El conflicto de competencias entre la Junta y el Gobierno marcará el futuro del litoral andaluz
El Senado aprueba hoy el proyecto de Ley de Costas del Gobierno Central, uno de los últimos pasos para la ratificación de la norma en el Congreso. Un proyecto que lleva el conflicto a cuestas. Si el proyecto de Ley de Costas reforma de la anterior Ley de 1988 del Gobierno Central ya ha causado estragos entre los ecologistas, la nueva enmienda a la ley que reduce la zona de protección del litoral de 100 a 20 metros en algunos casos, no ha hecho más que propiciar dudas respecto a cómo puede afectar la norma a la costa andaluza. ¿Entraría esta ley en “conflicto de competencias” con el decreto ley de medidas de protección urbanística del litoral que aprobó la Junta el pasado mes de diciembre? Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente afirmó ayer, según informó El Correo de Andalucía, que si realmente se reabre el litoral andaluz al ladrillo, y la Ley de Costas se aprueba tal y como está redactada, la Junta interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional.
“Teóricamente no se plantean contradicciones porque cada uno desarrolla sus competencias, pero efectivamente la clave está en qué se entiende por suelo urbano”, afirma Diego Vera, profesor del Máster de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga. “Si finalmente la ley se aprueba en esos términos, habrá conflictos en algunos puntos, ya que la reducción del dominio público que plantea la ley permitiría diferentes usos en lugares en los que antes no se podían realizar ciertas actividades”, sostiene. Un caso concreto podría ser el de algunas salinas y esteros de Cádiz que pasarían de ser zonas públicas a poder ser explotadas por iniciativas privadas como instalaciones de acuicultura, por ejemplo.
“Nunca una Ley de Costas puede legislar sobre si un suelo es urbanizable o no”
Las competencias del Estado afectan al dominio público y su uso marítimo terrestre, conformado según la Constitución por las playas, las aguas interiores, el mar y los recursos naturales de la zona litoral protegida para uso y disfruto público. Los municipios y comunidades son responsables a su vez de la ordenación urbanística. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que “para considerar un suelo urbano deben estar ya consolidado al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación”, mientras que en la reforma de la Ley de Costas sólo se necesitaría un tercio del suelo consolidado. Entendiéndose por consolidado cuestiones como la integración en un determinado casco urbano o la posible conexión con el acceso rodado, o el suministro de luz y agua. “Nunca una Ley de Costas puede legislar sobre si un determinado suelo es urbanizable o no”, cuenta Ignacio Pérez de Vargas, abogado especializado en urbanismo. “Interpreto que el texto de esa ley será modificado y no quedará así”, asegura. Según Diego Vera, “son muchos y muy complejos los cambios que plantea la Ley de Costas. Habría que realizar de nuevo el deslinde marítimo terrestre y adaptar de nuevo los planes urbanísticos subregionales, por lo que se podría dar una situación de falta de eficacia de las normas, provocar una situación de parálisis”.
Este decreto recoge una serie de medidas cautelares para ampliar la protección urbanística en el litoral andaluz y es el primer paso de lo que será el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Mientras se redacta, el decreto suspende los planes de urbanización que afecten a los 500 metros del litoral de los municipios que no tengan actualizado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Planes que debían recoger los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía (POTA), que pretendía controlar los desmanes en el litoral justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que seis años después de su aprobación sólo han sido acatados por un 11% de los 771 municipios que debían cumplirlos. “En la exposición de motivos del decreto se planea que el 40% de la población andaluza vive en el 15% del territorio. Es decir, en la costa. Se pretende dar una solución al desequilibrio demográfico”, sostiene Pérez de Vargas.
“No es una ralentización del desarrollo urbanístico, es una parálisis total”, afirma Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial. “Es un ejercicio de irresponsabilidad que la Junta y el Gobierno no se pongan de acuerdo. Sobre todo, porque limitar el crecimiento de los municipios de la costa es propiciar la fuga de inversión y acabar con una de las pocas salidas de la crisis, que es potenciar el sector turístico”, afirma.
“Cañete quiere poco a poco privatizar el litoral”
“Cañete quiere poco a poco privatizar el litoral”La polémica está servida, ya que estas medidas en teoría no afectarían a la construcción de las 40.000 viviendas de la costa andaluza, autorizadas desde antes de que entrara en vigor el POTA en 2006, aunque el decreto ley hace hincapié en la necesidad de controlar la contrucción en los municipios costeros. Además, la norma, pese a ser más proteccionista que la ley del ministro Arias Cañete, tampoco paraliza el proyecto de Valdevaqueros que plantea la construcción de 350 viviendas y un complejo hotelero junto a la playa protegida, en pleno Parque Natural del Estrecho. “El plan de Valdevaqueros está aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa y, al ser anterior, sigue su curso”, cuenta Juan Martínez de la Plataforma Salvemos Valdevaqueros. “Por eso seguimos recaudando fondos para el contencioso que ya ha admitido a trámite un juez”, añade.
Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción de Cádiz, se muestra tajante: “Es una reforma horrorosa, estamos en absoluto desacuerdo con esta Ley de Costas”. Según Yllescas, “valoramos el decreto, como valoramos en su momento el POTA y al final prácticamente no se ha cumplido. Llega tarde porque llevamos años pidiendo a la Junta una política proteccionista del litoral”. “Cañete quiere poco a poco privatizar el litoral, de ahí que se modifique el dominio público marítimo terrestre”, concluye.
