La empresa sin límites: cómo la empresarización de Moreno Bonilla devora la sociedad andaluza

A Moreno Bonilla, Wanma para quien le compre la moto, se le está yendo la olla. A la Margaret Tatcher de la Barceloneta, como me gusta llamarle a mí o a “El Risitas” como lo llama mi padre, con todo el respeto para Don Juan Joya Borja, se le ha ido la mano con las reformas ideológicas. Ya lo dijo Margaret Tatcher, la de verdad: “el método es la economía, pero el objetivo es cambiar las almas”. Cambiar implica sustituir lo que ya hay por otra cosa. En este caso, la humanidad por el privilegio de unos pocos.

En Andalucía este fenómeno se manifiesta con especial intensidad en los últimos años, bajo el auspicio de 30 años de establishment corrupto. El PSOE andaluz en esa época fue lo que el PP en todas partes en los últimos 90 años. Bajo esa necesidad de cambio, en 7 años ha hecho más mal que el PSOE en 30. Reformas al límite de la corrupción en sanidad, educación, universidad y administración pública.

Moreno Bonilla quiere conquistar Andalucía para la mano invisible. Cuando la lógica empresarial –de rentabilidad, crecimiento, extracción de valor– impregna ámbitos que deberían responder al bien común, la naturaleza humana del sistema se pierde y por tanto su legitimidad como herramienta de las personas. El resultado es desigualdad creciente, pérdida de derechos, deterioro de lo público y una lógica de “consumir, exprimir, expandirse” que no se cuestiona por naturalizarse.

“Ejemplos” o “pruebas”

En el ámbito sanitario, dejando de lado la tragedia de los cribados del cáncer de mama, la campaña contra asociaciones de pacientes, y otras barrabasadas, la privatización avanza con paso firme. Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señala que en Andalucía la privatización de la sanidad ha crecido más de un 32% desde 2019. Sindicatos médicos y de enfermería han denunciado que casi la mitad del aumento del presupuesto sanitario andaluz en 2023 se destinó al sector privado que se profundizará con la famosa reforma mazoniana para solucionar su crisis de cribados. Quedarme cerquita del dinero narcisistamente para profundizar en el saqueo contra la administración pública y los administrados. Los andaluces y andaluzas. La Atención Primaria se externaliza, los hospitales derivan pacientes a clínicas privadas y el derecho universal a la salud se convierte poco a poco en un negocio. Al modelo del Madrid de Ayuso, con la que tanto quiere marcar distancias en la forma pero no en el fondo. La lógica empresarial impone que lo prioritario no sea la salud de la población, sino la rentabilidad para el bolsillo del propietario del hospital. Empresas que buscan perpetuarse, expandirse y dominar recursos y sustituir a lo que con tanto trabajo y sacrificio ha costado construir. Cuando esa lógica parasitaria rige la sanidad, se deteriora la resiliencia colectiva y la ciudadanía se transforma en cliente. Todo se empobrece y la salud se resiente, y las políticas nos matan.

Se crea una doble vía entre quienes acceden a una formación concebida como negocio y quienes dependen de un sistema público debilitado, reforzando la desigualdad social y desplazando el sentido profundo de la educación como derecho y no como mercancía

Algo semejante ocurre en la educación. Andalucía cuenta con más de 338.000 estudiantes en centros concertados, en su mayoría de titularidad religiosa, lo que supone alrededor de una cuarta parte del total. La financiación pública de estas instituciones significa que dinero común se destina a espacios que no garantizan plenamente los principios de igualdad y no discriminación de la escuela pública, amén en de ir en contra de la Constitución. Quitar a los maestros para poner curas que tapen el bullying. No se deben juntar curas, monjas, estudiantes y mucho menos con dinero público. No se puede. Está mal. Es un vicio. El que quiera que se lo pague con su dinero.

