El exconsejero Ávila declara en el juicio de los ERE que el Parlamento respaldaba el uso de las transferencias de financiación

El exconsejero de Presidencia y de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta Antonio Ávila ha respaldado este martes en el juicio del caso de los ERE el uso de las transferencias de financiación para hacer llegar fondos a la agencia IFA/IDEA y abonar las ayudas ya queel Parlamento lo permitía a través de la Ley de Presupuestos.

“El grado de finalidad de las transferencias lo define el Parlamento”, ha señalado Ávila, que ha declarado como testigo en la Audiencia después de haber estado imputado en la causa, si bien se archivó hace un par de años. El también ex secretario general de Economía y miembro del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ha dicho que la agencia no era libre para tomar una decisión sobre la ejecución de los fondos.

Según mantienen las acusaciones, la utilización de las transferencias de financiación permitió eludir la fiscalización previa de las ayudas de la Junta. Ávila ha explicado que la provisión de fondos a los entes públicos para compensar pérdidas tiene que tener naturaleza de transferencias de financiación, pero “no dice que las transferencias tengan que tener siempre ese objetivo”. La ley no define las transferencias sino que las aportaciones de fondos para compensar pérdidas tienen que tener naturaleza de transferencias, ha querido aclarar.

Las transferencias “hay que destinarlas a lo que dice el legislador”, ha dicho en alusión al Parlamento. Ávila ha recordado que no tuvo conocimiento de que la intervención consideraba “inadecuado” el uso de las transferencias para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas, insistiendo en que las transferencias, según se recoge en la memoria presupuestaria del programa 31L, tienen “un destino y un fin, las ayudas sociolaborales”.

El programa 31L era “uno más”

El exconsejero ha explicado que los parlamentarios, como lo fue entre 2012 y 2015, tenían información “más que suficiente” para conocer los programas presupuestarios, entre ellos el 31L de ayudas sociolaborales, de su proyecto y de su ejecución, a través de las memorias y documentos que acompañaban al anteproyecto de Ley y de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento.

Acerca de ese programa ha dicho que “no estaba en mis preocupaciones ni objeto de mi actuación el tratamiento presupuestario del programa”, negando en este sentido que los titulares de la Consejería de Hacienda tuvieran conocimiento de la totalidad de los programas presupuestarios. “El 31L hoy es conocido, entonces era uno más”, ha comentado.

Ha indicado que en esa etapa no tenía conocimiento “exhaustivo” de todos los programas presupuestarios y sus mecanismos presupuestarios, como era el 31L y el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas investigadas por parte de IFA/IDEA, quien recibía fondos del 31L de la Dirección General de Trabajo para la materialización del pago en virtud del convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el ente público, del que no tuvo conocimiento.