El Congreso reforma la Ley de Memoria y reconoce a García Caparrós como víctima pese al voto en contra del PP

La convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición supone el reconocimiento y reparación de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Así, las hermanas del símbolo de la lucha andalucista, Purificación, Dolores y Francisca, conseguirán ser indemnizadas por el crimen de estado, a pesar de la oposición de PP y Vox.

PP y Vox, que han votado en contra, han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines, quien también ha afirmado que el PSOE a través de la Ley de Memoria “ha comprado el mismo relato que escupía ETA para justificar sus asesinatos”, y advierte que el Partido Popular no va a ser cómplice de “su proceso de deconstrucción constitucional”.

Con respecto al caso de García Caparrós, cuya muerte ha calificado como “trágica e inaceptable”, ha indicado que no puede abordarse desde la Ley de Memoria, sino desde “la responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales”. En este sentido, mencionó que en 1978 el propio Congreso ya investigó los sucesos de Málaga y concluyó que “no se podía atribuir una responsabilidad política a las autoridades”, descartando su vinculación con la lucha contra la dictadura. Así, hubo 173 a favor y 170 en contra, junto a las siete abstenciones de Junts.

El desentendimiento en la materia entre el PP nacional y el de Juanma Moreno se agranda en este asunto, pues en las últimas horas no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la dirección autonómica. Es más, el posicionamiento se contradice. Después de que el presidente autonómico reconociera a Caparrós como “víctima” del franquismo e invitara a las hermanas del malagueño al Palacio de San Telmo, prometiendo el apoyo institucional de la Junta, se reiteró el rechazo a nivel nacional.

El pasado 23 de septiembre fue cuando cuatro diputados del PP miembros de la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez De Castro, Marta González, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal, votaron en contra de una reforma legal que permitía consultar, por primera vez en 48 años, el expediente desclasificado de Manuel José García Caparrós. Una cuestión que se intentó resolver desde el partido andaluz con un “no sabían que estaban hablando de la desclasificación que lo afectaba”, aunque las fuentes consultadas por este medio fueron un paso más allá y la tildado de “menuda cagada”.

Modificación exprés

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero fue el mismo Gobierno quien denegó la condición de víctima del terrorismo de Estado al joven malagueño. En una misiva remitida a las hermanas, la directora general de Apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera que los hechos no tenían “encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Una semana después, el Ejecutivo nacional modificó en tiempo récord la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, consiguiendo así que el Gobierno de PSOE y Sumar se corrigiera en ese breve lapso de tiempo. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista. En vez de cambiar la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), se hizo a través la Ley de Memoria Democrática, con lo que se amplió el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

El texto aprobado este jueves reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

Desclasificación del expediente

Esta aprobación se une a la que se dio el pasado 4 de febrero, cuando el Congreso de los Diputados autorizó un acceso parcial a las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós. La Mesa votó a favor de la desclasificación del expediente, pero manteniendo el anonimato de los nombres propios que aparecen en él, es decir, tachándolos de sus páginas. Esta decisión, avalada por el criterio jurídico de los letrados del Congreso, ha frustrado las expectativas del grupo parlamentario Sumar, que el pasado diciembre registró la solicitud para que se “permitiera el acceso” total al archivo de la muerte de García Caparrós.

Lo que autorizó el Congreso es lo mismo que ya se había hecho en 2017, cuando una diputada malagueña de Unidas Podemos (dirigente de IU) logró el permiso para estudiar el expediente completo, pero se encontró que los nombres y apellidos de los protagonistas estaban tachados. La respuesta por escrito de la Mesa, a la que ha tenido acceso este periódico, reiteró que “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto” y sólo el órgano rector de la Cámara Baja “podría autorizar” su consulta.