Ángel Ojeda revela que le ha puesto 61 contenciosos a la Junta de Andalucía por impago de cursos
La comparecencia este lunes en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía del empresario Ángel Ojeda, uno de los principales investigados en el presunto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy, ha transcurrido como era previsible: por un lado, se ha presentado como un ciudadano “casi ejemplar”, defendiendo que todos los cursos de sus empresas “se han dado, pagado y justificado en su integridad”, y por otro, ha dejado muchas preguntas sin contestar, en especial las del PP-A porque se ha negado a responder a la diputada Teresa Ruiz Sillero.
El que fuera consejero de la Junta de Andalucía en la segunda mitad de los 80 gestó en 1995 el grupo Prescal, que 10 años después se metió también en el mundo de la formación con la creación de numerosas empresas y asociaciones “sin ánimo de lucro” para ello, por lo que ha llegado a ser calificado de “cazasubvenciones”, por beneficiarse de 100 expedientes de los 18.499 objeto de la comisión de investigación.
Este lunes, a sus 67 años, se ha presentado a los comisionados como un hombre marcado por la “vocación” heredada de su madre, maestra de profesión, “para la educación y la formación”. En este sentido, ha destacado el esfuerzo por la “cualificación” de los trabajadores del grupo, que ha dado “más de 9.000 cursos”, de los que el 95% ha sido privado y el resto, “en su gran mayoría, por concurrencia competitiva” y en “toda España”.
En los últimos años, tras su “merecida” jubilación cuando tenía 65, se ha dedicado “a pasear el perro” hasta que una mañana de agosto en 2014, estando en ello, “seis policías nacionales” lo detuvieron -“casi me tiraron al suelo”- y acabó “tres días en los calabozos como si fuera un terrorista”, en palabras de Ángel Ojeda, quien está citado el 20 de abril por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el marco de la pieza sobre un grupo que gestionó entre 2008 y 2013 52,6 millones de euros de estos fondos públicos, más de la mitad (33) otorgados para la formación de los 1.904 trabajadores despedidos de la multinacional Delphi.
“Todos los gastos de los cursos han sido verificados por los técnicos de la Junta de Andalucía y los interventores y todo ha sido absolutamente legal”, ha repetido. “Los funcionarios de la Junta de Andalucía son de los más profesionales que he visto en todas las administraciones donde he trabajado”, ha continuado tras haber recordado que ha pasado por todas.
De todas maneras, no ha sabido contestarle a la diputada de C's Marta Bosquet sobre cuándo ha recibido la primera petición de reintegro por parte de la Junta de Andalucía. La idea de Marta Bosquet era ver si le habían llegado antes de que estallara este escándalo, dentro de los controles que la Junta de Andalucía sostiene haber realizado siempre. “No tengo la fecha”, le ha respondido. Ha matizado también que no siempre que se pida el reintegro quiere decir que no se haya justificado: “Nosotros le hemos puesto 61 contenciosos a la Junta de Andalucía y el TSJA nos está dando la razón. (...) Lo estamos ganando todo”. El último caso se conocía hace unos días.
Empeñado en que en este supuesto fraude “lo único que hay son irregularidades administrativas”, ha justificado el hecho de que hasta 18 juzgados abrieran diligencias en la manera de operar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). De hecho, ha apuntado a “un inspector jefe nombrado para hacerse cargo de esta investigación en Andalucía” y contra el que ha presentado una querella. “El 90% de las detenciones en campaña electoral de la UDEF han sido en Andalucía, mientras en otras comunidades autónomas, con casos muchísimos más graves, no se han dado tantas”, ha criticado. De hecho, ha matizado que en otras autonomías “hay empresarios en prisión porque los cursos no se han dado” o “ha habido sobornos”, lo que “no se ha producido en Andalucía”.
Ha explicado sus demandas contra la Junta de Andalucía en que ésta “debe casi el 95% del 25% que está pendiente de pagar” a los empresarios de la formación, ya que cuando se otorga la subvención se abona el 75% y el resto, tras la justificación, en un contexto en el que se hay un proceso de petición de muchos reintegros por las irregularidades administrativas. “Lógicamente nos está causando una indefensión tremenda. En 2016 casi todos los empresarios hemos recibido, después de cuatro años, una petición masiva de vuelta a entregar toda la documentación ¡y nos da 10 días para ello!”.
