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Andalucía vuelve a excluir la memoria histórica de los planes de formación del profesorado pese a que la ley le obliga

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Javier Ramajo


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La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada en 2107 en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra (a favor PSOE, Podemos e IU, y abstención de PP y Ciudadanos) dice en su artículo 47.2 que la Consejería competente en materia de educación “incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía”. Así ocurrió cuando se hicieron públicas las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2018/19 cuando, entre las metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro, en la línea de formación del profesorado se incluía la “divulgación de materiales e investigaciones relacionadas con estudios de la memoria histórica y democrática de Andalucía”. Desde entonces, incluidos los proyectos de formación para este curso 2022/2023, publicados en BOJA hace escasamente unos días, la memoria histórica ha desaparecido de las líneas estratégicas de formación del profesorado de los centros docentes pese a lo que dice la ley.

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Desde 2019, el apartado de 'Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro' incluye, en líneas generales, el fomento de la formación para la realización de “proyectos de investigación, innovación y elaboración de materiales”, o, como en este curso, el “desarrollo de la investigación educativa en el aula”. Ya no se hace mención alguna a la memoria democrática. Por resolución, antes del comienzo de cada curso escolar, se publica el desarrollo de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, que data de 2014 y tiene carácter plurianual. Anualmente, los 32 centros que componen el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado concretan en su proyecto de formación.

Con motivo del mandato de la ley andaluza, en marzo de 2018 se creó un Equipo de Coordinación Pedagógica de Memoria Democrática por parte de varios departamentos de la Junta para la elaboración de recursos didácticos en la materia (de hecho, aún siguen alojados en esta web) con la finalidad de su inclusión transversal en el currículo escolar y que se encargaría de desarrollar el trabajo y formar al profesorado, tal y como se expresaba en aquellas líneas estratégicas de formación de agosto de 2018. Estaban inmersas las entonces direcciones generales de Innovación y Formación, Planificación y Centros, e incluso la de Ordenación Educativa, la de más peso 'político' de la Consejería de Educación, así como la de Memoria Democrática de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, en manos entonces del socialista Manuel Jiménez Barrios.

Aquel equipo se planteó dos objetivos básicos: “visibilizar qué ocurrió” y “dar voz a aquello que fue callado durante muchísimo tiempo”. El equipo, siguiendo las directrices de la normativa andaluza, consideraba necesario “contribuir a fomentar derechos democráticos, favorecer la defensa de los derechos humanos y reconocer la labor de muchas personas que contribuyeron en la defensa de la democracia”. Con la llegada de Ciudadanos a la Consejería de Educación, “todo aquello se vino abajo como un castillo de naipes”, dicen fuentes conocedoras del proceso.

Grupos de trabajo “solicitados por los docentes”

Preguntada por la ausencia de la memoria histórica en los citados planes de formación de los últimos cursos escolares, la Consejería de Desarrollo Educativo apunta que “desde el curso 2018-2019, la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, a través de su Servicio de Planes de Formación para el Profesorado, viene asesorando y ofertando formaciones vinculadas a esta temática”. Según comentan fuentes del departamento que dirige Patricia del Pozo, “ya en el curso 2018/19 se lanzaron las primeras actividades formativas a los docentes sobre este tema” y, asimismo, “se admitieron los grupos de trabajo solicitados por los docentes cuya temática estaba relacionada con la inclusión de Memoria Democrática en la Educación”. “En los siguientes cursos escolares se ha continuado en esta línea, sumando un Grupo de Trabajo que se ha dedicado a elaborar materiales didácticos sobre esta temática, así como la realización de unas jornadas, celebrándose el curso pasado las VIII Jornadas de Memoria Democrática”, concluyen las fuentes, que no dan detalles del número de grupos de trabajo y actividades formativas realizadas en los diferentes cursos.

Efectivamente, los grupos de trabajo pertenecen a un tipo de formación en los propios centros educativos, donde el número máximo de componentes no puede superar los diez profesores de ese centro. Como argumenta la Consejería, se trata de grupos 'solicitados' por los propios docentes en materia de memoria histórica pero, como ya se ha explicado, no se está incluyendo esa temática dentro de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para cada curso. Las fuentes de la Consejería señalan que los grupos de trabajo “están formados por docentes con una inquietud concreta sobre una temática y deciden poner en común sus conocimientos para enriquecerse y ampliarlos con la formación que puedan recibir”.

En la primavera de 2019, apenas unos meses después de la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz, la Junta retrasó la orden a los colegios para homenajear a las víctimas del franquismo mientras negociaba con Vox los primeros presupuestos tras el cambio de Gobierno. El departamento de Javier Imbroda envió entonces las instrucciones para conmemorar el Día de la Memoria Histórica siete días antes de la fecha oficial que establece la ley andaluza de memoria (14 de junio), y con escaso margen para que los maestros organizaran sus actividades, según ya informó este periódico. Durante el resto de la legislatura, la Junta de Andalucía apenas ha desarrollado la materia y, recientemente, ha dejado vacante el puesto de comisionado para la concordia, una figura “fantasma” desde que se creó en 2020, según las asociaciones memorialistas.

La futura ley de memoria democrática en España detalla que los libros de texto y materiales curriculares tendrán que desarrollar contenidos sobre “la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” y, en general, la comunidad educativa tendrá que impulsar “el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Un camino que ya ha iniciado el nuevo currículo de Historia diseñado por el Ministerio de Educación que, entre otras cosas, llama golpe de Estado por primera vez al levantamiento de 1936.

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