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Aguacates, campos de polo y urbanizaciones: el río Guadiaro no da para todo

Desembocadura del río Guadiaro

Javier Domínguez Reguero

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El suceso se repite cada verano: activistas ambientales cargan con palas para abrir el taponamiento producido en la bocana del río Guadiaro en su encuentro con el Mar Mediterráneo, junto a la urbanización de Sotogrande, perteneciente al municipio de San Roque. “Se ha hecho famoso”, dice a este diario Antonio Muñoz Secilla, presidente de Verdemar Ecologistas en Acción. “Este verano se ha cerrado cuatro veces”, apunta.

El Guadiaro nace en la serranía de Ronda, definida por su elevada pluviosidad, por lo que es una masa de agua muy caudalosa. Sin embargo, tras un recorrido de 82 kilómetros por las provincias de Cádiz y Málaga, llega debilitado a su desembocadura. La volatilidad del régimen hídrico podría explicarse con razones climatológicas como la falta de lluvias, pero desde Verdemar llevan treinta años denunciando su vulneración. “Al río le han ido cortando las alas. En una semana que esté lloviendo y venga agua desde Ronda, pueden salir por la desembocadura 1000hm3, pero esto ahora ocurre solo entre una y tres semanas al año”, cuenta Muñoz.

Pepe Cano, responsable de la asistencia técnica de la Junta Central de Usuarios del Río Guadiaro, explica que el déficit hídrico es “típico de la cuenca sur mediterránea española” y que el río se caracteriza por un “régimen de aportaciones irregular”. Sin embargo, este ingeniero de caminos recalca que a pesar de los grandes caudales del río “se producen, en la cuenca baja, determinados episodios de estiaje (nivel más bajo de las aguas de un río por causa de la sequía) que afectan al paraje natural de la desembocadura del Guadiaro”.

Uno de ellos es el cierre de su bocana. La obstrucción hace que el agua no se renueve y, en consecuencia, incremente la mortandad de peces y aparezcan problemas de salubridad. Ante estas “situaciones calamitosas” es habitual que los ecologistas organicen la retirada de áridos de la barra en el estuario del Guadiaro para facilitar su conexión con el mar. La Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz calificó el taponamiento de “fenómeno natural” y explicó que los cierres temporales “no suponen un impacto relevante” sobre el ecosistema estuarino. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Roque reitera su hastío ante esta situación. En los últimos días la bocana se ha vuelto a cerrar y el alcalde sanroqueño, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, ha insistido en el “silencio administrativo” de la Consejería de Medio Ambiente. Ruiz Boix ha denunciado que se siga “sin tomar cartas en el asunto con el perjuicio para la fauna y la flora de la zona”.

Verdemar busca las causas en el incumplimiento del plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los ríos Guadiaro y Hozgarganta, Guadiaro y Guadalevín. Este plan, aprobado en 2015, insta a la defensa de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el río. Además el estuario pertenece a la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, la conocida como red Natura 2000. El escrito apunta que la urbanización continua “supone cambios de uso de suelo y nuevas captaciones de agua” concentradas principalmente en los últimos tramos del río. Mientras se presume del valor ambiental y paisajístico del estuario, único humedal del litoral oriental gaditano, su conservación está en entredicho.

Amenazas medioambientales

Las razones detrás del deterioro del medio hídrico ya fueron detalladas en el plan de gestión de la ZEC. Entre ellas destacan los de vertidos urbanos sin depurar, las captaciones para el abastecimiento de urbanizaciones y poblaciones o la presencia de instalaciones ganaderas intensivas. El espacio, debido a la presión agrícola y ganadera, es también vulnerable a la contaminación de nitratos debido al uso de fertilizantes.

El alto desarrollo de la agricultura de regadío en las localidades de San Pablo Buceite y de San Martín del Tesorillo dificulta la convivencia con el río. El plan señala que la insuficiencia de caudales se debe a estas derivaciones: “Es el problema más importante en esta masa de agua, por lo que se hace necesaria una mejora y modernización de estos riegos”.

Con cultivos que se extienden hasta el mismo borde del cauce en algunos tramos, la desaparición de la vegetación de la ribera y su erosión van en aumento. Muñoz hace historia para contextualizar la alteración hidromorfológica del río: “De los arrozales se pasó a los cítricos y de ahí a los aguacates. Con los años los guijarros se han sustituido por materiales impermeables y se ha ido hormigonando los márgenes. Se ha roto la dinámica del río”.

“Un problema histórico”

Verdemar acentúa cómo las administraciones llevan años “echándose las culpas” por las competencias para conservar el paraje natural del Guadiaro. Los ecologistas reivindican una regulación que evite “los pinchazos” al acuífero del río que “no solo vienen de los agricultores sino de los pozos en las zonas turísticas de Sotogrande y en los campos de polo”. “Es cúmulo de barbaridades. No hay ningún tipo de control y nadie de la administración es capaz de decirte cuánta agua se le está sacando al río”, dice Muñoz.

“El río Guadiaro es el principal río del sur de Europa que no está regulado”, señala Cano. La única intervención se produjo tras la aprobación de la Ley 17/1995 que facilitó la transferencia de agua a la cuenca del Guadalete, mediante el río Majaceite, para paliar el déficit de agua de los municipios de la Bahía de Cádiz. El trasvase se puso en marcha en el 2000 y desde entonces se han transferido unos 1200hm3. Muñoz recuerda que en las negociaciones de esta ley había una serie de partidas presupuestarias encaminadas a la depuración de todas las aguas residuales y a modernizar los riegos. “No se ha hecho casi nada”.

En 2005 Cano se propuso resolver el “problema histórico” del río impulsando la creación de la Presa de Gibralmedina. El año pasado la Junta de Andalucía sacó a licitación la asistencia técnica a la redacción de este proyecto. Según el pliego de prescripciones técnicas, esta regulación de caudales busca la mejora ambiental del tramo bajo del río, garantizar el abastecimiento urbano, que podría extenderse hacia otras zonas del Campo de Gibraltar y hacia la Costa del Sol, y atender la demanda de la zona regable. La presa, de unos 45hm3, derivará las aguas del Guadiaro a una cuenca auxiliar, en este caso a la del río Gualdamedina. La ubicación se prevé en “una zona antropizada y sin gran valor natural que no va a causar ningún problema medioambiental destacable”, explica Cano. “Va a traer una mejora notoria no solo en los regadíos, sino que permitirá que el río recupere sus caudales fluentes naturales y así fenómenos como el de la eutrofización (proceso de contaminación del agua provocado por el exceso de nutrientes que produce una proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas) de la desembocadura no se darán”.

Los trabajadores del campo esperan que la construcción de la presa alivien su “estrés hídrico” aunque Cano resalta que el proyecto, además de garantizar el recurso del agua, hay que “compatibilizarlo con el desarrollo sostenible”.

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