Un joven con discapacidad lleva a los juzgados al Ministerio de Justicia por un presunto intrusismo en una oposición

Ya está personado ante la Audiencia Nacional, que será la que se encargue de resolver este asunto. Carlos Macías realizó en octubre de 2016 el examen para acceder al Cuerpo de Auxilio Judicial por oposición libre por el cupo de reserva para personas con discapacidad. La persona a la que finalmente se le adjudicó obtuvo una puntuación total menor que la suya, no superó la nota mínima de corte de cada uno de los dos ejercicios y, lo que más llama la atención, no consta como discapacitado ni antes, ni durante, ni después del proceso. Únicamente aparece como persona con esa condición en la relación oficial de aprobados.

Él y su abogado ya han presentado el anuncio de recurso contencioso-administrativo por el que se inicia el proceso judicial. En los próximos meses, se formalizará la demanda. “Ni el Defensor del Pueblo español ni el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) obtienen respuesta a pesar de reiterar sus escritos e intentar comunicaciones telefónicas”, lamenta el joven, que ha querido visualizar su circunstancia a través de un video en el que solicita al Ministerio que se pronuncie.

“Mi situación sigue igual, el Ministerio ignora mis escritos, los del CERMI y los del Defensor del pueblo. Hace oídos sordos y me obliga a demandarlos”, explica a este periódico este licenciado en Derecho, que tiene 25 años y una discapacidad del 34% por una malformación en su mano izquierda. Vive en Medina Sidonia (Cádiz). 

Su caso ya se hizo público en su momento pero la falta de respuesta ante lo que entiende como una injusticia le ha hecho a Carlos romper el anonimato. Considera que ha habido irregularidades en el proceso selectivo y ha denunciado el caso. En el proceso se ofertaron 30 plazas en Andalucia (29 por el turno general y una reservada a personas con discapacidad). El examen se realizó en toda España y constaba de dos ejercicios, uno teórico de tipo test y uno practico, tipo test también. Para superar el examen había que pasar el corte que para cada ejercicio establece el tribunal. En noviembre se hizo publica la nota de corte y la relación de aprobados. El joven, como comprobó este periódico, obtuvo una calificación de 91'25 en el primer ejercicio, superando ampliamente el corte (76,75) pero quedándose fuera en el segundo, dado que el tribunal estableció la nota mínima en 77'5 y su calificación fue de 76, por lo que quedó eliminado del proceso en este segundo ejercicio.

Su sorpresa llegó cuando, revisando la lista de admitidos y excluidos, observó cómo la persona a la que se le ha adjudicado la plaza (con una puntuacion de 82 y 85 puntos, 167 en total) no constaba como discapacitado ni antes, ni durante, ni después del proceso. Solo aparecía como persona con esa condición en la lista de aprobados, ya publicada en el BOE. Además, denuncia que hay personas que aprueban, aunque sin plaza, superando ambos ejercicios con una puntuación muy inferior a la suya, con 155 puntos, por ejemplo, si bien la suma de la puntuación de los ejercicios (167,25 en su caso) no es definitiva para conseguir plaza.

La nota de corte en el cupo de reserva para personas con discapacidad es inferior a la del turno general, que fue de 82,25 y 88,5. La del opositor agraciado con la plaza, como acudió por el turno general, es superior. Sin embargo, “a pesar de faltarle 3,5 puntos en un ejercicio y 0,25 en el otro para superarla consta como apto en los dos de forma inexplicable”, asegura el joven denunciante.

“Desde mi posición considero una falta de transparencia absoluta por parte del tribunal, una injusticia hacia mi persona y una tomadura de pelo a las personas con discapacidad que acudieron a Sevilla el 1 de octubre de 2016”, concluye este joven, que asegura haber presentado varios escritos “pidiendo explicaciones e impugnando el proceso”. “Tres escritos y ninguna mera explicación. Deberían haber dado transparencia y aclararlo todo pero se amparan en el silencio administrativo y en la posibilidad de no contestar”, lamenta. Ahora, serán los juzgados los que determinen si su lucha obtiene resultado.