Cádiz, un Ayuntamiento bajo sospecha
Que levante la mano el que esté libre de pecado. El Ayuntamiento de Cádiz está siendo protagonista en los últimos tiempos de varias noticias en las que algunos de sus dirigentes están quedando en bastante mal lugar. Concejales acusados supuestamente de prevaricación o cohecho en un campo de batalla que incluye las habituales disputas entre partidos y donde tampoco faltan las luchas internas.
En los últimos días ha llamado la atención la decisión del PSOE local de suspender cautelarmente a la edil Marta Meléndez de sus funciones municipales por la imputación dentro del caso que se instruye por el desvío de al menos 2,4 millones de euros de dinero público en obras no ejecutadas o no finalizadas en el Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), la empresa pública de la que acaban de despedir a la concejala gaditana.
La ejecutiva socialista ha cortado por lo sano y la va a sustituir en todos los estamentos donde representaba al grupo municipal. La versión de Meléndez nada tiene que ver con lo expuesto por Fran González, secretario general del PSOE en Cádiz y portavoz del Grupo Municipal Socialista. “Es una situación que se ha dado a nuestra pesar. Lo primero que hay que decir es que esto se circunscribe a una situación puntual por su imputación. No voy a entrar en temas de disputas internas, que es algo natural en las formaciones políticas. Hay que ser coherente con el discurso y si pedimos en su momento que se suspendiera al concejal del PP Ignacio Romaní de sus funciones en el comité ejecutivo y en el pleno de la Zona Franca a raíz de su imputación en el caso Quality Food, ahora debemos hacer lo mismo con nuestra propia organización”.
Según González, Meléndez ha sido apartada “provisionalmente hasta que se esclarezca la situación, cosa que puede pasar porque ella recurra, desimputándola, o porque en el proceso de instrucción que parece largo pueda haber un giro o que se demuestre que no tiene nada que ver en el asunto, que es lo que queremos todos. Son cuatro delitos muy graves y políticamente es muy grave”.
“A los políticos se les debe exigir un plus”
El portavoz municipal socialista es consciente de la altura a la que está quedando el Consistorio gaditano con casos como éste o el que salpica al PP por la adjudicación de viviendas sociales en la promoción del Matadero en Cádiz. “A los políticos se les debe exigir un plus que hemos perdido, que es la ejemplaridad y por eso quiero desvincular esto de cualquier planteamiento interno. Se sabe que Marta y yo no compartimos criterios, pero básicamente queremos ser consecuentes con lo que le pedimos al PP. ¿Con qué fortaleza puedo pedir en el tema del Matadero que sus dos concecajas imputadas sean apartadas si yo no doy ejemplo en mi casa?”, se pregunta.
Meléndez, que fue candidata a la Alcaldía de Cádiz, lleva el asunto a un nivel que trata básicamente de unas diferencias internas que son aparentemente irreconciliables. “No sé si se trata de una medida unilateral de Fran González, que sabe que soy inocente, o de un acuerdo entre los distintas ejecutivas socialistas. Si fuera lo segundo, el PSOE tiene mucha gente imputada. No tiene sentido que la ejemplaridad sólo se dé conmigo”, denuncia.
Posible delito en la adjudicación de viviendas
Paralelamente, la Fiscalía Provincial de Cádiz afirma que ve “indicios de prevaricación” en la adjudicación de las viviendas sociales del Matadero, por lo que ha dado traslado del caso a sede judicial tras una investigación a raíz de la denuncia interpuesta por el PSOE y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que se ha dado traslado a sede judicial después de haber recabado la información que ha estimado oportuna para estudiar la posibilidad de que se haya cometido algún delito en la adjudicación de estas viviendas. En este caso, las concejalas afectadas serían Mercedes Colombo y Carmen Sánchez.
El PP gaditano desmiente este extremo diciendo que “el Ayuntamiento ha colaborado de forma exhaustiva con la Fiscalía aportando toda la información requerida y facilitando el expediente administrativo de adjudicación, donde queda patente que todas y cada una de las familias que fueron objeto de la adjudicación de las viviendas cumplían los criterios exigidos por la legislación”.