La Formación Profesional privada triplica ya la oferta de plazas frente a la pública: 9.450 nuevas plazas privadas frente a apenas 2.588 públicas en el curso 2024-25, según datos oficiales de la Junta. En el ámbito universitario, junto a las diez universidades públicas andaluzas operan ya cinco privadas reconocidas, en plena expansión y haciéndoles favorcitos de darles títulos de máximo valor tecnológico sobre las públicas. El riesgo es claro: cuando la educación se mercantiliza, los criterios dominantes son la empleabilidad rápida, la competitividad o el retorno de la inversión, relegando la función crítica y emancipadora de la educación, así como, por supuesto, la sindicación. Se crea una doble vía entre quienes acceden a una formación concebida como negocio y quienes dependen de un sistema público debilitado, reforzando la desigualdad social y desplazando el sentido profundo de la educación como derecho y no como mercancía.

¿Y sobre corrupción?

La empresarización no es solo un proceso técnico económico, sino una mutación cultural. Querer la inmortalidad, no pagar impuestos, acumular poder, te hace acabar funcionando como psicópata. Devora recursos naturales, trabajo humano y espacios democráticos. 0 ética, 0 empatía, 0 humanidad. Sustituye la reciprocidad, los límites y la comunidad por la obsesión del poder y la riqueza ilimitadas. Convertirse en dioses.

Que los políticos se corrompan esta mal. Pero detrás de cada caso de corrupción siempre hay empresas y siempre se van fresquísimos con un par de dimisiones tontorronas. No es solo un vehículo abstracto de intereses económicos: es la herramienta práctica que canaliza sobornos, blanquea capitales, manipula licitaciones y compra voluntades políticas

El resultado son jornadas largas, externalización, presión productiva y pérdida de derechos conquistados durante décadas de lucha social. La empresa y la administración se desligan de su función social. A las primeras se les reduce las cargas impositivas por no sé qué extraña razón ideológica del infumable efecto de derrame y se orienta exclusivamente hacia la acumulación ilimitada de poder y capital, se convierte en el músculo tangible de la corrupción. Que los políticos se corrompan esta mal. Pero detrás de cada caso de corrupción siempre hay empresas y siempre se van fresquísimos con un par de dimisiones tontorronas. No es solo un vehículo abstracto de intereses económicos: es la herramienta práctica que canaliza sobornos, blanquea capitales, manipula licitaciones y compra voluntades políticas. Bajo la apariencia de legitimidad que ofrece su estructura formal, la empresa actúa como interfaz entre el dinero ilícito y las instituciones, engrasando el engranaje de favores, adjudicaciones amañadas y privilegios ocultos. Así, la corrupción no se entiende únicamente como un acto individual de un político o de un funcionario, sino como un ecosistema en el que la empresa, sin supervisión del estado, es el músculo ejecutor y material de un sistema que erosiona la democracia, desmantela lo público y perpetúa la impunidad de las élites.

Vamos acabando que está familia se querrá acostar

Frente a este panorama, urge redefinir el papel de la empresa en Andalucía. Es necesario rediseñar el sistema impositivo heredado del franquismo, de manera que el peso recaiga sobre quienes acumulan riqueza a base de explotar y extraer, limitando su poder que está a punto de ser eterno, bajo la alineación de estrellas de la internacional fascista. Esto supone gravar con mayor contundencia a las grandes empresas y fortunas, diferenciar del autónomo y pequeña empresa, que no tiene nada que ver, restringir la externalización de servicios públicos esenciales y obligar a la transparencia de cualquier entidad que reciba financiación pública. Al mismo tiempo, se debe blindar la sanidad, la educación, la investigación y la cultura como bienes comunes, gestionados de forma democrática y no como negocios sujetos a la lógica del mercado. La economía ha de estar al servicio de la vida y no la vida al servicio del capital.

La empresarización de la sociedad andaluza no es, por tanto, un mero ajuste de gestión, sino una transformación de las almas que amenaza la democracia, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Que la amenaza el PP de Moreno Bonilla, y sus empresas demasiado grandes y libres. En la sanidad, en la educación y en la vida laboral se evidencia un desplazamiento de prioridades que erosiona lo común. Que hace que la vida cada vez menos merezca ser vivida. Pero también hay señales de que este camino se puede revertir si se apuesta por recuperar lo público como espacio de encuentro, de cuidado y de democracia. Frente a la empresa inmortal que devora personas y planeta, es imprescindible reivindicar una economía al servicio de la vida, con límites claros al poder del capital y con instituciones públicas que respondan a la sociedad y no al mercado. Nos va la vida en ello.