De necesidades fisiológicas y difamaciones
Tampoco ha sabido explicar por qué 12 de sus entidades se hicieron con la formación de Delphi pese a no contar experiencia en la materia, por su corta trayectoria. Lo ha vinculado con que era un proceso “excepcional”, lo que no ha terminado de convencer a Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos que lo interrogaba por ello. “Habrá que preguntárselo a la Junta de Andalucía (...). El requisito fundamental de la convocatoria era que tuvieran capacidad para la puesta en marcha de esos cursos (...) y se hizo de manera ejemplar”, ha remarcado.
El momento más tenso ha llegado en el turno de preguntas del PP-A, porque Ángel Ojeda se ha negado a contestar a su diputada Teresa Ruiz Sillero, porque lo ha “difamado”. De hecho, cuando le tocaba a ella, el compareciente ha leído la sentencia del TSJA que confirmaba que su cuñada, la exdirectora general de Formación Teresa Florido, se abstuvo en las adjudicaciones a favor de sus empresas, después de que desde el PP-A se hubiera apuntado a esta relación. La popular ha culpado de esta lectura “que nadie le ha pedido” a la presidencia de la comisión de investigación, que ostenta Julio Díaz (C's), quien se ha visto obligado a terciar. Precisamente en ese momento, Ángel Ojeda ha pedido tiempo para ir a los aseos, cosa que también ha criticado la popular: “Parece que es quien manda aquí”. Esto ha molestado a Julio Díaz, quien se ha visto obligado a explicar: “Tiene una necesidad fisiológica y no soy yo el que se la voy a negar”.
“Usted es un buen comercial (...), que se ha dedicado estos días a hacer declaraciones en los medios de comunicación y ha venido a decir que es un pobrecito, pero el PP-A no le va a comprar nada”, ha continuado a su regreso Teresa Ruiz Sillero, quien ha formulado sus preguntas sin obtener respuesta porque el grupo parlamentario no ha querido cambiar de interlocutora como él exigía. “No me quiere contestar porque no soy una periodista y me tendría que decir la verdad y se vería descubierto”, ha insinuado la diputada del PP-A que no ha querido creerse “que un empresario invierta su tiempo y patrimonio para no ganar nada, porque si no, sería miembro de una congregación religiosa”.
Entre otras cosas, le ha preguntado por “las enormes casualidades” de conexiones de sus empresas con investigados del caso ERE, como el exconsejero Antonio Fernández o el exdirector general Francisco Javier Guerrero. Entre las preguntas: “¿Cuánto ha llegado a ingresar por subvenciones de la Junta de Andalucía?”, “¿cuánto ha ganado usted con los cursos”, “¿ha cumplido los compromisos de contratación?”, “¿ha participado en alguna reunión con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, (...) o ha ido a sus fiestas?, e incluso ”¿usted tiene dinero en Panamá?“.
El inspector que le mandó Fátima Báñez
Por otro lado, ha referido también a que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras conocer que el grupo vinculado a él obtuvo el 18% de los cursos convocados por el Gobierno de la Nación para formación, “quiso parar la adjudicación (...) pero desde la asesoría jurídica le dijeron que en absoluto podía hacerlo”. Ha negado también que las empresas tuvieran trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social, sino que ha contado que la ministra “envió a un inspector que dio de baja aleatoriamente a varios de ellos”, por lo que recurrieron a los tribunales. “Se han vuelto a dar de alta a los trabajadores que el inspector dio de baja”, ha aseverado exhibiendo el fallo de los tribunales. “Un caso más en el que están resolviendo en forma positiva”.
Preguntado por la diputada de IU Elena Cortés si había maniobras para que “todo quedara en casa”, ha reconocido que empresas del grupo alquilaban sedes para los cursos que impartían otras del mismo, una “práctica habitual”, pero “siempre se hacía a costo y nunca con sobrecosto”.
También ha salido a colación la situación de los formadores y del dinero que realmente se les pagaba por su trabajo. Ha recordado que la ley establece que los docentes se pueden contratar de tres formas diferentes: régimen general, como autónomos o como servicio externo. En su grupo se han dado los tres supuestos, pero ha matizado que se paga “la docencia” y no a los formadores. “¿Cuánto dinero se ha quedado el grupo del destinado a la docencia?”, le ha vuelto a preguntar Elena Cortés. “Con ningún dinero”, ha remarcado.
