecutar desahucios entre familias en riesgo de exclusión social. Al menos durante los próximos cinco meses, plazo máximo que tiene el Constitucional para ratificar o levantar la suspensión del decreto, que recoge la expropiación temporal del uso de la vivienda durante tres años en determinados casos.
“No somos insumisos legales”, señaló el portavoz del Ejecutivo andaluz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, añadiendo que el proyecto de ley sigue su tramitación en su camino parlamentario. Ha apuntado, incluso, que la norma podría aprobarse en septiembre, y que las oficinas que tiene abiertas la Consejería en este sentido prosiguen con el análisis de los casos que requieran el asesoramiento de la Junta a pesar de que el Gobierno central se haya puesto “del lado de los bancos”.
La Junta, por tanto, sigue adelante a la hora de dar respuesta a la situación de “indefensión y angustia” en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto (un total de 18 expedientes se habían abierto al respecto) y las que se podían adherir al mismo. “El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina que recoge el Tribunal Constitucional sobre la función social de la vivienda”, ha afirmado Vázquez. La Junta, paralelamente a su trabajo con las familias, redacta las alegaciones para plantear el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma andaluza.
Según el portavoz, “cuando se expulsa a una familia de su domicilio se le está produciendo un daño que es irreparable”, afirmando que “este Gobierno de progreso no renuncia a una medida que se considera de justicia social”.
Los bancos “están moviendo ficha”
En la Administración aluden a los “resultados”, aunque “paliativos”, que están posibilitando la labor de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde “unas 2.000 personas” en riesgo de desahucio están recibiendo la “intermediación” de la Consejería de Fomento para que no se llegue a ejecutar el desalojo forzado de sus viviendas.
“Hay entidades financieras que están intentando alcanzar acuerdos en muchos casos”, apuntan fuentes de la Junta, que destacan que ya no existe la “impunidad” que podía haber antes gracias, también, a que “muchas instituciones” están tratando de “paliar la situación”. Uno de estos casos es el de Encarni y Antonio, una pareja que ha conseguido la dación en pago con La Caixa en estos días y que posa con el documento que lo acredita a las puertas de una notaría.
Desde Stop Desahucios ponen el ejemplo de dicha entidad, “donde mejor va” la experiencia y con quienes “se están consiguiendo daciones en pago y alquileres sociales” para las personas que tienen la imposibilidad de pagar su hipoteca. “Desahuciar ahora es más incómodo, por la presión social”, añaden desde la Junta, a pesar de que “el problema social de fondo no se ha solucionado”. La Administración está “constatando” que las entidades “están moviendo ficha” y “sin remedio” tienen que “avenirse a acuerdos” en algunos casos cuando exista “margen” para ello.
