Anticorrupción descoloca a las defensas al plantear la incorporación de las ayudas al juicio de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha planteado al tribunal del juicio de los ERE la posibilidad de que se traigan al proceso las ayudas que se investigan, en decenas de piezas separadas, y ha pedido que se concreten los hechos a juzgar ya que si procede debatir, enjuiciar y sentenciar sobre las concesiones otorgadas a través del 'procedimiento específico' se deberían traer a este proceso testimonio documental de las mismas. La cuestión ha llevado a los abogados a solicitar al tribunal, que resolverá el planteamiento en los próximos días, que delimite claramente los hechos ya que entienden que se estaría ampliando el objeto de los hechos a juzgar. Uno de los letrados ha calificado de “barbaridad” la cuestión, para lo cual han pedido tiempo para estudiar y valorar el posible nuevo escenario planteado.
Entre las numerosas cuestiones previas expuestas por el fiscal ha dicho que la causa de la pieza política no se debería ver afectada por otros procesos que discurren paralelos y que se refieren a ayudas concretas (se debe recordar que el caso se despiezó en noviembre de 2015) y que “sólo aquí se juzga el procedimiento y en las ayuas concretas” pero, al tiempo, también ha expuesto que cabría la posibilidad de incorporar testimonios de algunas concesiones. Actualmente, del total de las aproximadamente 270 ayudas otorgadas, se han incoado diligencias en 104 casos y 35 de ellas están ya instruyéndose.
El planteamiento de Anticorrupción se deriva de las decisiones tomadas en los últimos meses por la Audiencia en cuanto a a imposibilidad de no poder juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, como ha ocurrido por ejemplo con el exconsejero de la Junta Antonio Fernández y a lo que dio pie una primera decisión de la Sección Séptima en mayo pasado, que tuvo su continuación en otras piezas incluso más destacadas. La Fiacalía ya puso en duda recientemente lo que considera un “salvoconducto” para el exconsejero por parte de la jueza Bolaños, ratificado por la Audiencia, pero en cuyo argumentación ésta ha insistido en otras resoluciones respecto a otros exaltos cargos.
Por su parte, el abogado de José Antonio Griñán, José María Mohedano, como ya se había anunciadom ha reclamado la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado. En conncreto, el letrado ha situado el inicio de la citada vulneración comenzaría el 26 de enero de 2016 cuando el CGPJ ratificó la comisión de servicios como juez de apoyo.
Mohedano considera que aquel nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya. Cabe recordar que Martín ERE pidió irse del juzgado 13 días después de mandar al banquillo a Chaves y Griñán a finales de mayo de 2016.
